La ONU acusa a Israel de destruir la infancia palestina: más de 20.000 niños asesinados en Gaza

El documento señala ataques deliberados contra niños, destrucción de infraestructuras básicas y condiciones de vida incompatibles con la protección de la infancia

Suren Gasparyan

28-6-26

ElPlural

La guerra de Gaza ha dejado ya una de las mayores catástrofes para la infancia de las últimas décadas. Pero el último informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado va un paso más allá del balance de víctimas. Su conclusión es que la ofensiva israelí no solo ha provocado una destrucción sin precedentes entre los menores palestinos, sino que documenta un patrón de violencia sistemática que la propia comisión vincula con el análisis jurídico sobre el delito de genocidio recogido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

El documento, de un centenar de páginas, constituye uno de los análisis más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre el impacto de la guerra en los niños y adolescentes de Gaza. La comisión sostiene que la infancia palestina ha soportado una carga desproporcionada de la ofensiva militar israelí, hasta el punto de que uno de cada cincuenta niños que vivían en la Franja ha muerto desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023.

Las cifras son devastadoras. El informe documenta 20.179 menores fallecidos y 44.143 heridos, además de miles de desaparecidos que continúan bajo los escombros de edificios destruidos. Son números que, según la comisión, no encuentran precedentes recientes por la velocidad y la magnitud con la que una población infantil ha sido golpeada en un conflicto armado.

Pero el informe insiste en que la tragedia no puede medirse únicamente por el número de muertos. La destrucción de hospitales, escuelas, viviendas, sistemas de abastecimiento de agua y redes sanitarias ha convertido la supervivencia cotidiana en un desafío permanente para cientos de miles de menores.

Una generación marcada por la guerra

La comisión de la ONU describe una infancia sometida durante más de veinte meses a bombardeos continuados, desplazamientos forzosos, hambre, enfermedades y pérdidas familiares constantes. Miles de niños han quedado huérfanos o separados de sus padres, mientras otros sobreviven con lesiones permanentes que condicionarán el resto de sus vidas.

El informe dedica buena parte de sus páginas a documentar las consecuencias físicas de la ofensiva. Gaza concentra uno de los mayores números de niños amputados por habitante del mundo. A las amputaciones se suman lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos, quemaduras graves, pérdida de visión y daños auditivos provocados por las explosiones.

La comisión advierte además de que muchas de esas lesiones podrían haberse evitado si hubiera existido un sistema sanitario operativo. Sin embargo, denuncia que los ataques contra hospitales, centros de salud y ambulancias han dejado sin capacidad de respuesta a buena parte de la red asistencial gazatí.

Uno de los apartados más duros analiza la situación de los recién nacidos. El deterioro de las maternidades, la falta de combustible para mantener las incubadoras y la escasez de medicamentos esenciales han puesto en riesgo la vida de miles de bebés desde el inicio de la ofensiva.

A ello se añade el impacto psicológico. El informe recoge testimonios de menores que han presenciado la muerte de familiares, han vivido durante meses entre ruinas o han sido desplazados repetidamente sin disponer de un lugar seguro. Los investigadores sostienen que las secuelas en salud mental marcarán durante décadas a toda una generación.

La educación tampoco ha escapado a la destrucción. Decenas de centros escolares han sido bombardeados o utilizados durante el conflicto, interrumpiendo prácticamente por completo la escolarización de cientos de miles de niños. Para la comisión, el colapso educativo no constituye un daño colateral, sino una de las consecuencias más profundas y duraderas de la guerra.

Hospitales, escuelas y hambre

El informe dedica capítulos específicos a los ataques contra infraestructuras civiles esenciales para la infancia. Hospitales pediátricos, maternidades, escuelas, centros de acogida y refugios aparecen repetidamente entre los escenarios investigados por la comisión.

Los investigadores sostienen que la destrucción del sistema sanitario ha impedido tratar heridas que, en otras circunstancias, habrían sido perfectamente curables. Al mismo tiempo, el bloqueo sobre la entrada de ayuda humanitaria ha agravado la malnutrición infantil y la propagación de enfermedades infecciosas.

La ONU alerta de que el hambre se ha convertido en un factor añadido de mortalidad. La escasez de alimentos, agua potable y productos básicos afecta especialmente a los menores, cuyo desarrollo físico y cognitivo puede quedar comprometido incluso si sobreviven al conflicto.

La comisión también analiza las reiteradas órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí, que han obligado a cientos de miles de familias a desplazarse una y otra vez dentro de una franja cada vez más reducida. Muchos niños han cambiado de refugio en numerosas ocasiones, durmiendo en tiendas improvisadas o edificios parcialmente destruidos.

Una acusación con profundas implicaciones jurídicas

El informe no se limita a describir las consecuencias humanitarias. La comisión sostiene que los hechos documentados deben analizarse a la luz del derecho internacional y remite expresamente al estudio jurídico elaborado sobre la conducta de Israel conforme a la Convención sobre el Genocidio. En ese contexto, examina la posible comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos vinculados con el delito de genocidio, una de las acusaciones más graves contempladas por el derecho internacional.

No es la primera vez que organismos internacionales utilizan términos de esta gravedad. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierto el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel por presunta vulneración de la Convención sobre el Genocidio, mientras que la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes cometidos durante el conflicto.

Israel rechaza de forma sistemática estas acusaciones. El Gobierno de Benjamin Netanyahu sostiene que actúa en legítima defensa tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y defiende que sus operaciones militares tienen como objetivo destruir la infraestructura del grupo islamista, al que acusa de utilizar a la población civil como escudo humano. Las autoridades israelíes han negado reiteradamente haber cometido genocidio y cuestionan los informes elaborados por distintos organismos de Naciones Unidas.

Sin embargo, la comisión considera que el nivel de devastación alcanzado en Gaza no puede entenderse únicamente como una consecuencia indirecta de las operaciones militares. Los investigadores describen un patrón continuado de ataques que ha afectado de manera desproporcionada a la infancia palestina y sostienen que las condiciones impuestas sobre la población civil —desde la destrucción de hospitales hasta las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria— han creado un entorno incompatible con la protección que el derecho internacional otorga a los menores en cualquier conflicto armado.

La conclusión del informe resulta tan contundente como inquietante: incluso si mañana cesaran por completo los combates, las consecuencias de esta guerra seguirán acompañando durante décadas a cientos de miles de niños palestinos. Muchos han perdido a sus familias; otros convivirán de por vida con amputaciones, discapacidades o traumas psicológicos. Para la comisión de la ONU, la ofensiva israelí no solo ha causado una emergencia humanitaria sin precedentes, sino que ha comprometido el futuro de toda una generación.