Denuncian
a España ante la ONU por ocultar crímenes del franquismo
Las
ONG Trial International y Women’s Link Wolrdwide han presentado ante el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas el "primer caso" sobre
desapariciones forzadas del régimen franquista
Las
organizaciones acusan a de poner "un velo" a los delitos de Franco al
presentar ante la ONU la detención ilegal y asesinato en agosto de 1936 de un
matrimonio, Margalida Jaume y Antonio Alomar
15/01/2019 –
Eldiario.es
Denuncian a España ante la ONU por ocultar
crímenes del franquismo. Las ONG Trial International y Women's Link Worldwide,
en colaboración con la asociación local Memoria de Mallorca, han presentado el
"primer caso" relacionado con crímenes del franquismo ante el Consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas: la desaparición forzada de un
matrimonio, Margalida Jaume y Antonio Alomar.
Las organizaciones señalan al Estado español “por
dibujar un velo” que tapa los delitos cometidos en "la era
franquista", desde el golpe de Estado a la muerte del dictador Francisco
Franco en 1975. Y "desean incitar a las autoridades españolas para que
finalmente arrojen luz sobre los delitos pasados".
A Margalida Jaume Vandrel y Antonio Alomar Más nadie
volvió a verles desde agosto de 1936. Un grupo de falangistas los detuvo en
Manacor (Mallorca). Quedaron detenidos de forma ilegal y sufrieron
humillaciones y tortura durante su cautiverio.
Días después, Antonio y Margalida fueron ejecutados.
Hoy siguen desaparecidos. Nunca aparecieron sus restos óseos. Y su hija y su
nieta, Francisca Alomar Jaume y Bartolomea María Riera Alomar, los siguen buscando.
Al presentar el caso ante la ONU, las ONG apelan
al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que
"España es parte". Un texto que obliga a los países firmantes a
"organizar la búsqueda exhaustiva de sus ciudadanos desaparecidos,
castigar a los autores de violaciones masivas de derechos humanos y reparar
efectivamente a las víctimas".
La
impunidad del franquismo
"44 años después de la caída de la dictadura,
familiares y sobrevivientes aún esperan justicia: ya es hora de que España
arroje luz sobre los crímenes de su pasado", señalan los colectivos en un comunicado. Son "décadas de incertidumbre para miles de
víctimas", subrayan.
"La Ley de Amnistía española de 1977 impide la
investigación de los delitos cometidos durante la Guerra Civil", apunta la
abogada de Women's Link Worldwide, Teresa Fernández. Esta ONG logró que la
justicia argentina investigue la represión específica del franquismo contra las mujeres.
Este muro tapa los crímenes del franquismo y
garantiza la impunidad del régimen de Franco. "Como resultado”, continúa,
las víctimas "solo pueden volver a los mecanismos supranacionales para
buscar la verdad y la justicia". La letrada afea también el compromiso del
país en la apertura de fosas comunes: "El presupuesto para la búsqueda de
los desaparecidos también es ampliamente insuficiente".
El Gobierno de Pedro Sánchez ha recuperado la partida dedicada a Memoria Histórica en los Presupuestos
Generales del Estado de 2019 con una cifra récord: 15 millones de euros,
después de dos legislaturas marcadas por el "cero euros" de Mariano Rajoy. Las cuentas, que deben ser aprobadas por el Congreso de los
Diputados, destina 3 millones a abrir fosas comunes.
Las
desapariciones forzadas, "práctica sistemática"
Las "desapariciones forzadas" fueron
"una práctica sistemática durante la Guerra Civil española y bajo la
dictadura de Franco", explican las organizaciones denunciantes. Y las
mujeres tenían un tratamiento 'especial' en la ejecución de estos crímenes
contra la humanidad.
"Las mujeres estaban particularmente en riesgo
de sufrir esta violencia, ya fuera para sofocar su propio activismo o en
represalia por las opiniones políticas de sus familiares", sostienen.
Quienes osaron romper "el modelo femenino tradicional sostenido por el
nacionalismo católico también corrieron el riesgo de represalias, que
generalmente consistieron en violencia sexual".
Como ocurrió con Margalida Jaume, detenida en agosto
del 36 junto a su marido Antonio Alomar. Ella estaba embarazada de siete meses.
Un testigo vio cómo al menos uno de los falangistas la violó: "Nunca me
había gozado a una embarazada", dijo.
Antonio y Margalida tenían dos hijas, Antonia (11
años) y Francisca (8). La hija más joven de la pareja, ahora con 90 años,
"todavía no sabe lo que les pasó". Ninguna institución pública
informó jamás sobre el paradero de sus padres.
El caso también está denunciado en la conocida como
Querella Argentina junto a otros episodios de represión específica del franquismo contra las mujeres. Ahora, junto con su sobrina, y con el
apoyo de dos ONG, "ha decidido llevar su lucha al siguiente nivel:
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(CDH)".
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