El despilfarro de la Generalitat con Mazón: el 92% de los contratos, adjudicados sin control

La Intervención de 2024 revela que el Consell movió casi 192 millones en contratos menores o sin expediente

F.G.

5-6-26

ElPlural

La auditoría del sector público de la Comunidad Valenciana revela la forma de actuar del Consell de Carlos Mazón. El expresident —y todavía diputado en Les Corts—, convirtió la contratación pública en un terreno sin normas, mediante una práctica muy común entre las administraciones que quieren eludir los límites que fija la ley: el troceo de contratos, para hacerlos menores o gastar sin un expediente de contratación, y así poder adjudicarlos a dedo.

Así lo revela la auditoría de la Intervención de la Generalitat Valenciana, el órgano de control de la contabilidad del Ejecutivo regional, en su auditoría del Sector Público Instrumental del 2024, el único año completo que gobernó Mazón. El estudio analiza los 77.800 contratos firmados por empresas o administraciones públicas valencianas durante ese ejercicio, y revela que el 92% son gastos sin expediente o contratos menores.

El informe se publicó este jueves en el portal de la Consellería de Hacienda, área que dirige José Antonio Rovira y del que depende la Intervención. Sin embargo, fue firmado en marzo por la interventora general, Amparo Adam, y su número dos, Ignacio Pérez, que lo culminaron justo cuando la Comisión de Investigación del Sector Público de Les Corts, creada por un Mazón muy crítico con los informes del Consell anterior, el de Ximo Puig, se cerró por acuerdo de PP y Vox sin haberse reunido una sola vez.

192 millones de euros gastados sin control

Sus conclusiones son claras. De los casi 78.000 contratos del sector público valenciano en 2024, 71.466 son contratos menores o se realizaron sin el expediente de contratación. Esto supone el 91,8% del total, pero en cifras de dinero la deriva es más preocupante. Ese año se otorgaron 11.138 contratos menores, por un total de 34,2 millones de euros, además de 60.328 prestaciones de bienes y servicios firmadas sin expediente que suman 157,7 millones. En total, la Generalitat gastó 191,9 millones de euros sin control.

Según el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), "en los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales" que obligarían a hacerlo mayor. Además, en el apartado 8 del artículo 29, se limita su duración a un año y se prohibe su prórroga.

La práctica de trocear los contratos para evitar superar el límite legal para tener que sacarlos a concurso —es decir, para poder adjudicarlos a dedo—, es muy común, a pesar de que es ilegal. De hecho, el propio estudio de la Intervención refleja que esta deriva del Consell de Mazón incumple la ley: "En catorce entidades del SPI se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor", concluye.

Según la Intervención, los contratos menores firmados por la Generalitat incumplen estos puntos, "en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores". Además, sobre los gastos sin expediente, el informe señala: "En siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública", figura en las conclusiones de la auditoría, que recoge Eldiario.es.