Peinado se la juega ante la Audiencia
La Audiencia Provincial de Madrid tiene ahora la llave para tumbar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio ante jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El último auto de Peinado, el que abre juicio oral, no es recurrible de forma directa. Pero hay otra vía: los recursos pendientes de las defensas y de la Fiscalía. El 13 de julio, el pleno de la sección 23 empezará a estudiarlos a puerta cerrada. Y lo que decida puede revertir el procesamiento tras casi dos años y medio de una instrucción convertida en espectáculo político, ruido mediático y munición para la derecha judicial, política y ultracatólica.
La defensa de Gómez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que hay una “ausencia del más mínimo indicio” de los delitos imputados: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. Lo mismo defiende el Ministerio Fiscal. Sobre la mesa hay tres recursos clave: uno contra el auto del 20 de marzo que reactivó el procedimiento del tribunal de jurado; otro de queja porque Peinado siguió adelante el 11 de abril sin esperar a que resolviera la Audiencia; y un tercero contra su negativa a practicar nuevas diligencias antes de abrir juicio oral. Entre ellas, la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra extraordinaria junto a Gómez, al que no se ha llamado en dos años y medio pese a ser un testigo clave. También se pide ratificar tres informes periciales sobre cátedras universitarias, impacto económico en la Complutense y el papel de asesores de cónyuges de anteriores presidentes.
Y luego está el delirio de las cautelares. Peinado asumió las peticiones de Hazte Oír para retirarles el pasaporte a Gómez y Álvarez, prohibirles salir de España y obligarlas a comparecer cada 15 días en el juzgado. En ese auto llegó a sugerir que los escoltas de la esposa del presidente podrían colaborar en una fuga, una sospecha sobre la Policía que ya le ha valido diligencias informativas del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. No es un detalle menor: desde abril de 2024, la sección 23 ya ha corregido a Peinado al menos una docena de veces, anulando decisiones por falta de indicios, falta de motivación o imputaciones sin base suficiente, como las del rector Joaquín Goyache y Juan José Güemes. Aun así, la acusación popular dirigida por Hazte Oír pide 24 años de prisión para Begoña Gómez. Veinticuatro. Esto ya no va solo de una causa judicial. Va de hasta dónde puede estirarse una instrucción cuando la derecha necesita un banquillo aunque le falten pruebas.
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