Una abuela tiene que
entrar en prisión por negarse a demoler su casa ilegal
Autoridades y asociaciones de
Fuerteventura piden su indulto
La mujer se ha desmayado poco antes
de abordar el barco para ir a la cárcel
TXEMA
SANTANA Las
Palmas
ElPaís
Josefa
Hernández tiene 63 años y está previsto que entre en prisión durante la tarde
de este viernes por negarse a derribar la vivienda en la que reside junto a su
familia y que está levantada en un parque natural de Betancuria, Fuerteventura.
"Antes de que fuera espacio protegido, el terreno era de mis padres",
dice Josefa que deja muy claro que se trata de su única vivienda. Esta mujer,
madre de siete hijos, empezó el jueves una huelga de hambre en la delegación
del Gobierno en Fuerteventura, a la que se ha sumado una de sus hijas. En 2012
se dictó una sentencia firme que le condenaba a pagar 700 euros, demoler la
vivienda y cumplir seis meses de prisión. Josefa no tiró su casa porque,
según defiende, no tiene donde "ir a vivir". Actualmente vive en la
propiedad junto a un hijo y una hija con discapacidad del 39% y sus tres
nietos.
Tanto Podemos, como la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca y otros grupos políticos, han solicitado su indulto apelando a la
cohesión social y motivos de salud, ya que padece diabetes e hipertensión. La
mujer se ha desmayado esta tarde antes de abordar el barco en el que tenía
previsto desplazarse hasta la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, ya que en
Fuerteventura no hay centro penitenciario, según informa Pedro Murillo.
Josefa
cobra una prestación de 320 euros y está inquieta por sus nietos. La noche del
jueves fue complicada para ella. Asegura que se derrumbó pensando en las horas
que vendrían y, sobre todo, en que su familia, que se quedará sin techo.
"Entre o no entre en la cárcel van a derribar la casa, algo tendré que
hacer porque se trata de la vida de mis nietos, la mía me da igual, pero ¿los
tres niños qué? ¿Quién les va a dar de comer?".
Marcial
Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura y también Marcelino Cerdeña,
alcalde del municipio en el que vive la familia tenían previsto acompañar a la
sexagenaria en su trayecto para ingresar en prisión. Las dos administraciones,
además de darle apoyo moral y acompañarla hasta la puerta de la cárcel, le han
ofrecido ayuda jurídica.
Desde
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Fuerteventura han prestado apoyo
a Josefa y en los últimos días, cuando se ha acercado la orden de entrada en
prisión, se han sumado la mayoría de partidos políticos en la isla. Andrés
Briansó, miembro de la PAH y de Podemos, explicaba que "la familia está
nerviosa porque la salud de Josefa se puede resentir por la huelga de
hambre".
En
2012, una sentencia del Juzgado número 2 de Puerto del Rosario condenaba a esta
mujer y la condena se complicaba más cuando miembros del Seprona en una visita
realizada observaron que además de no derribarla había construido un nuevo
habitáculo de madera.
Josefa
no entiende por qué hay otras viviendas cercanas a la suya que no han sido
cuestionadas. Cuentan desde el Ayuntamiento que la concejalía de Servicios
Sociales requirió mejoras en la vivienda para poder mantener con ella a sus
nietos y fue en ese momento cuando alguien tramitó una denuncia que ha acabado
con la multa de 700 euros, que ya ha pagado, y la obligación de derribar su
vivienda porque está dentro de un parque natural.
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