Una
jueza de Soria ordena buscar a dos generales franquistas por un fusilamiento de
1936
Ordena, contra las directrices
judiciales, que se investigue el paradero de dos militares por el asesinato de
10 personas en 1936 en el pueblo soriano de Barcones
Entre las víctimas, un telefonista,
un concejal o un jornalero. Fueron asesinados de dos en dos en una cuneta
Las familias encontraron en 2013 los
restos de seis de los 10 asesinados gracias a donaciones privadas
elDiario.es
18-6-2015
La inmensa mayoría de jueces que reciben una denuncia
por un asesinato de la represión franquista no admite la denuncia. El resto, la
admite pero inmediatamente la archiva siguiendo las directrices judiciales que
se establecieron en 2008, cuando Garzón fue expulsado de la Audiencia Nacional
por investigar estos crímenes.
Pero a veces hay excepciones como el de la titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), que ha reclamado el
paradero de los responsables militares del asesinato de 10 civiles en Barcones
(Soria) en la mañana del 14 de agosto de 1936. La jueza quiere saber qué
ocurrió y por eso ha pedido la declaración de los supuestos culpables, en caso
de estar vivos, y la documentación de la represión en la zona que tenga el
Archivo Histórico Provincial de Soria y el Archivo de Salamanca.
La asociación Recuerdo y Dignidad de Soria acudió al
juzgado en julio de 2013, una semana antes de que el equipo del médico forense
Francisco Etxeberria comenzara a buscar a las víctimas. "Admitieron la
denuncia pero acabó archivada porque decían que nadie era culpable de aquello.
Acabamos recurriendo hasta al Tribunal Constitucional, pero ya no sabíamos qué
hacer, hasta que nos dimos cuenta de que sí que existían pruebas para
investigar quiénes fueron los responsables. El pasado marzo presentamos
documentación de las cárceles y testimonios para la reapertura del caso y el 1
de junio nos hemos llevado la sorpresa", explica Iván Aparicio, portavoz
de la asociación.
Un telefonista, un concejal de Cultura...
Entre las 10 víctimas de aquella mañana del 14 de
agosto de 1936 había un jornalero, un telefonista, un guardabarreras e incluso
un concejal de Cultura. De ellos, seis eran vecinos de San Esteban de Gormaz.
Fueron sacados de la cárcel de Burgo de Osma en un camión al que subieron por
el camino a otros cuatro sindicalistas de CNT. En una cuneta de Almazán fueron
fusilados de dos en dos. La exhumación organizada en 2013 consiguió recuperar
seis cuerpos.
El resto están desaparecidos. La asociación pagó las
pruebas genéticas y todos los gastos gracias a donaciones privadas. "Una
de ellas fue de 2.000 euros de un ciudadano de Barcelona; Miquel. Una mañana,
camino del trabajo, me escuchó en la radio contar lo que estábamos haciendo y
que no teníamos un duro. No se lo pensó y nos donó 2.000 euros. Cuando terminó
la identificación de los cuerpos y se los entregamos a los familiares le llamé
para que viniera al acto. Me dijo que en ese momento estaba en paro, pero que
no se arrepentía del donativo, que lo volvería a hacer", relata Aparicio.
La falta de dinero público para recuperar
los restos que hijos y nietos de fusilados reclaman a través de las
asociaciones para la recuperación de la memoria histórica es una constante
desde que hace 13 años se recuperara el primer cuerpo con métodos científicos.
La escasez de subvenciones se ha acentuado desde que Mariano Rajoy llegó al
Gobierno y suspendió todas las ayudas que el Gobierno socialista otorgó para
estos proyectos. "Algunos
se han acordado de su padre, parece ser, cuando hay subvenciones",
dijo el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. La Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
reclamó el pasado miércoles en la Cámara la dimisión del diputado.
"La mayoría de las personas octogenarias que
tienen una madre o un padre desaparecido afirman que se podrán morir tranquilas
cuando los hayan encontrado y enterrado dignamente. Los nietos y nietas de esos
desaparecidos conocen el permanente dolor de sus padres y madres, la angustia
que han sufrido toda la vida por no poder llevar sus restos a un lugar
digno", denuncia la ARMH. "Esa es la razón por la que sus
declaraciones pueden considerarse crueles y degradantes", añaden.
Busca a dos generales de Franco
La jueza de Almazán ha reclamado a la Policía Judicial
que investigue el paradero del "Sr. General de la 5ª Región Orgánica y
Comandante Militar de Zaragoza, (en el momento del nombramiento del Comandante
Militar de Soria) Miguel Cabanellas Ferrer, así como (en el momento de los
asesinatos) el General Germán Gil y Yuste". El juzgado quiere saber si
"siguen vivos, para ser oídos, en su caso, en declaración". Además ha
reclamado los datos del entonces jefe de la Comandancia Militar de Soria, Rafael
Sevillano, así como el Gobernador Civil, Ramón Enrique Casado García".
La ARMH acude siempre al juzgado correspondiente
cuando va a hacer una exhumación con el objetivo de implicar a la
Administración en la búsqueda, identificación y esclarecimiento de los hechos.
"La mayoría tira a la papelera la denuncia. Nos han dicho que deberíamos
denunciar a esos jueces porque están incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que obliga a que si aparecen unos cuerpos con signos evidentes de
muerte violenta se investiguen los hechos", detalla Emilio Silva,
presidente de la ARMH. En contadas ocasiones, la ARMH ha conseguido que el
juzgado pagara las pruebas de ADN como en Villablino (León) en 2002, en Pepino
(Toledo) en 2003 o en Otero de los Herreros (Segovia) en 2003.
Casi un lustro después, en diciembre de 2007, el Gobierno
aprobó la Ley de la Memoria Histórica que nunca desarrolló sus artículos
para que la búsqueda de los restos, su exhumación y las pruebas genéticas
fueran pagadas por el Estado.
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