20 May 2017
Público
Esther López Barceló
Responsable de Memoria Democrática de IU
Responsable de Memoria Democrática de IU
Ayer el grupo parlamentario Unidos Podemos registró una moción de censura
contra Mariano Rajoy ante la constatación del parasitismo al que ha sometido su
partido político a las instituciones democráticas. Tras los últimos escándalos
sobre corrupción que han salido a la luz en las últimas semanas, presentar esta
alternativa al gobierno del Partido Popular, era una cuestión de emergencia
democrática. Las distintas causas por corrupción que actualmente se encuentran
en proceso judicial tienen al partido de gobierno como nexo común. No obstante,
sobran razones para impugnar al poder ejecutivo también desde la perspectiva de
la defensa de los derechos humanos en materia de memoria democrática.
Es por todos conocido -o debería serlo- que somos el segundo país en desaparecidos
forzosos después de Camboya. Por ello, en cualquier democracia que se precie,
una de las prioridades del gobierno debería consistir en acabar con nuestro
lamentable buen posicionamiento en este ranking de la vergüenza. Todo lo
contrario. El gobierno de Rajoy y su partido se vanaglorian de desatender las
exigencias de la ONU en materia de memoria democrática garantizando así la
continuidad de la impunidad franquista hasta nuestros días. Las cifras hablan
por sí solas. A día de hoy nuestro sistema democrático se cimenta sobre 2457
fosas comunes, de las cuales 1221 se encuentran sin exhumar y 250 fosas
han desaparecido debido a la desprotección de las autoridades competentes. Eso
sí, sigue en pie el mausoleo que mandó construir el dictador a los propios
presos y, por tanto, esclavos. El Valle de los Caídos sigue en pie y
custodiando con honores a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. De
hecho, el partido del gobierno ha defendido que ambos se queden donde están,
votando en contra de una iniciativa en el Congreso de los Diputados presentada
por el PSOE. Es, por tanto, obvio que el talante filofascista del Partido
Popular es una auténtica amenaza para la salvaguarda y defensa de los valores
democráticos que deben regir la gobernanza de un país. Cuestionar la necesidad
de dejar de rendir honores a la figura de un dictador que llevó a la muerte y
desaparición a cientos de miles de personas, en lo que Paul Preston denomina el
“holocausto español”, no puede ser una actitud normalizada en nuestro país. Y,
sin embargo, lo es.
Por tanto no es de extrañar que exista una fundación pública para venerar
la figura de Francisco Franco a la que se le permite por parte de este gobierno
que siga custodiando documentación clasificada como “secreto oficial”. Es
decir, no solamente es que exista una fundación pública declaradamente
franquista sino que después de que Izquierda Unida preguntara al gobierno si
era conocedor de que en la misma se custodiaba información clasificada que
debería estar protegida por el ministerio, el gobierno reconoció que es así y
que eran conocedores de ello pero que iban a mandar un escrito para pedir que
la entidad remitiera la información al “organismo competente”. Sorprende que
tras la constatación de una irregularidad, el gobierno tan sólo considere
necesario mandar un escrito para pedir al infractor que deje de cometerla.
No obstante, esta buena relación entre Gobierno/Partido Popular y dicha
fundación se materializa en la entrega de premios a la lucha contra la Ley de
la Memoria Histórica que otorga esta entidad y que este año fue a recaer en
Juan Antonio Morales, secretario provincial del PP de
Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, a Antonio Pozo, alcalde
popular de Guadiana del Caudillo (Badajoz) y a Ana Rivelles, alcaldesa de
Alberche del Caudillo (Toledo) y también del PP por su “labor destacada en la
defensa de la verdad histórica y de la memoria del Caudillo y su gran obra”,
según publicó “La Marea”. Por supuesto, estos cargos no fueron reprobados por
el partido.
Una de las causas por las que se plantea la moción de censura al gobierno
es por esa clara injerencia en el poder judicial que se ha ido constatando a
través de las últimas noticias sobre corrupción. No es algo nuevo. Ya lo hizo
la, por entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para
impedir que la ‘Querella Argentina’ siguiera su curso. Para ello emitió una
instrucción el 30 de septiembre de 2016 en la que pedía a los fiscales que
informasen en contra de la cumplimentación de las comisiones rogatorias, es
decir, de las peticiones a la justicia española por parte de la jueza
argentina Servini, un derecho que le asiste merced a los acuerdos que
sobre colaboración judicial hay entre ambos países. Entre otras acciones, se
solicitaba tomar declaración a víctimas de la represión franquista que por
causas de salud no pudieran desplazarse hasta Argentina, como fue el caso
de Gerardo Iglesias. Así nos enteramos de esta operación política para
garantizar la impunidad, a partir de la suspensión de la declaración al que
fuera secretario general del PCE y coordinador de IU que fue duramente
torturado durante la dictadura. Algo “inédito” en palabras de la abogada de la
querella argentina, Ana Messuti, que en un caso como este, Madrigal
pida que se quede sin aplicación un exhorto enviado por la justicia argentina
en virtud del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en
materia penal concertado entre Argentina y España, a pesar de reconocer su
vigencia. El propio texto de la fiscal decía así literalmente: “Si bien el art.
28.2 […] reseñado permite que se preste asistencia aunque el hecho no sea
punible según las leyes de la parte requerida es necesario que se haga en
interés de la Justicia. Difícilmente puede mantenerse que existe un interés de
la Justicia dadas las circunstancias”.
Estas últimas palabras de Madrigal son concluyentes, para el Partido Popular
-que es, en definitiva, quien hablaba por boca de la fiscal- no hay interés en
que se haga justicia a las víctimas del franquismo. Algo evidente también en el
proyecto de presupuestos de 2017 del Ejecutivo que vuelve a dejar vacía la
hucha -viene haciéndolo desde 2013- para contribuir al desarrollo de los
derechos humanos, tal y como el relator de la ONU pide insistentemente en sus
informes.
El ejecutivo del Partido Popular no sólo injiere en el poder judicial para
obstaculizar la Querella Argentina, no sólo vota en contra de iniciativas y
legislación que pide velar por los derechos de las víctimas del franquismo, no
sólo permite caprichos a la Fundación Francisco Franco, no sólo defiende la
necesidad de un mausoleo para el dictador, sino que también hace ostentación de
su talante antidemocrático y exalta a golpistas como Sanjurjo. Tras su
exhumación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de la cripta del Monumento a
los caídos de la ciudad, se supo que sus restos fueron trasladados a Melilla
con ceremonia militar incluida. A este hecho que podría constituir una
vulneración de la Ley de Memoria Histórica, hemos de sumarle la participación
del número 2 de Interior en una jura de bandera con ofrenda floral a la Cruz de
los Caídos de Dos Torres en Córdoba, hecho puesto en conocimiento de la
fiscalía por parte de Izquierda Unida.
El Gobierno no sólo abandona a las víctimas del franquismo sino que además
exalta valores antidemocráticos de forma continuada y consciente sin que eso
suponga un verdadero escándalo social.
Todas estas razones que he ido hilvanando en este relato deberían ser
suficientes para constituir por sí mismas la exposición de motivos de una
moción de censura, pero lamentablemente nuestras instituciones democráticas
llevan demasiado tiempo acostumbrándonos a tolerar lo intolerable y han acabado
por normalizar la impunidad franquista en nuestro Estado de derecho. Ayer mismo
lo expresaba el relator de la ONU sobre España: “la fortaleza de la democracia
se mide en la capacidad de atender los reclamos de las víctimas”. Juzguen pues,
ustedes mismos, en qué estado se encuentra la nuestra y si es necesaria o no
esta moción de censura que es también una moción contra quienes garantizan la
impunidad del franquismo.
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