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lunes, 29 de junio de 2026

 


Felicidades, Pedro.

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Hoy quiero dirigirme a ti. Los progresistas esperamos que se lleven a cabo medidas valientes, aunque muchas de ellas te las echen para atrás. Pero, al menos, habrás conseguido que se retraten todos esos que se hacen llamar «patriotas», cuando están muy lejos de serlo. La derecha que campea por nuestro país tiene de patriota lo que yo de cura. Por eso, cuanto antes se desenmascare, mejor. Que el pueblo vea realmente a qué se enfrenta.

Empezaría por incluir las jubilaciones en los Presupuestos Generales del Estado. Los presupuestos son la mayor herramienta de presión política que existe, ya que hay partidos que los utilizan para desgastar al Gobierno de turno. Es decir, anteponen sus intereses partidistas al bienestar de la ciudadanía y les importa un pimiento que, con su postura del «no», se deje de favorecer a quienes más lo necesitan. Si las jubilaciones dependieran directamente de los presupuestos y estos se bloquearan, como podría ocurrir ahora tras varios años sin ser aprobados, quienes actuaran de esa manera pagarían en las urnas las consecuencias de sus maquiavélicas políticas.

En cuanto a la vivienda, en España hay suficientes casas y pisos vacíos como para aliviar el déficit de oferta si salieran al mercado, ya fuera en alquiler o en venta. Quien tenga una, dos o incluso tres viviendas para complementar sus ingresos no debería verse afectado. Pero quien supere esa cifra debería estar obligado a poner el resto en el mercado. Tanto los alquileres como los precios de venta tendrían que tener un límite en función de la zona. Los fondos buitre y los especuladores deberían buscar negocio fuera de nuestras fronteras.

Quien más tiene, más debe pagar. Es de Perogrullo. Y hay que hacerlo sin temblar el pulso. Si algunos deciden marcharse, que se marchen; otros volverán. No se puede sostener un Estado social sin recursos. Frente al lema de «primero los españoles», yo prefiero otro mucho más acertado: «antes lo público».

Respecto a los sindicatos, el Gobierno debería dejar de subvencionarlos directamente. A cambio, una pequeña parte de la nómina de cada trabajador iría destinada al sindicato que este eligiera. Un sindicato independiente siempre será más fuerte que el modelo actual, en el que muchos trabajadores solo se afilian cuando tienen un problema y se marchan cuando todo va bien.

Todas las empresas o colectivos elegirían libremente su sindicato, y la cuota sería igual para todos. Estos sindicatos negociarían cada año un convenio colectivo para cada sector, primero de ámbito nacional, después autonómico y, finalmente, local. Nadie debería quedar fuera de un convenio correspondiente a su profesión.

Además, los propios sindicatos se encargarían de coordinar las ofertas de trabajo. Si hubiera empleo en una zona cercana y un trabajador en paro perteneciera a ese gremio, no podría rechazar el puesto sin una causa justificada. De lo contrario, perdería la prestación por desempleo. No es de recibo que haya más de dos millones cuatrocientas mil personas desempleadas y, al mismo tiempo, existan puestos sin cubrir. Eso supone una sangría para el conjunto de la sociedad. Nadie debería quedarse sin protección, pero tampoco debería permitirse que nadie abuse del sistema.

Los jóvenes que estén en edad de trabajar, no tengan empleo y hayan abandonado los estudios deberían incorporarse obligatoriamente a escuelas de artes y oficios para aprender una profesión que les facilite su incorporación al mercado laboral. Mientras dure esa formación, recibirían una ayuda económica adaptada a sus necesidades.

Quienes difundan bulos deberían ser sancionados en proporción al daño causado. En caso de reincidencia, podría llegarse incluso al cierre del medio o plataforma desde la que actúan.

Los chivatos no pueden tener carta blanca ni pasearse por la sociedad como personas honorables. Lo ocurrido con Aldama clama al cielo y deja en mal lugar a la justicia. No puede ser que el delincuente que corrompe a otros salga prácticamente de rositas y, además, se le perdonen 3,7 millones de euros que debía devolver.

Las organizaciones ultraderechistas no deberían poder presentar querellas basándose únicamente en lo publicado por un periódico. Bastante trabajo tienen ya defendiendo sus propias ideas como para convertir los tribunales en un instrumento de presión política.

.Tampoco debería existir la figura del insolvente como vía para eludir responsabilidades. Quien delinque debe responder ante la sociedad. Si no puede hacerlo con dinero, debería hacerlo mediante trabajos en beneficio de la comunidad, acordes con la gravedad del delito y teniendo en cuenta la posible reincidencia.

Y no sigo. Creo que, por hoy, ya he expuesto unas cuantas propuestas. Tengo muchas más, pero será en otra ocasión.

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El Bellotero .


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