El arzobispo de Madrid y Rouco Varela, son la rehostia, cabalgan juntos.

El arzobispo de Madrid justifica la mansión de lujo de Rouco: "En algún sitio tenía que vivir" (“¡Coño!”)

Carlos Osoro, el prelado que sustituyó a Rouco Varela, que vive ahora en un piso de 1,2 millones de euros, le defiende argumentando que fue una donación y que se encontraba vacío: "No ha costado absolutamente nada"

Público 22-6-2016

EUROPA PRESS

MADRID.- El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha explicado este lunes que su antecesor en el cargo, Antonio María Rouco Varela, ocupa un piso valorado en 1,2 millones de euros porque "en algún sitio tenía que vivir" y que "no ha costado absolutamente nada".
En una entrevista en Antena 3 Osoro ha negado que haya costado nada ese piso, fruto de la donación de una feligresa. "Es un piso que está hecho para sacerdotes y ese piso lo ha ocupado el cardenal porque en algún sitio tenía que vivir. Y ha ido porque no ha costado absolutamente nada, es de la Fundación", ha aclarado.

Ese piso estaba "vacío" cuando Rouco Varela dejó el Arzobispado de Madrid aunque Osoro ha reconocido que no sabe si había más disponibles en ese momento.
Preguntado sobre el posicionamiento de Rouco Varela ante el asalto a una capilla de la Universidad Complutense por parte de la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, Carlos Osoro ha contestado que cree que tienen "exactamente" la "misma visión".
"Creo que haría lo mismo que estoy diciendo yo", ha opinado. El arzobispo de Madrid ha asegurado este lunes que no juzga a Rita Maestre, a lo que añade que los feligreses que no comprendan su posición es porque "entienden mal el cristianismo" y pide "respeto" para todos los espacios.

VIVIENDA

Amnistía denuncia que España cuenta con solo un 1,1% de vivienda social

·         Se trata, según la ONG, del parque de vivienda social "más endeble de Europa"

·         En Holanda el 32% de pisos son de este tipo y en Francia el 17%

Elena Herrera

23/06/2015

La ONG Amnistía Internacional denuncia en un informe presentado este martes que el Gobierno, al que acusa de inviabilizar el problema del acceso a la vivienda, no ha adoptado las medidas suficientes para paliar el drama de las familias que son desahuciadas de sus viviendas para no poder hacer frente a los pagos de su hipoteca o alquiler. Así, aseguran que las autoridades han adoptado además "medidas regresivas que son contrarias al derecho internacional" como reducir en más del 50% el gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.

En este sentido, la ONG ha recordado que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Asimismo, denunciaron que en este contexto las autoridades de Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid "han procedido a vender vivienda social, obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda".

Bajo la excusa de la asfixia financiera, el Ayuntamiento de Madrid y el Ejecutivo regional –ambos en manos del PP– vendieron en 2013 a fondos de inversión un total de 4.795 viviendas de protección pública que, hasta entonces, estaban gestionadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), respectivamente. En Cataluña, entre 2010 y 2011, Regesa, la empresa de vivienda pública de la zona metropolitana de Barcelona, vendió 381 viviendas a una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI). 

Los afectados vienen denunciando que los nuevos propietarios no están renovando las ayudas al alquiler que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad, lo que multiplica la renta y apresura los desalojos. El País dio cuenta este miércoles de un informe del Ministerio de Hacienda que evidencia que seis de cada diez desahucios ejecutados en Madrid se producen en las viviendas públicas de alquiler social vendidas a fondos de inversión.

Datos oficiales 

Por otro lado, Amnistía Internacional pone negro sobre blanco en su informe, titulado Derechos desalojados: el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, las cifras oficiales que evidencian que el drama de los desahucios no se ha acabado. Según datos del Banco de España, entre enero de 2012 y junio de 2014, se produjeron más de 98.000 desalojos hipotecarios de viviendas habituales. Y a juicio de la ONG las medidas puestas en marcha por el Gobierno en este tiempo –el código de buenas prácticas de la banca y el fondo de vivienda social– no son suficientes.
Ante este panorama, la ONG reclama que se paralicen todos los desalojos hipotecarios "hasta que se adopten garantías de protección". En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces analicen, caso por caso, la "razonabilidad y proporcionalidad" de cada desahucio, así como el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas "en el que las autoridades exijan a estas que el desalojo sea la última alternativa y se prioricen soluciones que permitan a las personas permanecer en las viviendas donde residen".