LA UCO Y EL CONTRAPODER***.

Por. Josemi Montalbán.

La Guardia Civil apunta. La Guardia Civil sospecha. La Guardia Civil cree. La Guardia Civil pide al juez… De entre todas estas afirmaciones leídas en prensa en los últimos días, la que me parece más concluyente para poder aseverar, con absoluta certeza, que en España el Estado de derecho fue derribado con el primer llamamiento al “quien pueda hacer, que haga”, con el que el Don ordenó la fase final del golpe de Estado político, mediático, policial y judicial que la famiglia franquista puso en marcha en 2023 —en el mismo instante en que Feijóo no quiso ser presidente— es la última, mi estimado don Rodrigo.

En España no solo nos hemos olvidado de la presunción de inocencia —salvo para los “inocentes” con carné de la organización de extrema derecha Partido Popular—, sino también de que las investigaciones las dirige un juez (no un fiscal, como sería lógico) y que, por tanto, es al juez a quien compete pedir diligencias a la policía, y no al contrario.

En España hemos elevado, por obra y gracia de unos medios de comunicación tan podridos que ya repugnan, a rango de prueba condenatoria los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Cuando se refieren a presuntas guarradas protagonizadas por elementos progresistas, casi siempre están basados en suposiciones de los investigadores y casi nunca en pruebas concluyentes; pero afirman lo que a los hampones franquistas les interesa que afirmen. Todo lo contrario ocurre con las guarradas protagonizadas —presuntamente, porque en esos casos sí se acogen al sagrado principio de presunción— por honorables gentes de bien. Eso, siempre que se hayan molestado en realizar algún informe, porque hay casos en los que llevamos más de un año esperando para echar un vistazo a los folios de la UCO.

A nadie en España sorprende que el jefe de la UCO, el teniente coronel Balas —el hombre ya estaba predestinado— sea quien coordine las “investigaciones” sobre el hermano del presidente del Gobierno, o la que pretende llevar ahora al cadalso mediático a Leire Díaz, y también quien dirigió las “investigaciones” sobre el fiscal general del Estado, García Ortiz, que fue condenado por el Tribunal Supremo sin pruebas de la comisión de ningún delito, basándose exclusivamente en sospechas, suposiciones y creencias, entre otras “democráticas” y ajustadas a derecho pruebas concluyentes, como recortes de un periódico controlado por la famiglia. Igual a nadie debe sorprender tanta casualidad —y yo es que soy muy mal pensado—, pero todo esto me huele a hedor franquista, mi querido don Rodrigo, y por eso lo digo.

No me fío de la UCO; no me fío de la mayoría de nuestros jueces, que me parecen parciales y prevaricadores; no me creo nada de unos medios de comunicación que sé que están corrompidos y a sueldo de los mafiosos; no me fío, no puedo fiarme, de un presunto Estado de derecho que me ha demostrado, fehaciente y suficientemente, que el régimen monárquico está tan podrido como lo estuvo en el pasado. No me fío, mi querido Rodrigo, de la estructura política ni de las instituciones presuntamente democráticas de mi país, y tengo la sospecha de que a los españoles nos están tomando el pelo desde hace cincuenta años. No confío en la justicia, ni en la policía, ni en la prensa de España, y mi falta de confianza no viene motivada por el sanchismo —que puede ser culpable de todo lo que se le acusa a Sánchez y aún más, pero cualquiera se fía—, sino por el fascismo, tan integrado como evidente, en la estructura del Estado, que hace imposible creer en esta España monarquía parlamentaria.

Ya sé que, por lo que le acabo de confesar, mi estimado don Rodrigo, me van a tildar de comunista, de etarra, de narco, de esbirro bolivariano o de otras infinitas majaderías, todas tan absurdas como las enumeradas, escupidas por especímenes tan poco dados a reflexionar, tan poco entrenados en el sano ejercicio de ejercitar la mente, que aceptan como palabra divina la falacia de hampones que, después de saquear España y hundirnos a los españoles en la inmundicia hasta las orejas, ahora se autoproclaman defensores de la honestidad: impolutos seres de luz que vienen a salvarnos de la nefasta y corrupta gestión de un gobierno, legítimo, que es halagado en el resto del mundo y que ha colocado a España como país de referencia, incluso para el dinero que tanto gusta a los hampones.

No me recato, no me da la gana. Estoy harto de ver cómo gente que no ha cometido ningún delito —jóvenes de Alsasua, raperos que cantan verdades, sindicalistas que luchan por un salario digno, estudiantes que responden a las provocaciones de un provocador nazi, un fiscal general del Estado...— acaba condenada. No me recato, no me da la gana, ante la próxima y cantada imputación del legítimo presidente del legítimo Gobierno de España, pedro Sánchez, por vaya usted a saber qué sospecha de la UCO, que dejará expedito el camino que cerraron las urnas para que los hampones fascistas alcancen, por medios ilegítimos, antidemocráticos y mafiosos, lo que el pueblo español les negó.

No me recato lo más mínimo, mi estimado don Rodrigo, para decirle que la única solución que veo para saltar este abismo frente al que nos ha colocado la mafia franquista es la demolición del régimen hasta más allá de sus cimientos y comenzar de cero a edificar un nuevo Estado desde la única base legítima del Estado: una república, libres del contrapoder judicial fascista, las portadas de a tanto la palabra, y las sospechas de la UCO.