Cuando el púlpito se convierte en tribuna

Las palabras nunca son inocentes. Mucho menos cuando quien las pronuncia preside la Conferencia Episcopal Española. Por eso resulta profundamente desafortunado que Luis Argüello haya afirmado que «cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones» y rematara la frase con un elocuente «a los hechos me remito». Aunque posteriormente haya intentado desvincular sus palabras del Gobierno y sostenga que hablaba del Estado en sentido amplio, el mensaje ya había llegado a su destino.

No se trata de discutir el derecho de un obispo a opinar sobre la realidad política. Lo tiene, como cualquier ciudadano. Lo que resulta impropio es utilizar la autoridad moral que representa la Iglesia para lanzar afirmaciones de semejante gravedad en un momento de máxima crispación política. Cuando quien habla ocupa una posición institucional tan relevante, sabe perfectamente el alcance de cada palabra. Y precisamente por eso debe medirlas.

La democracia necesita crítica. Mucha crítica. También necesita vigilancia ética. Pero la ética deja de ser un instrumento de convivencia cuando se convierte en un arma arrojadiza contra quien piensa distinto. La misión de la Iglesia debería consistir en tender puentes, recordar la dignidad de las personas y apelar a la conciencia colectiva, no en alimentar titulares que inevitablemente serán interpretados como munición política.

Resulta difícil creer que un hombre con la experiencia pública de Argüello desconociera la repercusión de semejante comparación. Y más difícil todavía aceptar que después pretendiera reducir la polémica a un malentendido. Las palabras tienen consecuencias. Especialmente cuando salen de un atril episcopal.

La Iglesia española conoce demasiado bien las heridas que provoca su identificación con opciones políticas concretas. Su credibilidad no aumenta cuando parece alinearse con unos frente a otros. Al contrario. Cada vez que abandona la prudencia pastoral para adentrarse en el combate partidista pierde autoridad moral ante millones de ciudadanos, incluidos muchos creyentes.

España necesita instituciones que rebajen la temperatura del debate, no que la eleven. Necesita líderes religiosos capaces de denunciar las injusticias sin convertirse en protagonistas de la confrontación. Porque la autoridad moral no se impone mediante frases grandilocuentes, sino mediante el ejemplo, la coherencia y la capacidad de unir donde otros se empeñan en dividir.

Quizá el mayor error no haya sido la frase. Quizá haya sido olvidar que un pastor debe hablar para toda la sociedad y no solo para quienes ya están dispuestos a aplaudirle.

Nicanor García Ordiz