La desproporción como norma: Indignación ante una violencia injustificable.

Es imposible observar las imágenes de lo ocurrido sin sentir una profunda indignación. El empuje brutal propinado a una maestra jubilada de 68 años no es solo un exceso; Es una muestra de abuso de poder que resulta inaceptable en cualquier sociedad que se autodenomine democrática.

Lo más alarmante de esta agresión es su carácter gratuito. La mujer, lejos de representar una amenaza, ya acataba las órdenes de otro agente y se dirigía hacia la acera, dejando la zona despejada.

Acorralarla y agredirla por la espalda cuando estaba descuidada no es una medida de control de masas, es un acto de cobardía impropio de quien debería garantizar la seguridad ciudadana. Este tipo de actuaciones, lejos de mantener el orden, erosionan la confianza pública y siembran miedo entre quienes simplemente ejercen su derecho a la protesta.

Esta actitud resulta aún más irritante cuando se contrasta con la pasividad habitual de los cuerpos de seguridad frente a las manifestaciones de grupos de extrema derecha. Es difícil no notar el doble rasero: Mientras que a una docente jubilada se la despacha con violencia física por una nimiedad, a menudo observamos una complacencia inexplicable cuando son otros los que ocupan las calles con discursos de odio o actitudes violentas.

La autoridad no otorga licencia para la brutalidad. Una policía que pierde la mesura con los vulnerables, pero que muestra una extraña suavidad con los intolerantes, falla en su misión fundamental.

Exigir explicaciones y responsabilidades no es un ataque al cuerpo policial, es una necesidad urgente para evitar que este tipo de abusos se normalicen bajo el uniforme.