¿Cómo puede una institución que predica la pobreza acumular miles de millones mientras encubre abusos sistemáticos y blanquea dinero? En Crímenes contemporáneos de la Iglesia Católica, José Ramón Martínez Robles destapa los patrones repetidos de la ICAR: manipulación de herencias, lavado de dinero en el Vaticano y el Opus Dei, encubrimiento masivo de abusos sexuales a menores, infiltración en tribunales, política y medios, y opacidad financiera protegida por privilegios fiscales. No es un ataque a la fe de los creyentes, sino un exigente llamado a la transparencia y a la justicia para las víctimas. Una lectura incómoda pero necesaria.

Capítulo II

La contradicción evidente: las palabras de Jesús frente a las inmensas riquezas de la Iglesia Católica

Una de las preguntas más incómodas que surge al observar la realidad actual de la Iglesia Católica Apostólica Romana es la siguiente: ¿cómo es posible que una institución que se presenta como la única y legítima sucesora de Jesucristo acumule una fortuna tan colosal y visible en todo el mundo?

Jesús de Nazaret fue explícito y rotundo en su mensaje sobre la riqueza y la pobreza. En el Evangelio según San Marcos (10, 25) dice: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios”. En el Evangelio según San Lucas (18, 22) le ordena al joven rico: “Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”. En el Sermón de la Montaña (Lucas 6, 20-24) afirma: “Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios… Pero ¡ay de vosotros los ricos!, porque ya habéis recibido vuestro consuelo”.

Jesús no solo predica la pobreza voluntaria y la generosidad radical, sino que advierte repetidamente contra el peligro espiritual de la acumulación de bienes. Precisamente en la frase “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios” se ha producido una de las interpretaciones más extendidas y erróneas de la historia cristiana. Algunos han intentado suavizar el mensaje radical de Jesús afirmando que la palabra griega kámēlos (camello) era en realidad kámilos (cuerda o soga gruesa) y que “el ojo de la aguja” se refería a una supuesta puerta pequeña en las murallas de Jerusalén por la que un camello podía pasar si se descargaba. Sin embargo, los estudios bíblicos más rigurosos rechazan estas explicaciones. La palabra griega original es claramente kámēlos (camello), no kámilos. Además, no existe ninguna evidencia arqueológica ni histórica de que hubiera en Jerusalén una puerta llamada “Ojo de la Aguja” en tiempos de Jesús. Estas interpretaciones surgieron varios siglos después, entre los siglos IX y XV, como intentos apologéticos para hacer el texto más “aceptable” y menos exigente.

En realidad, se trata de una expresión hiperbólica típica de la literatura judía antigua: una imagen deliberadamente absurda e imposible (un animal enorme pasando por el agujero diminuto de una aguja de coser) para transmitir con fuerza que es prácticamente imposible que una persona apegada a sus riquezas entre en el Reino de Dios. Jesús no estaba proponiendo una dificultad superable, sino señalando un obstáculo espiritual casi insuperable mientras se permanezca atado a la riqueza material.

Sin embargo, la realidad institucional de la Iglesia Católica en el siglo XXI presenta una imagen muy distinta. El Vaticano, sede central de la Iglesia, gestiona activos financieros y patrimoniales que ascienden a miles de millones de euros. Según datos públicos del propio Vaticano correspondientes a 2024, los activos totales de la Santa Sede superan los 6.300 millones de euros, mientras que el Instituto para las Obras de Religión (IOR) administra más de 5.700 millones de euros en activos de clientes. Además, la Iglesia es uno de los mayores propietarios inmobiliarios del planeta, con decenas de miles de templos, conventos, colegios, hospitales y fincas en todos los continentes. Solo en España, gracias al sistema de inmatriculaciones, la Iglesia controla miles de bienes que antes no estaban registrados a su nombre.

Por continentes, la presencia inmobiliaria es notable, aunque las cifras exactas consolidadas son difíciles de obtener debido a la descentralización de la propiedad.

En Europa: en España la Iglesia ha registrado más de 100.000 inmuebles históricos (de los cuales 34.961 fueron inmatriculados oficialmente entre 1998 y 2015); en Italia la Administración del Patrimonio de la Santa Sede gestiona directamente más de 4.234 propiedades; en Alemania las diócesis controlan patrimonios valorados en decenas de miles de millones de euros (incluyendo bosques y fincas agrícolas); en Francia el Estado posee aproximadamente el 95 % de las más de 42.000 iglesias construidas antes de 1905, mientras la Iglesia posee los edificios posteriores; en Rumania continúan los procesos de restitución de propiedades confiscadas.

En América: en Estados Unidos las diócesis poseen más de 26.000 propiedades y alrededor de 2,3 millones de acres de tierra; en Argentina, Chile y Colombia la Iglesia posee decenas de miles de inmuebles (colegios, hospitales, terrenos y edificios), muchos recibidos por donaciones o cesiones estatales históricas, aunque no existen cifras oficiales consolidadas de hectáreas.

En África: las cifras son aún menos precisas, pero la Iglesia mantiene importantes propiedades misionales, tierras agrícolas y centros educativos y sanitarios en países como Angola y Mozambique.

Es importante aclarar que las cifras oficiales de inmatriculaciones publicadas por el Gobierno español (34.961 bienes entre 1998 y 2015) solo incluyen los inmuebles registrados mediante certificación del obispo diocesano. Por tanto, no abarcan los patrimonios de la mayoría de las órdenes religiosas (Jesuitas, Dominicos, Franciscanos y otras congregaciones) ni los del Opus Dei. Estas instituciones operan a través de entidades jurídicas civiles separadas —fundaciones “sin ánimo de lucro”, asociaciones o provincias religiosas— que no inmatriculan mediante certificación episcopal. Esto genera una notable opacidad, especialmente en el caso del Opus Dei, cuyas obras apostólicas (universidades, colegios, residencias, etc.) están a nombre de fundaciones civiles que gozan de un régimen fiscal especial y no publican balances consolidados detallados.

Un ejemplo histórico de esta opacidad es la relación financiera entre el Opus Dei y el Instituto para las Obras de Religión (IOR, conocido como el Banco Vaticano). Tras la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano en 1982, el IOR aportó alrededor de 250 millones de dólares a los acreedores como “contribución moral voluntaria” [4]. En aquel contexto circularon fuertes rumores y alegaciones de que el Opus Dei habría proporcionado importantes sumas para ayudar al Vaticano a hacer frente a la crisis, incluidas declaraciones de Clara Calvi, viuda de Roberto Calvi, presidente del Ambrosiano [5]. La Prelatura ha negado siempre cualquier implicación directa. La dificultad para obtener información verificable sobre estos movimientos de capital entre fundaciones, órdenes religiosas y el IOR es precisamente uno de los elementos que más contribuyen a la percepción de opacidad en las finanzas de la Iglesia Católica. A pesar de esta separación formal en el ámbito civil, todas estas instituciones —órdenes religiosas y prelaturas personales— están canónicamente bajo la autoridad última del Papa, cabeza visible de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

A esto se suman las colecciones de arte del Vaticano (de valor incalculable), las inversiones financieras y las donaciones millonarias que reciben anualmente las diócesis y fundaciones eclesiales. Aunque parte de estos recursos se destina a obras de caridad, la magnitud misma de la riqueza acumulada genera una contradicción evidente con el mensaje evangélico de pobreza y desprendimiento.

Muchos justifican las inmensas fortunas de la Iglesia argumentando que gran parte se destina a la caridad, especialmente a través de Cáritas. Sin embargo, existen críticas fundadas de que la institución devuelve mucho menos de lo que recibe en beneficios públicos y asignaciones tributarias. En 2024, la Iglesia española recibió 429 millones de euros a través de la asignación del 0,7 % del IRPF, pero la aportación directa desde la Conferencia Episcopal a Cáritas fue solo una fracción mínima de esa cantidad (históricamente alrededor del 2-3 %, unos 6 millones de euros en años anteriores). Cáritas invirtió 486,9 millones de euros en 2024, pero el 70,5 % de sus ingresos procedió de donaciones privadas y solo el 29,5 % de fondos públicos, no necesariamente de la casilla de la Iglesia.

Un ejemplo concreto de esta contradicción es el caso del cardenal Antonio María Rouco Varela, exarzobispo de Madrid. En 2015, tras su jubilación, se trasladó a un lujoso ático de 370 metros cuadrados en la calle Bailén, junto a la Catedral de la Almudena. Aunque el piso fue donado, la reforma costó más de 500.000 euros, cantidad que asumió la Archidiócesis de Madrid con fondos diocesanos [8]. Este gasto generó una fuerte polémica y protestas de católicos indignados que consideraron incompatible con el mensaje de una “Iglesia pobre para los pobres”.

Este patrón no es exclusivo de España. En casi todos los países donde la Iglesia Católica tiene presencia significativa recibe importantes subvenciones públicas, exenciones fiscales y ventajas tributarias: en Italia a través del sistema del 8×1000, en Alemania mediante el impuesto eclesiástico (Kirchensteuer), en Francia con generosas subvenciones a la enseñanza concertada católica, en Estados Unidos con exención total de impuestos sobre la propiedad y donaciones deducibles, y en numerosos países de América Latina con privilegios históricos y cesiones de terrenos y edificios por parte del Estado. Estas ventajas fiscales y subvenciones permiten a la Iglesia mantener y ampliar su vasto patrimonio con el apoyo directo o indirecto de los contribuyentes, independientemente de su fe.

Esta contradicción no es nueva. Ya en el siglo XIX Blasco Ibáñez la denunciaba a través de la novela La Araña Negra. Hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo visible y difícil de ocultar: mientras millones de fieles viven en condiciones de pobreza, la institución que dice representar a Cristo en la tierra mantiene un patrimonio que la sitúa entre las organizaciones más ricas del mundo.

El objetivo de este capítulo no es juzgar la fe de los creyentes, sino poner de manifiesto una tensión estructural: la distancia entre las palabras fundacionales de Jesús y la realidad económica y patrimonial de la institución que se reclama su continuadora. Esta distancia es uno de los patrones más persistentes y problemáticos de la Iglesia Católica a lo largo de la historia.

ReferenciasGobierno de España (2021) Bienes inmatriculados de la Iglesia Católica (1998-2015). Ministerio de la Presidencia.

APSA / Vatican News (2024-2025) Informes de gestión patrimonial.

[4] The New York Times (1984) ‘Vatican payment reported’, 26 May.

[5] UPI (1982) ‘Roberto Calvi, president of the scandal-ridden Ambrosiano Bank…’, 7 October.

[6] Cáritas Española (2025) Memoria Confederal 2024.

[7] Conferencia Episcopal Española (2025) Memoria de Actividades 2024.

[8] eldiario.es (2015) ‘La reforma del ático de lujo de Rouco cuesta a la Iglesia más de medio millón de euros’, 21 febrero.

Capítulo XXII

El bautismo infantil: el contrato fraudulento que ata a los menores de edad y falsifica las estadísticas de fieles

Uno de los mecanismos más sutiles y eficaces de perpetuación del poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana (ICAR) consiste en la práctica sistemática del bautismo infantil. Se administra a recién nacidos —seres humanos sin capacidad de consentimiento ni discernimiento— y se utiliza después para inflar artificialmente el número de “fieles católicos” con los que la institución negocia privilegios económicos, políticos y fiscales ante los Estados. Lo que en teoría es un sacramento de iniciación libre se convierte, en la práctica, en un contrato unilateral e irrevocable que vincula al menor de por vida, salvo que este inicie un complicado y a menudo obstruido proceso de apostasía.

El Código de Derecho Canónico (CIC) lo regula con claridad. El canon 868 §1 exige, para el bautismo lícito de un niño, el consentimiento de al menos uno de los padres y “esperanza fundada” de que será educado en la fe católica. Para los adultos, en cambio, el canon 865 exige que manifiesten personalmente su deseo, estén instruidos y probados en la vida cristiana. La diferencia es abismal: al menor se le impone una marca “indeleble” (c. 849) sin su voluntad; al adulto se le exige conciencia plena. El bautismo infantil actúa, por tanto, como un contrato de adhesión impuesto a quien carece de capacidad jurídica para contraerlo.

Esta práctica viola los principios básicos del derecho civil moderno sobre la capacidad de obrar. En España, como en la mayoría de los ordenamientos democráticos, los menores no pueden celebrar contratos válidos sin representación legal y, aun así, muchos actos requieren ratificación al alcanzar la mayoría de edad. El bautismo, sin embargo, genera consecuencias jurídicas canónicas permanentes: el bautizado queda incorporado a la Iglesia como miembro pleno, con todas las obligaciones que ello implica (obediencia, contribución económica indirecta, estadísticas que justifican privilegios). Renunciar a esa “pertenencia” exige un acto formal de apostasía (CIC 751), que la propia institución ha convertido en un trámite burocrático, dilatado y, en ocasiones, denegado.

Numerosos testimonios y reportajes documentan las trabas reales. En 2007, las diócesis de Valencia y Madrid denegaron el 100 % de las peticiones de apostasía recibidas. Casos como el de los hermanos Xabier y Paulo, que desde 2014 intentaban apostatar en Lugo sin éxito pleno hasta años después, ilustran la resistencia sistemática. El Tribunal Supremo español, en sentencia de 19 de septiembre de 2008, eximió a la Iglesia de la obligación de anotar las apostasías en los libros de bautismo, al considerar que estos no son “ficheros” sujetos a la Ley de Protección de Datos. De este modo, la ICAR mantiene intactos sus registros inflados mientras dificulta la salida formal. Propuestas parlamentarias (ERC, IU, ICV) para agilizar civilmente la baja de las religiones fueron sistemáticamente rechazadas en el Congreso.

La finalidad es evidente y económica-política: las cifras de bautizados sirven para sostener ante gobiernos y opinión pública la ficción de una “mayoría católica” que justifica los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, la casilla del 0,7 % del IRPF (429 millones de euros en 2024), las exenciones fiscales y las subvenciones a la enseñanza concertada. Aunque la asignación tributaria se basa técnicamente en la casilla marcada voluntariamente por los contribuyentes, la ICAR y sus portavoces invocan constantemente el volumen de bautismos y sacramentos para legitimar su peso social y sus privilegios. Mientras tanto, el porcentaje real de bebés bautizados en España ha caído por debajo del 50 % en los últimos años, según estudios del propio centro CEU-CEFAS, pero las estadísticas eclesiales siguen presentando a decenas de millones de personas como “católicos” de por vida.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, esta práctica plantea una violación estructural de la libertad de conciencia y religión del niño. El artículo 14 de la Constitución Española reconoce el derecho a la libertad ideológica y religiosa “sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. La Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por España) establece en su artículo 14 que los Estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y que los padres “proporcionarán al niño orientación adecuada” sin imponer una adscripción irrevocable. El bautismo infantil, al generar una pertenencia canónica automática y dificultar su revocación, anticipa y condiciona la voluntad futura del menor, convirtiéndolo en objeto de una operación de captura estadística y doctrinal.

Se trata, en definitiva, de una estafa de ley o fraude de ley en sentido jurídico amplio: se utiliza una institución religiosa (protegida por la libertad de culto) para producir efectos jurídicos y económicos que, de realizarse directamente sobre un menor sin consentimiento, serían nulos o ilícitos. La ICAR no solo priva al niño de su autonomía futura; utiliza ese “consentimiento” parental para mantener un censo ficticio que le permite negociar con el Estado como si representara a una inmensa mayoría social que, en la práctica, ha dejado de existir.

La verdadera fe, como se afirma en el prólogo de este libro, no necesita opacidad ni trampas estadísticas. La verdadera fe se fortalece con adultos libres que eligen conscientemente. El bautismo infantil, tal como se practica y se instrumentaliza hoy, no es un acto de evangelización: es un mecanismo de control demográfico y de perpetuación de privilegios. Mientras la ICAR siga bautizando bebés y obstaculizando la apostasía, seguirá cometiendo uno de los fraudes más antiguos y extendidos contra la libertad individual: el de atar a las personas antes de que puedan decidir.

Referencias
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (1983) Código de Derecho Canónico. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. (Cann. 849, 865, 868 y 751).
Tribunal Supremo (2008) Sentencia de 19 de septiembre de 2008 (recurso de casación contra resolución de la Audiencia Nacional sobre libros de bautismo y protección de datos). Madrid.
El Mundo (2007) ‘Las diócesis de Valencia y Madrid deniegan el 100% de las peticiones de apostasía’, 19 septiembre. Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2007/09/19/espana/1190203541.html (consultado: 15 de mayo de 2026).
eldiario.es (2017) ‘Tres años intentando darse de baja como católicos’, 22 septiembre.
Europa Laica y campañas de apostasía (varios autores) (s. f.) ‘Campaña de apostasía a nivel estatal’. Rebelión.org. Disponible en: https://rebelion.org/campana-de-apostasia-a-nivel-estatal/ (consultado: 15 de mayo de 2026). CEU-CEFAS (2025) Informe Demografía Iglesia Católica. Observatorio Demográfico.
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989 (art. 14). Constitución Española (1978) Artículo 16 y 14. BOE-A-1978-31229. Conferencia Episcopal Española (2025) Memoria de Actividades 2024. Madrid: CEE.

Como postdata añado una reflexión extra sobre la apostasía:

Tras reflexionar sobre el tema, creo que la estrategia centrada en la apostasía, aunque comprensible, no aborda la raíz del problema y, en cierto modo, refuerza la premisa que más nos conviene impugnar a los que defendemos el laicismo.

El bautismo administrado a un recién nacido no constituye un acto de adhesión libre y consciente. Se impone a un ser humano que carece por completo de capacidad de consentimiento, de comprensión del acto y de autonomía para decidir sobre su propia conciencia. Por tanto, no puede generar legítimamente una pertenencia a la Iglesia Católica que obligue o vincule a esa persona durante toda su vida.

La Iglesia Católica, al considerar automáticamente “miembros” o “fieles” a todos los bautizados en la infancia —aunque estos nunca hayan manifestado su voluntad siendo adultos—, está actuando de manera indebida. Está utilizando un acto realizado sin el concurso de la voluntad del interesado para inflar sus cifras de pertenencia, obtener peso político y justificar privilegios económicos y jurídicos ante el Estado.

La verdadera cuestión, por tanto, no es cómo facilitar la apostasía, sino exigir que solo se consideren fieles de la Iglesia Católica aquellas personas que, habiendo alcanzado la mayoría de edad y con plena capacidad jurídica y de discernimiento, manifiesten explícitamente y de forma libre su voluntad de pertenecer a ella.

Cualquier otra forma de cómputo (basada en el bautismo infantil) constituye, a mi juicio, una forma de captación estadística ilegítima que vulnera los principios de autonomía personal, libertad de conciencia y consentimiento informado, reconocidos tanto en la Constitución española como en tratados internacionales de derechos humanos (entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño).

Por eso considero que los esfuerzos deberían orientarse prioritariamente a:

1. Deslegitimar públicamente la idea de que el bautismo infantil genera una pertenencia real y vinculante.

2. Exigir transparencia en las cifras que maneja la Iglesia: distinguir claramente entre personas bautizadas en la infancia y personas adultas que han manifestado libremente su adhesión.

3. Rechazar que el Estado acepte o utilice esas cifras infladas como base para otorgar privilegios o financiación.

4. Promover que, al alcanzar la mayoría de edad, las personas tengan mecanismos claros y sencillos para declarar que no son miembros de ninguna confesión religiosa si así lo desean, sin necesidad de pasar por un trámite eclesial de “apostasía”.

Este enfoque, además de ser más coherente con los principios laicos, desmonta de raíz la estrategia de la ICAR de presentarse como una realidad social mayoritaria cuando en realidad se basa en una adhesión masiva impuesta en la cuna.