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Cinco jueces revisan la obsesión de Peinado contra Begoña Gómez

Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid estudiarán desde este lunes el último intento del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés ante un jurado popular. Peinado ya recibió un varapalo en febrero, cuando la Audiencia anuló esa misma decisión porque ni siquiera había explicado con suficiente claridad los “indicios verosímiles” atribuidos a cada persona investigada, provocando indefensión. Lejos de frenar una instrucción repleta de excesos, el juez volvió a intentarlo el 20 de marzo mediante un auto de 47 páginas.

Peinado acusa a Gómez de aprovechar su “posición institucional” como esposa del presidente para impulsar un cambio “radical” en su carrera profesional y le atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Solo el tráfico de influencias y la malversación corresponden al tribunal del jurado, pero el juez pretende incluirlos todos alegando que están “íntimamente entrelazados”. La defensa, dirigida por el exministro Antonio Camacho, califica el auto de “falaz”, “plagado de conjeturas” y contrario a la realidad. También recuerda que Gómez dirigía un máster en la Universidad Complutense desde 2014, cuatro años antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. La Fiscalía mantiene durante toda la causa que tampoco aprecia indicios delictivos.

La Audiencia ha decidido reunir excepcionalmente al pleno de la Sección 23: Rosario Esteban Meilán, Jesús Gómez-Angulo, Enrique Jesús Bergés de Ramón, Carlos Prat Westerlindh y José Sierra Fernández. Estos magistrados han avalado parte de la instrucción, pero también han corregido algunos abusos de Peinado. Su decisión será clave porque un jurado compuesto por nueve residentes adultos de Madrid juzgaría un procedimiento sometido durante años a una campaña política y mediática brutal, y el 92% de sus veredictos son condenatorios según los últimos datos disponibles del CGPJ. Mientras tanto, Peinado espera de vacaciones y se jubilará forzosamente el 27 de septiembre, al cumplir 72 años, dejando a otra persona una causa que ha estirado hasta límites indecentes pese a la ausencia de indicios señalada por la Fiscalía