sábado, 29 de noviembre de 2025
Archivan el caso del hostelero de Vigo propalestino: cuando la justicia reconoce que criticar a un Estado no es odiar a un pueblo
EL USO DEL DELITO DE ODIO COMO ARMA POLÍTICA
La historia es conocida: verano de 2025, un vídeo circula por redes, un hostelero libanés afincado en Vigo, Samir Slim, expulsa a un grupo de turistas israelíes y grita “Viva Palestina libre”. Una llamada desde Madrid activa a la Policía Nacional. El atestado llega al juzgado de instrucción número 4. No hay denuncia, no hay querella. Corre por vía de oficio, porque el artículo 510 del Código Penal permite investigar delitos de odio incluso sin víctimas reclamándolos.
Pero cuando el juez empieza a tirar del hilo, todo empieza a desmontarse. La embajada de Israel en España no colabora. No responde a los requerimientos. No identifica a los supuestos perjudicados. Ni un nombre, ni un teléfono, ni un correo. Nada. Para un caso que dependía precisamente de localizar a esas personas, la falta de cooperación lo dejó todo en un limbo.
Y es entonces cuando el juez va más lejos. Mira el vídeo. Escucha al hostelero. Toma declaración al único testigo presencial. Concluye que lo único verificable es un cruce verbal de dos minutos, una escena confusa, un rifirrafe que podría haber tenido que ver con el servicio, con una mala respuesta, con un malentendido o con cualquier otra discusión cotidiana que estalla entre clientela y hostelería.
Ahí entra la parte crucial. El magistrado señala que criticar al Gobierno de Israel, sus políticas o incluso el genocidio en Gaza, está amparado por la libertad de expresión. No es antisemitismo. No es odio al pueblo judío. No es delito. Y lo dice con una claridad que no suele escucharse en los juzgados españoles.
“No se puede utilizar la acusación de antisemitismo para silenciar la crítica legítima a las políticas de Israel”, recuerda el auto, citando expresamente la Recomendación nº 9 revisada de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que advierte del uso abusivo de este concepto para reprimir voces críticas en el marco de la ocupación de Palestina.
Esa frase del auto es una bofetada política revestida de lenguaje jurídico.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, CONTEXTO Y UN SOBRESEIMIENTO QUE EXPLICA MUCHO MÁS
El juez no solo archiva por falta de perjudicados localizables. Archiva porque no ve odio donde algunos querían verlo. Porque la acción, para ser delito, debía dirigirse a personas concretas por su pertenencia al colectivo judío. Y nada de eso queda acreditado.
No hay indicios de antisemitismo. No hay incitación a la violencia. No hay animadversión estructural contra un grupo. Solo un vídeo parcial, grabado fuera de contexto, amplificado después en redes y convertido, como tantas veces, en munición política para quienes llevan años intentando criminalizar cualquier gesto de solidaridad con Palestina.
El magistrado lo expresa con firmeza:
“No consta suficientemente acreditado el ánimo de animadversión hacia el colectivo unificado por su religión u origen.”
Y añade algo todavía más importante: incluso si el incidente fue desagradable, incluso si hubo tensión, el contexto es determinante. Y el contexto, en este caso, es un conflicto en torno al servicio de hostelería, no la promoción pública del odio.
El sobreseimiento es provisional, sí, como casi todos en fase de instrucción. Puede recurrirse. Pero lo que encierra esta resolución es una advertencia en voz baja: no todo puede convertirse en delito solo porque atraviesa la palabra “Israel”.
Ahí está la clave. En un año marcado por detenciones selectivas, por criminalización de manifestaciones propalestinas y por intentos de equiparar antisionismo con antisemitismo, un juzgado de Vigo recuerda algo básico:
defender a Palestina no es odiar a nadie; es exigir que el derecho internacional se cumpla.
Y eso, en 2025, ya parece un acto de resistencia.
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Pérez Llorca, el ‘mazonista’ que paga el peaje de Vox a la valenciana: de sus polémicas inmobiliarias al “gasofa” amigo de Zaplana
El recientemente elegido president, que se ha plegado a los intereses de la ultraderecha, generó controversia con sus viviendas y regó de dinero público a un empresario del ‘caso Erial’
Rubén Rozas
29-11-25
ElPlural
Juanfran Pérez Llorca (1976) ha confirmado su sucesión al frente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox, a cuyas políticas, dejaba clara en la sesión que lo aupó definitivamente, dará carta blanca.
La migración, el cambio climático -Pacto Verde Europeo-, el valenciano o el reparto desigualitario de la riqueza marcarán la hoja de ruta en la Comunidad Valenciana si se cumple en la práctica la teoría puesta sobre la tribuna por parte de la persona que sucede a Carlos Mazón en la Autonomía.
Número dos del líder del PP en la región y alcalde de Finestrat, una pequeña localidad protegida en la comarca de Marina Baixa (Alicante), Pérez Llorca vive en un inmueble propiedad de sus padres que no está declarado. A menos así lo cuentan las últimas informaciones al respecto, de elDiario.es, que escasos días antes de la DANA explicaban que la vivienda no había seguido los pasos necesarios ante el parlamento valenciano.
El domicilio se sitúa en una parcela rústica no urbanizable -en consecuencia, es ilegal edificar-, de 800 metros cuadrados y que dispone también de un campo de cultivo sobre el que se erige un parking levantado sobre una placa de hormigón con jardín. Asimismo, el terreno cuenta con una piscina, un cenador -espacio dedicado a acoger comidas- y el aparcamiento, que se encuentra fuera de la ordenación.
Ladrillo y turismo
El chalet, dado de alto a principios de la década de los 90, era propiedad de su abuela, aunque la casa es anterior a 1987 y fue reformada en 2017. Cabe destacar que Finestrat se encuentra a escasos kilómetros de Terra Mítica, en una zona en la que suelen verse grúas y que históricamente ha vivido del ladrillo y el turismo, por lo que es tierra fértil para la especulación inmobiliaria.
Siguiendo con el tema de la Vivienda, lo que sí declaró el ahora president por aquel entonces fueron participaciones en dos empresas que comparte con sus hermanos y cuyas acciones estaban valoradas en menos de 100.000 euros. Sin embargo, los activos son de 4,3 millones de euros y gestionaba en el momento de publicación de las noticias, ocho viviendas entre las que aparecen un dúplex, tres plazas de aparcamiento, cinco trasteros o seis campos de cultivo.
Esta información la ocultó, haciendo gala del habitual oscurantismo en la Comunidad Valenciana, como habitual es el compadreo con la corrupción. Y ahí, que se sepa, Pérez Llorca tampoco escapa a la polémica después de favorecer al entorno del expresident Eduardo Zaplana.
Concretamente, el de Finestrat fue uno de los ayuntamientos gobernados por el PP que cerraron contratos con ‘El Gasofa’, amigo de Zaplana. El secretario general de los ‘populares’ valencianos dio 190.000 euros a la empresa de Francisco Pérez López, empresario acusado en el ‘caso Erial’ al que la Fiscalía Anticorrupción pedía siete años de prisión.
Pérez López fue alcalde de Benidorm y apareció, el 22 de octubre del año pasado, como “absuelto de los delitos por los que venían siendo acusados” junto a cuatro procesados más, pero “como autor criminalmente responsable de un delito de falsedad” condenado a un año y seis meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación para sufragio pasivo y una multa de 12.000 euros por falsificar un documento de venta de la parte del barco Loix que correspondía a Gregorio Fideo, antiguo secretario de Zaplana.
Seguidismo de Mazón de la mano de la ultraderecha
Pérez Llorca es un perfil absolutamente continuista de Mazón -su número dos, mismas políticas y cuenta (esto a modo de curiosidad) con un cuadro con el predecesor- cuya función en términos estrictamente políticos parece clara: calmar los ánimos en el partido y en la Comunidad Valenciana.
Las víctimas de la DANA y la inmensa mayoría de la población valenciana exigían elecciones tras la dimisión del que fuera líder del Consell, pero PP y Vox han hecho caso omiso y dan rienda suelta a un decálogo escrito por la extrema derecha aunque sea Pérez Llorca quien le dio voz en el Palau.
Su gestión en las altas esferas valencianas ha sido definida por el equilibrio entre la promoción turística y la estabilidad financiera, dos pilares que trasladó a su labor como secretario general del PPCV, cargó al que accedió en 2023 escogido personalmente por Mazón.
partido apuesta por alguien que, creen, es capaz de proyectar esa imagen de cohesión que en ocasiones es complicada de percibir, sobre todo entre Madrid -no era el favorito de Génova- y Valencia. Todo a la vez que se estrecha el cerco sobre el expresident y su paradero el día de la DANA.
El PP subvencionó las jornadas jurídicas de OkDiario en las que participaron los abogados de Koldo y Ábalos
Uno de los letrados admite a ElPlural.com que le sufragaron el viaje, aunque desconocía que fueran los conservadores quien lo patrocinaran
J. PARDO / N. CABALLERO / S. GASPARYAN
29-11-25
El PP financió las II Jornadas Jurídicas de OkDiario celebradas hace apenas una semana, los días 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Don Carlos de Marbella. Dos fechas repletas de mesas de debate en las que formaron parte Carlos Bautista, abogado del exministro José Luis Ábalos, y Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García Izaguirre.
Dos contrataciones caprichosas que coinciden en tiempo con un cambio en la estrategia de defensa de los dos presuntos delincuentes, condenados a cárcel sin fianza este mismo jueves por su extensa participación en un entramado corrupto en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. De hecho, tanto Ábalos como Koldo han tratado de alejar la posibilidad de entrar en Soto del Real (como finalmente decidió el Tribunal Supremo) al estilo Víctor de Aldama, proponiendo una colaboración con la justicia entre ataques a Moncloa que han encontrado repercusión en la derecha mediática.
El propio OkDiario, medio organizador de las jornadas jurídicas, fue quien consiguió en exclusiva una entrevista con Koldo García publicada el mismo día en el que el Alto Tribunal decidió la entrada en prisión del asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.
Una conexión que cobra más relevancia si tenemos en cuánto quiénes fueron los patrocinadores del evento. El propio Inda, en su discurso de agradecimientos, dejó clara la conexión del debate jurídico con el PP a través del ayuntamiento de Marbella, liderado por la alcaldesa Ángeles ‘Titi’ Muñoz -relacionada familiarmente con el narcotráfico imputado a su hijastro-, y la Diputación de Málaga. “Gracias a la Diputación de Málaga, al Ayuntamiento de Marbella, a la Mancomunidad de Municipios, al Hotel Don Carlos y a Martínez-Echevarría”, concluía el director del medio conservador.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con Carlos Bautista y Letizia de la Hoz para conocer cuál fue la remuneración por formar parte de estas jornadas jurídicas. Si bien el primero de ellos no ha respondido a la hora de la publicación, la letrada admite que le pagaron el viaje hasta Marbella, aunque reconoció su sorpresa al conocer que fue el Partido Popular quien subvencionó las charlas.
Cambio de estrategia
Con apenas dos días de diferencia, con la amenaza de prisión sobrevolando, Ábalos cambió su estrategia. El exministro inició la semana con un never, never, never como respuesta a la información que El Español publicaba sobre una presunta reunión de Sánchez, con Cerdán y Otegi en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero ese ‘no’ que trasladó a la Cadena SER cambió a escasas horas de que el Tribunal Supremo decidiera si lo mandaba o no a prisión – como al fin sucedió -.
48 horas después de la primera negativa, el exministro cambió su estrategia y por primera vez cargaba de manera pública contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ejecutivo del que, por cierto, formó parte hasta el año 2021. El miércoles por la mañana ya confirió cierta credibilidad – o lo intentó – a la información de El Español. Lo hizo en redes sociales, desde donde también atacaría a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la tarde. Aseguró entonces que a él le transmitieron algunos presentes que ese encuentro con el líder de EH Bildu sí existió, a pesar de que desde Ferraz lo nieguen por completo.
Tras ello, como reprimenda a unas declaraciones contra su persona, le colocó una diana a quien fuera su compañera en el Consejo de Ministros al insinuar que la vicepresidenta segunda utiliza la vivienda pública para alojar a terceras personas que no tienen derecho a ello. Un ataque furibundo que clarificó un cambio en la estrategia de defensa de Ábalos, que ahora opta por morir matando y que constata con sus últimas palabras y actos antes de ingresar en la prisión de Soto del Real.
Al igual que el que fuera su asesor durante su etapa en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ábalos concedió una entrevista antes de su ingreso en la cárcel. Lo hizo precisamente a OkDiario; medio que también ha publicado un reportaje con Koldo García Izaguirre preparándose para personarse en el centro penitenciario. El ex secretario de Organización socialista, además de sugerir la existencia de la reunión con Otegi y de cargar con dureza contra Díaz, señala ahora al presidente del Gobierno y le acusa haberle filtrado la investigación secreta de la Fiscalía hacia su excolaborador.
Los avisos tanto de Koldo como de Ábalos han generado cierta inquietud entre las filas socialistas; siendo plenamente conscientes del poder que supone la imagen de ambos entrando en prisión. No obstante, rebajan los niveles de tensión y reivindican que el partido actuó en su momento en consecuencia con lo sucedido; convencidos de que ni el exministro ni su asesor tienen nada que pueda comprometerles.
La polémica de los cursos
Sin embargo, este hecho no se trata ni mucho menos de un caso aislado en el que los límites (si es que existen) entre justicia y política se traspasan. Y es que, este mismo martes se conocía que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), primera entidad en presentar querella contra la Fiscalía en el caso de García Ortíz, contrató a tres jueces Tribunal Supremo para impartir un curso remunerado. Unas jornadas que comenzaron apenas 24 horas después de finalizar el juicio al ya ex fiscal general del Estado.
Para ser más precisos, los jueces involucrados son Andrés Martínez Arrieta, quien presidió el tribunal encargado de juzgar a García Ortiz; Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, este último director de la formación y protagonista de una reciente polémica tras ser grabado incitando a incumplir la ley y vulnerar el secreto de sumario.
El curso, titulado Casación y turno especial, arrancó el pasado 14 de noviembre, justo un día después de que el juicio quedara visto para sentencia, y se prolongó hasta el día 25. Las sesiones impartidas por los magistrados del Supremo tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con las deliberaciones internas que concluyeron con la condena al fiscal general - inhabilitado temporalmente de sus funciones y sancionado con una multa de 7.200 euros -. Conviene recordar que fue el propio ICAM quien encabezó la acusación popular y la primera querella presentada contra la Fiscalía en este procedimiento.
El citado curso, necesario para acceder al turno de oficio especializado en casación, incluía ponencias a cargo de miembros del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Constitucional y de profesionales de la abogacía. Sus organizadores fijaron una remuneración de 90 euros por hora lectiva. Según las cifras disponibles, Andrés Martínez Arrieta impartió dos horas de docencia, con un pago total de 180 euros; mientras que Berdugo y Del Moral ofrecieron cuatro horas cada uno, recibiendo 360 euros. Además, Del Moral percibió 270 euros adicionales por la coordinación del curso, alcanzando un total de 630 euros.
El reparto de sesiones también resulta significativo. Del Moral abrió las ponencias el 17 de noviembre con dos intervenciones de dos horas. Al día siguiente, fue el turno de Martínez Arrieta, ponente de la futura sentencia contra García Ortiz, tras imponerse su criterio frente a la propuesta absolutoria de la magistrada Susana Polo. Finalmente, el 19 de noviembre intervino Berdugo, autor de una sentencia del Constitucional que subraya la necesidad de garantizar la imparcialidad judicial y evitar relaciones indebidas entre jueces y partes implicadas.
viernes, 28 de noviembre de 2025
| Moreno Bonilla y Ábalos: la coartada perfecta
ANDALUCÍA COMO ESCENARIO DE HUMO Y SOMBRAS
El último debate del estado de la comunidad no fue un examen democrático. Fue un blindaje. Un muro de humo. Juan Manuel Moreno llegó al Parlamento andaluz parapetado tras la imagen del día: José Luis Ábalos entrando en prisión provisional. Un regalo caído del cielo para un presidente que llegaba con las defensas bajas, acorralado por las mordidas de la Diputación de Almería, por la crisis del cribado de cáncer de mama y por una sanidad pública en estado de ruina funcional.
La oposición tenía todas las herramientas para desmontarlo. Vox por el barro. El PSOE por la corrupción. Las y los portavoces de Por Andalucía y Adelante por el desastre sanitario y la privatización silenciosa. Pero Moreno encontró la coartada perfecta. Un enemigo abatido en directo. Un socialista esposado en la portada. Y así, mientras la cámara seguía a Ábalos hacia el furgón policial, el presidente andaluz jubilaba cualquier intento de rendición de cuentas.
El cálculo político era obsceno. El choque entre dos realidades también. Mientras las enfermeras y enfermeros del SAS denuncian contratos basura y listas de espera de récord, Moreno presumía de “inversión histórica”. Mientras las mujeres afectadas por los cribados fallidos, aún marcadas por retrasos diagnósticos, señalan al Gobierno andaluz, el presidente anunciaba un “acto único” de mamografía, ecografía y biopsia como si acabara de inventarlo. Como si no existiera desde 2011, como recordó el PSOE. La técnica de siempre: prometer como novedad lo que lleva años en un cajón.
La frase del día la puso Anabel, paciente onubense arrinconada por un diagnóstico tardío: “Juanma, me has arruinado la vida y yo te voté”. Moreno la escuchó, pero contestó acusando a la oposición de “manipular a las mujeres”. La política reducida a un espejo donde sólo él se refleja inocente.
CORRUPCIÓN, SANIDAD Y UNA ESTRATEGIA DE EVASIÓN
La escena fue casi pedagógica. Cuando María Márquez, portavoz socialista, se disponía a golpear con el caso Almería, la noticia de Ábalos encarcelado explotó como un cortafuegos. Vox celebró, el PP respiró y el debate se inclinó hacia ese barro moral compartido que tanto favorece a quienes quieren instalar el “todos son iguales”.
Pero no todo es igual. El PP de Almería lleva cuatro años navegando entre comisiones ilegales, chats comprometidos y adjudicaciones a dedo, como recordó José Ignacio García, de Adelante Andalucía, citando uno por uno los mensajes intervenidos por la Guardia Civil. “Pero usted no sabía nada”, repitió como martillo. El eco de la pandemia —cuando algunos se forraban mientras sanitarias y sanitarios se dejaban la vida— sigue ahí, manchando cada frase del presidente.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, fue directa al nervio: “La vía andaluza es una trampa. Usted sonríe y su entorno nos escupe”. Habló de privatización paulatina, de récords que no se celebran: récord de universidades privadas, récord de alumnado derivado a centros privados, récord de gasto farmacéutico desde que se liquidó la subasta de medicamentos. Y la frase que resume el ciclo político: “Fin de personaje. Fin de ciclo.”
Moreno replicó con la eterna letanía del agravio financiero. Que Andalucía necesita más fondos. Que Montero bloquea. Que el sistema está caducado desde 2014. Es cierto. Pero incompleto. El PP votó junto a Vox y Junts contra la senda fiscal que traía 700 millones extra para la comunidad. El presidente omite lo incómodo con la precisión de un cirujano. Y después reclama lo que él mismo rechaza.
Mientras tanto, el SAS es un edificio en ruinas, como reconocen todas las organizaciones profesionales. Faltan médicas y médicos. Se fugan especialistas. Se multiplican los contratos de días. Las listas de espera de cirugía superan las cifras de 2021. Las asociaciones de pacientes hablan de “abandono”, “puertas cerradas” y “violencia institucional”. Y las y los jueces investigan contratos a dedo mientras el Gobierno andaluz mira hacia otro lado.
La imagen final del debate es la que no quiso verse: un presidente rodeado, incómodo, pero protegido por la desgracia ajena.
Un gobierno sin respuestas que sobrevive porque otro cae.
El poder andaluz funciona así: privatiza, externaliza, culpa a Madrid, señala al de enfrente y sonríe mientras todo se quiebra.
Pero esa sonrisa se tambalea cuando una mujer le grita desde la tribuna que la vida le cambió por un fallo que se podía haber evitado.
Y ese grito no se tapa ni con Ábalos ni con nadie.
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España como prisión
La memoria del tirano,
que la iglesia custodió,
es la carga que sufrió
luego el pueblo soberano,
el pueblo republicano,
llevado hasta la extinción,
fusilado al paredón
sin compasion ni piedad.
Y por tanta iniquidad
nadie ha perdido perdón.
Y llegaron años duros,
los muertos a las cunetas
en muchas tumbas secretas
o huesos a Cuelgamuros,
haciendo trabajos duros
para abultar la condena,
sin redención de la pena
ni esperanza de horizonte.
Hubo quien huyó hacia el monte
para escapar de la trena.
Y en aquella noche oscura
que el franquismo oscureció,
hubo gente que murió,
presa de pena o locura,
vencida por la amargura
o la desesperación.
Una España de sermón,
penitencia y procesiones,
crucifijos y prisiones,
y miedo a la delación.
(C) Félix Maraña
Un día en el peor momento.
Carta abierta a la señora Maribel Vilaplana
Señora Vilaplana:
¿Cómo puede usted seguir sosteniendo, a día de hoy, un relato que se tambalea frente a las pruebas y testimonios que han salido a la luz? Usted, periodista de profesión, estuvo presente en el almuerzo con el entonces presidente Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, mientras en el exterior se desataba la tragedia de la DANA que dejó 229 muertos y miles de damnificados.
Paso a paso, lo que sabemos:
- El ticket de aparcamiento confirma que usted dejó su coche a las 14:45 y lo retiró a las 19:47, justo cuando la Generalitat activaba la alerta masiva a la población.
- Compromís ha señalado que es “imposible” que usted no escuchara las conversaciones de Mazón en el reservado del restaurante El Ventorro, dadas las dimensiones del local.
- Su propio exmarido compartió un vídeo del barranco del Poyo a las 19:07, imágenes que usted pudo ver mientras prolongaba aquella comida.
- La jueza de Catarroja investiga las contradicciones de Mazón y su entorno, y su declaración se ha convertido en pieza clave para esclarecer la verdad.
- Los medios han destapado el “enigma de los 37 minutos” en los que Mazón estuvo incomunicado, tiempo en el que usted también estaba presente.
Usted no solo calló: cambió la realidad en su declaración judicial, ocultando lo que sabía y lo que vivió. Eso no es periodismo, señora Vilaplana. Eso es traicionar la esencia de una profesión que exige verdad, transparencia y compromiso con la sociedad. Mientras usted alargaba una velada, afuera morían ahogadas cientos de personas.
Lo que duele no es solo estar allí
Lo que más duele no es que usted estuviera allí, Maribel.
Lo que duele es que, sabiendo lo que sabía, eligió acompasar sus versiones a las de Mazón. Primero que salieron a las cinco. Luego a las seis. Que se despidieron en la puerta. Luego en el parking. Que la comida duró tanto. Luego que duró más. Que trabajaba en el coche. Luego que esperaba. Una pauta que encaja con él de manera casi coreográfica.
Su silencio, parcial e incómodo, ha sido la muleta que Mazón necesitaba para sostener su mentira. Él manipula horas, deshace cronologías, tornea el tiempo para encajarlo a su conveniencia. Y en ese baile usted ha bailado también.
No le escribo solo a usted, señora Vilaplana. Le escribo a través de usted, porque su silencio refleja algo más profundo: la falta de empatía de una sociedad que se acostumbra a mirar hacia otro lado mientras no le toquen la puerta de casa.
La política se aprovecha de esa distracción. Nos hacen creer que todos los políticos son iguales, que da lo mismo votar o no votar. Pero no es cierto. Antes de votar hay que pensar.
Si los ricos votan a la derecha y los pobres a la izquierda, ¿quién quiere más pobres?
Nos hacen sentir inadecuados, nos distraen de lo esencial, nos empujan a vivir con el ansia de más y más… y mientras tanto, perdemos la capacidad de ver la realidad.
Conclusión
Señora Vilaplana, su silencio no es solo suyo. Es el reflejo de una sociedad que se deja llevar por la comodidad, por el desconocimiento o por la desesperación. Pero ver negro y decir blanco es para hacérselo mirar.
La verdad no es un lujo, es una necesidad. Y usted, que estuvo allí, tiene la obligación moral de decirla. Porque las familias de 229 víctimas merecen algo más que otro silencio.
Que las familias de las víctimas encuentren paz, recuperación y justicia. Que la memoria de quienes murieron no se pierda en el ruido de las mentiras, sino que sea honrada con claridad y verdad.
Firmado,
ImanolRudy
A las derechas les incomoda la memoria histórica porque exige justicia y desmonta su relato del pasado; porque señala privilegios heredados que implican asumir responsabilidades políticas y morales; y, sobre todo, porque rompe el mito de la falsa equidistancia que pretende colocar en el mismo plano a la II República y al golpe de Estado militar.
La familia Aznar, un árbol crecido a la sombra del franquismo: del amigo de Primo de Rivera al Goebbels de la Falange
El expresidente presume del trabajo de sus antepasados durante la dictadura y lucha por que todo siga atado y bien atado
Jorge Castaño
28-11-25
ElPlural
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha sacado pecho por el pasado franquista que atraviesan los cimientos de su familia y, lejos de retratar las sombras del régimen dictatorial, ha alegado que “no va a condenar algo en lo que mi padre participó”. Lo ha hecho en unas semanas de considerable exposición mediática debido a la promoción de su nueva publicación, recién superado el 20-N, y ha aprovechado para defender el retorno a los principios de Primo de Rivera que sus antepasados abanderaban de forma efervescente. La naturaleza de sus familiares radica en el peor de los pasados de nuestra memoria, sobre todo, la rama paterna.
El padre: imitador de Goebbels
El padre del exdirigente, Manuel Aznar Acedo, bautizado entonces como Imanol Aznar Gómez-Acedo, se afiló al partido fascista Falange y participó en la guerra civil como oficial del Ejército sublevado, siendo jefe de la Falange encargado de tareas propagandísticas y de radiodifusión. Después del conflicto armado fundó los periódicos “Hoja Oficial de Alicante” y el diario “Avance”. Aunque se licenció en derecho, estuvo al frente de la programación de la Cadena Ser durante dos décadas tras la sublevación, dirigió Radio Nacional de España desde 1962 hasta 1965, fue director adjunto de Radiodifusión en el ministerio de Información y Turismo desde 1964 hasta 1967.
Agrandando su dominio, en 1967 se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, dependiente de aquel Ministerio de propaganda que encabezaba Manuel Fraga, otro conocido de la familia. Fraga y Aznar, los dos emuladores en España del nazi Joseph Goebbels. En 1975, por todos sus servicios al régimen, recibió la Orden del Mérito Civil instaurada por Primo de Rivera. Con la llegada de la Transición, como todos los franquistas que participaron del régimen criminal, fuer amnistiado.
El abuelo: diplomático arrodillado ante Franco
El abuelo del expresidente del Partido Popular y padre del imitador de Goebbels, Manuel Aznar Zubigaray, también tuvo una íntima relación con el franquismo, en cuyo régimen ocupó altos cargos diplomáticos. Dirigió varios de los periódicos más importantes de la época, como lo fueron El Sol y La Vanguardia española, este último durante la dictadura, fundó la agencia EFE y presidió la Asociación de la Prensa de Madrid, marcando un camino que posteriormente seguiría su hijo Imanol -autorebautizado como Manuel-.
En otros planos, fue representante permanente de España ante la ONU, embajador en la República Dominicana, Marruecos y Argentina, ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos y consejero del Banco Urquijo. Aznar Zubigaray se afilió al Partido Nacionalista Vasco en 1916 y fue acusado de representar a las tendencias radicales dentro del mismo. Tras su marcha a Cuba, volvió a España y formó parte del Partido Republicano Conservador de Miguel Maura y, posteriormente, del Partido del Centro Democrático.
Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, se desplazó a Burgos para ponerse al servicio de los sublevados. Vinculado a la derecha por su amistad con José Antonio Primo de Rivera, Aznar Zubigaray realizó una des entrevistas más arrodilladas al dictador Francisco Franco, ‘trabajo periodístico’ del que presume la propia fundación Francisco Franco.
Y el espíritu de Franco que habita en todos ellos
En definitiva, el árbol genealógico de la familia Aznar parte de las raíces más puras del franquismo. Por ello, puede comprenderse que el exmandatario haya pedido derogar la Ley de Memoria Democrática por ser “el mayor atentado contra la convivencia entre españoles”. El verdadero jefe reaccionario del Partido Popular mantiene su perfil guerracivilista y ha llamado “ignorante” a la izquierda por “querer reescribir la historia de una manera imposible”. Aznar, orgulloso de sus antepasados, ha afirmado que “el PP es el único que puede apelar a la mayoría y a la responsabilidad ciudadana”.
“Quien pueda hacer que haga”, gritó en su momento como consigna política. Y alguno de sus súbditos, con acta de diputado y mando en plaza, respondieron. Unos fervientes seguidores que siguen vanagloriándose del dibujo que la familia Aznar proyecta sobre el mayor conflicto de la historia reciente de nuestro país. Aquella vinculación directa con el sistema asesino, golpista y opresor marca la idiosincrasia de una familia política que marca la hoja de ruta de Génova 13 en según qué aspectos políticos y retóricos.
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