José Miguel Villarroya

9/06/1973. El dictador Francisco Franco, con 80 años y un deterioro físico evidente, nombró presidente de su ilegítimo gobierno al almirante Luis Carrero Blanco, posiblemente su más leal colaborador y el hombre que había ejercido como vicepresidente del Gobierno desde 1967, en la primera ocasión en la que el dictador cedía la jefatura del Gobierno, con la intención de que el cántabro liderase de facto el país a la sombra de la corona del Borbón, nombrado heredero por el genocida en 1969, en un movimiento diseñado para garantizar la continuidad del régimen franquista una vez desaparecido Franco.

El dictador no terminaba de confiar en el Borbón. Franco era un asesino frío y calculador, y sabía que Juan Carlos era un hombre mundano, bastante mediocre e inclinado, como buen italiano, al dolce far niente. Necesitaba a Juan Carlos para abrigarse con una legitimidad dinástica —ya que no sucesoria— y restaurar con el nuevo soberano una monarquía ilegítima y pensada para ser continuista, no democrática, pero ello implicaba correr el riesgo de un cambio de rumbo, como exigían los Estados Unidos, que dotara al nuevo régimen de una cierta apariencia democrática. Carrero debía ser el hombre que impidiera ese cambio de rumbo, el nuevo “generalísimo” que pilotara en realidad el país, aunque en nombre de un monarca, asegurando que la estructura del régimen —Movimiento Nacional, Cortes orgánicas, poder financiero, fidelidad del ejército, control absoluto del Poder Judicial, y máximo poder a la Iglesia— permaneciera intacta.

Dos días después de su nombramiento, Carrero anunció el nuevo gobierno. Un gabinete al que la prensa internacional —a la que irremediablemente hay que recurrir, como hoy, si se quiere saber qué sucedía realmente en España— calificó de “continuista y ultraconservador”. Con un viraje aún más hacia la extrema derecha, que reforzó el peso del sector inmovilista de un régimen que mantuvo sin modificar el aparato represivo y el del Movimiento, expulsó del poder a los “tecnócratas” del Opus Dei, que habían dominado la política económica en los sesenta, y dejó el Ministerio de Gobernación en manos de Carlos Arias Navarro, conocido por su criminal papel represivo durante la primera mitad de la década de los cuarenta como gobernador civil de Málaga, que le valió el sobrenombre de “el Carnicero de Málaga”.

El mensaje que el almirante hacía llegar a los españoles y al resto del mundo, especialmente a los Estados Unidos, era inequívoco: ninguna reforma política, ninguna liberalización, ninguna transición. Nada de democracia.

Carrero representaba la ortodoxia franquista más rígida, y su gobierno fue interpretado como un cierre de filas ante el creciente aislamiento internacional del régimen genocida y el aumento de la oposición interior al asesino.