"Soy del PP y soy maricón": la realidad de la derecha con el colectivo LGTBIQ+ más allá del eslogan

Jaime de los Santos reivindica su militancia en el PP y su condición de hombre gay mientras su partido rechaza penalizar las terapias de conversión y mantiene su histórico rechazo legislativo

27-6-26

ElPlural

El debate sobre la reforma del Código Penal para tipificar expresamente las llamadas terapias de conversión volvió a situar este martes al Partido Popular frente a una de las cuestiones que más tensiones genera entre su discurso institucional y su trayectoria legislativa en materia de derechos LGTBIQ+. Mientras la formación anunció su voto en contra de la iniciativa, el diputado popular Jaime de los Santos reivindicó desde la tribuna que es posible ser militante del PP y formar parte del colectivo, defendiendo el compromiso de su partido con la igualdad y la diversidad.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, De los Santos se definió como un hombre "orgullosamente gay" y militante del Partido Popular, una doble condición que aseguró vivir con absoluta normalidad. El diputado aprovechó además para agradecer al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que nunca haya juzgado a nadie "por a quién ama o con quién comparte su vida", presentando a la dirección popular como una organización donde la orientación sexual carece de relevancia política.

El parlamentario sostuvo que el PP participa activamente en la celebración del Orgullo y afirmó que la defensa de los derechos del colectivo constituye una de las condiciones irrenunciables que su formación establece en los acuerdos de gobierno. En ese contexto, citó como ejemplo las comunidades de Madrid y la Comunitat Valenciana, gobernadas por el Partido Popular, asegurando que en ellas se protegen los derechos LGTBI con determinación.

Sin embargo, esas afirmaciones contrastan con la actuación política desarrollada por ambos ejecutivos autonómicos durante la presente legislatura. Tanto Madrid como la Comunitat Valenciana han impulsado reformas que modifican sus respectivas leyes autonómicas de igualdad y diversidad, reduciendo parte de las garantías contempladas en la normativa anterior. A ello se suma la decisión de no colocar la bandera arcoíris en las sedes institucionales durante la celebración del Orgullo, una práctica que ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y colectivos LGTBI.

La intervención de De los Santos también choca con la posición mantenida históricamente por el Partido Popular en el Parlamento. La formación votó en contra de la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005 —norma que posteriormente recurrió ante el Tribunal Constitucional— y también rechazó la Ley Trans y de igualdad efectiva para las personas trans aprobada en 2023, así como otras iniciativas estatales relacionadas con la ampliación de derechos del colectivo.

Durante el debate, el diputado popular quiso igualmente reivindicar la figura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que calificó como "el alcalde de España", pese a la controversia generada por la campaña institucional del Orgullo en la capital y por la política del Ayuntamiento respecto a la simbología LGTBI.

La principal discrepancia parlamentaria giró, no obstante, en torno a la reforma penal que pretende castigar las terapias de conversión incluso cuando exista un supuesto consentimiento de la persona afectada. El Partido Popular considera que la redacción planteada invade el principio jurídico del consentimiento, argumento que De los Santos trató de reforzar recurriendo a una comparación con el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco a manos de ETA en 1997.

"El consentimiento es un pilar básico de nuestro Estado de derecho", afirmó el diputado, antes de preguntarse retóricamente si Miguel Ángel Blanco había consentido que le arrebataran la vida. La referencia provocó críticas entre varios grupos parlamentarios, que consideraron improcedente equiparar ambos supuestos en un debate centrado en la protección de los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ+.

La reforma debatida en el Congreso pretende incorporar al Código Penal sanciones específicas contra las prácticas conocidas como terapias de conversión, ampliamente rechazadas por organismos internacionales de derechos humanos y por las principales asociaciones científicas, que las consideran ineficaces y potencialmente lesivas para la integridad física y psicológica de las personas LGTBIQ+. Mientras el Partido Popular insiste en presentarse como una formación comprometida con esos derechos, su rechazo a esta iniciativa y su historial parlamentario vuelven a situar bajo escrutinio la coherencia entre ese discurso y sus decisiones legislativas.