Cautivo y
desarmado el ejército memorialista…
Público
andaluces.es
29-5-2015
Cecilio
Gordillo
No es que
sean malos tiempos para la lírica, es que tampoco son buenos para la épica.
Cautivo y desarmado el movimiento memorialista, las tropas administrativas
están alcanzando sus últimos objetivos. Son tiempos de derrota. No total porque
la sociedad nunca lo termina siendo por completo. Esa es la esperanza: tras la
resistencia, poner pie en pared, venga, de nuevo, el paso adelante, la ofensiva
civil. Son muchos los indicios de ello. Vamos a centrarnos en dos: el
cumplimiento de los compromisos económicos por parte de las administraciones,
en este caso la autonómica, y la política de exhumaciones.
RÉQUIEM POR
LAS AYUDAS DE 2013 Y 2014
Cercano a
que el año 2015 llegue a su ecuador, del 25 % que faltaba por librar de la
subvención del año 2013 no se sabe nada. Están justificados los gastos hace
meses y adelantada la cantidad en muchos casos, como en el de ‘Todos (…) los
Nombres’, pero los organismos competentes ni hablan ni se les espera. O por
lo menos eso parece.
Aún más
problemática es la situación de la nonata subvención de 2014. Recordemos que,
cuando ya estaba aprobada una resolución provisional, una orden de la
superioridad envió al limbo de las covachuelas administrativas el uso efectivo
del dinero. Desde entonces, noviembre de 2014, se nos ha venido diciendo
—siempre en voz baja y con sordina— que los problemas burocráticos se habían
solucionado y que, en breve, saldría la resolución definitiva y se harían
efectivas las cantidades.
Esto fue lo
que nos dijo Javier Giráldez, director general de Memoria Histórica
-preferimos este nombre que deja claro a qué nos referimos, frente al más
ambiguo de Memoria Democrática- en la reunión que este Grupo mantuvo con él
cuando ocupó el puesto tras el cambio de Gobierno de la Junta que llevó a la
convocatoria de elecciones del pasado mes de marzo. Una situación provisional
que se prolonga en el tiempo y, parece, que lo hará por algunas semanas más.
YO, EL
GOBIERNO; TÚ, EL PUEBLO
Entramos en
un contexto que se escapa al mero ámbito memorialista. Aunque le afecte. En un
mundo político y una sociedad con tantos déficits democráticos, siquiera los
formales, la confusión entre administración y gobierno es completa. Tanta,
que se identifica la primera con los intereses del segundo y, mientras que no
lo sean, todo es ‘provisional’. Evidentemente las opciones políticas son las
que deciden la orientación de la administración. Pero también lo es que, en un Estado
homologable a las democracias occidentales, debe ser historia la época de las
cesantías y la parálisis de la vida social, que siempre es más amplia que la
gubernamental
Sin
embargo la ‘provisionalidad’, en lo que respecta a la Memoria
Histórica, es el instrumento que pone de manifiesto que los partidos políticos,
incluso aquellos que se dicen de ‘izquierdas’, la consideran una cuestión de
segundo orden. Nunca apostaron decididamente por ella. Cuando lo hicieron
fue por el empuje del movimiento asociativo, en el que participaban muchos de
sus afiliados, que ponía a los partidos políticos contra la pared.
HOY NO,
MAÑANA
Los años
setenta no eran el momento. En los ochenta, la sociedad anestesiada no la
demandaba. A finales del siglo pasado el despertar de una parte de la sociedad,
los primeros síntomas de un régimen que se resquebrajaba y los intereses
electorales la subieron a la cresta de la ola. A regañadientes, con la boca
chica siempre, muchos se montaron al carro. Pero poco habían cambiado en treinta
años.
La
existencia de un movimiento civil autónomo y potente volvió a despertar
urticarias en las direcciones de las empresas que son los actuales partidos
políticos. Poco tardaron en aprestarse a controlar o desmontar las asociaciones
por la Recuperación de la Memoria Histórica. Por las buenas o por las malas. En
última instancia siempre cabía la posibilidad de pasarse por el registro e
inscribir cuantas nuevas asociaciones fuesen necesarias y autoproclamarse (a
modo de sindicato) “más representativas”.
Así, en
Andalucía, precisamente este año se ha cumplido (enero) la década de lo
que primero fue la oficina del Comisario de la Memoria Histórica de Andalucía,
el antecedente de la actual Dirección General, al rebufo de lo que estaba
haciendo el Gobierno central, por aquel entonces, también gestionado por el
PSOE de Rodríguez Zapatero. Por cierto, que quizás celebrar este cumpleaños
fuera un buen momento para que se iniciara la buena práctica de
elaborar un balance público de la actividad realizada. Ni siquiera tiene que
ser anual, podría ser cuatrienal por eso de los tiempos electorales. Bueno,
si se mantienen. Sería un avance ya que hasta hoy, tras
el «gobierno» de la memoria andaluza por cinco políticos, ninguno ha
considerado necesario hacerlo. También es verdad que nadie, ni en el Parlamento
ni en la calle, ha pedido explicaciones por este hecho.
MI MAPA, MI
MAPA
La
consecuencia ha sido que años después de ordenar la elaboración de un mapa
de fosas y, tras pasar también un largo espacio de tiempo antes de ser hecho
público en la web de la consejería pertinente, no ha experimentado ninguna
modificación a pesar de las decenas de intervenciones realizadas en fosas desde
entonces. Vergüenza debe dar tal actuación, que pone de manifiesto que, cuando
la comisión de la ONU visitó estas tierras, los responsables mintieron
asegurando que se iba actualizando. Algunos pensamos, malamente, hay que
reconocerlo, entonces que, haciendo de la virtud vicio, es decir, aprovechando
una necesidad, lo que en realidad se pretendía era
mantener «distraídas» a las asociaciones en una faena que sobrepasaba
su capacidad de acción y así se «olvidaban» de otras.
Podemos
poner otros ejemplos de cómo descafeinar la acción memorialista y, por
supuesto, no hacer ningún balance. Uno es el de los «lugares de
memoria», un híbrido con el que escabullirse de la figura del Bien de Interés
Cultural y, además, poder contentar a muchos e inaugurar muchas más placas y
monolitos. Bueno, pues si hay alguien interesado en conocer el catálogo
actual completo o su localización por provincias o localidades, se llevará un
gran chasco. Simplemente no existe. Ni en papel ni digital. Otro
caso, desaparecido en los muelles de las brumas administrativas, es el de
los «tejedores de memoria». ¿Quién se acuerda de ellos?, ¿quiénes
saben cuántos son y sus nombres?
¿HAY ALGUIEN
AHÍ?
Hoy, quince
años más tarde, han conseguido prácticamente el objetivo, a tenor por el
encefalograma prácticamente plano del tejido asociativo memorialista. Salvando,
por supuesto, contadas excepciones. La RMH es una cuestión de segundo o
tercer orden en los programas electorales. Se le dedican unas cuantas líneas y
se silencia en las intervenciones públicas. Renacen las viejas prácticas de
las buenas palabras y ningún hecho. Una música que no es nueva. Lleva muchos
años tocándose.
Así que
¿librar el 25 % adeudado de la ayuda de 2013? Claro que es un compromiso. ¿Que
cuándo se llevará a cabo? Estamos en ello. Recordárnoslo de vez en cuando, ¿en
campaña electoral? Bueno, si queréis, pero tampoco es tan importante.
¿La del
2014? Bueno, conocéis el problema que hubo. ¡Está arreglado! Pero ya sabéis que
las cosas llevan sus trámites. En la administración nada es fácil. ¡No os
podéis imaginar lo complicadas que son las cosas para que queden de verdad
transparentes y justificadas! No os preocupéis que, en breve por supuesto, se
resolverá…
Más difícil
es lo del 2015. ¿Que están aprobados los presupuestos? Sí, pero ha habido que
ajustarlos. Ya sabéis la presión del Gobierno central en manos de los fachas
del PP. Además todavía no hay Gobierno. Cosas de las elecciones y de la maldad
de los demás partidos que ni comen ni dejan comer. ¡Irresponsables! En esas
estamos. Contentos y sin la dote de la novia. Tampoco, de momento, parece que
ésta vaya a aparecer por el lugar de la boda
Mientras, no
hay problemas de ningún tipo, incluidos los económicos, en continuar con
políticas comenzadas con anterioridad. Aunque valgan dinero. Lo veremos en la
siguiente entrega de este texto con un ejemplo sobre la cuestión de las
exhumaciones.
YO EXHUMO,
TÚ EXHUMAS, ¿ALGUIEN EXHUMA?
Las
exhumaciones de los asesinados fue uno de los elementos constitutivos de las
asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica. Columna vertebral de
sus actuaciones es, también, uno de los puntos más polémicos que han dividido a
asociaciones, familiares, partidos y administraciones
Las intervenciones
en cementerios, campos y cunetas fueron una tarea asumida por familiares y,
después, las asociaciones formadas por ellos ante la inacción de la
administración democrática en todas sus facetas: gubernativa, legislativa y
judicial.
Un tema,
sensible por muchas cuestiones, que fue afrontado por unos y otros con los
instrumentos y medidas que tenían a su alcance. Fuera del alcance judicial y
arqueológico por encontrarse en «tiempo muerto» (con perdón),
fueron las propias leyes mortuorias existentes las que permitieron y
deben seguir de momento permitiendo la intervención: básicamente la
autorización del propietario del terreno en donde se encuentren los restos.
Por supuesto
que la intervención debe basarse en un protocolo de buena práctica que
recoja todas las variantes de una exhumación de este estilo. Contamos con
varios de ellos, tanto locales, regionales y nacionales como internacionales.
De momento, a tenor con la experiencia acumulada, en Andalucía podemos
encontrar ejemplos afortunados y desafortunados, independientemente del
protagonista de la iniciativa. Sean familiares, asociaciones o
administraciones. Así que no se pueden cargar las culpas en unos u otros como a
veces se ha querido argumentar.
TEORÍA DE LA
JUSTICIA
Pero a
medida que ha pasado el tiempo, y dentro de ese principio general de
asimilación, control y desmontaje del asociacionismo memorialista, han
comenzado a aparecer dificultades, cada vez en mayor número. De dos tipos
principalmente: administrativas y por una supuesta judicialización. Las
primeras, por el cada vez mayor protagonismo de la administración.
Una
actuación siempre demandada por familiares y asociaciones en el convencimiento,
por lo menos por nuestra parte, de que ello significaba la asunción de las
exhumaciones como una política activa de memoria, como un compromiso de poner
la maquinaria administrativa a disposición de resolver un problema no creado
por ellas. Ingenuos que somos.
Sin embargo,
pensamos que no ha sido así. Creemos que se ha utilizado como un instrumento
más para reducir el papel de familiares y asociaciones. Un reflejo más de la histórica,
por lo menos hasta cuarenta años atrás, desconfianza de las estructuras
partidarias y estatales hacia la ciudadanía. Hacia la sociedad que unas dicen
representar y otras administrar. Como si el partido encargado de la
administración fuera su propietario, único con capacidad de gestionar y, por
supuesto, decidir. Algo con lo que no estamos de acuerdo y, hoy más que nunca,
no es real, ni política ni socialmente. Incluso en una democracia formal, su
concepto debe ser un poco más ancho.
LA
PROPIEDAD, LA FAMILIA Y EL ESTADO
Así que
paulatinamente se ha ido reduciendo por la vía de los hechos la
posibilidad de llevar efectivamente las intervenciones propuestas por
asociaciones y familiares. Se las ha ido arrinconando a pesar de declaraciones
e intenciones. Y eso cuando se hacen. Bastaría recordar que esta autonomía
gobernada por supuestas izquierdas ha sido la única, y no deseamos que se tenga
que repetir, donde miembros de una asociación se han tenido que poner
en huelga de hambre ante el intento de desplazar a los familiares al
grito de “¡los muertos son de todos!”, que parecía querer decir que
son de todos menos de las familias. No queremos pensar qué hubiera ocurrido si
tan esperpéntica situación hubiera tenido lugar en una autonomía gobernada por
irredentos derechistas fachas.
Entre deseos
y propuestas de exhumación y su efectiva realización se ha ido interponiendo un
cada vez más espeso bosque de condiciones de obligado cumplimiento. En muchos casos ni siquiera
respaldadas por una necesidad legal, pero que añaden oscuridad y falta de
transparencia. Por cierto, no desesperamos en que esta palabra tan de moda
termine por llegar al área memorialista de la Junta de Andalucía. Trabajo
tiene.
Por
ejemplo, podría poner a disposición pública los informes de las
exhumaciones realizadas, así como del cumplimiento de los plazos de las
subvenciones dadas. Y, en fin, de todos los trabajos resultantes de dichas
subvenciones. Lo decimos porque nosotros, por no entregar el trabajo en el
plazo previsto una investigación y su publicación, sufrimos una sanción. Por
tres meses, 1.500 euros.
LO TUYO ES
MÍO Y LO MÍO TAMBIÉN
Retomemos el
hilo. Ahora, la vía de los hechos impone una primera comunicación a los órganos
competentes, léase Dirección General de Memoria Democrática (DGMD), una
resolución de un Comité Técnico, cuyos fundamentos, conocimientos y real
evaluación de los proyectos permanece en la bruma de la trastienda burocrática,
y un acuerdo aprobatorio final. Independientemente de la participación estatal,
o no, en la financiación. Primer permiso que debe ir acompañado de la,
realmente indispensable, autorización del propietario de los terrenos en donde
se quiere intervenir. Algo perfectamente entendible si lo interpretamos como un
renglón más del papel activo del Estado y de la necesidad de garantías en las
intervenciones.
Pero no si
se quiere utilizar como un arma para desplazar y reducir el espacio de
actuación de familiares y asociaciones. Para convertir en protagonista
a la administración, incluso cuando lo único que hace es apropiarse del trabajo
ajeno. Algo incluso ilegal tratándose de una subvenciones.
Por si no fuera
poco, desde hace unos meses también se intenta convertir en
indispensable, en requisito previo, la judicialización de las exhumaciones.
No existe ningún requisito legal que así lo exija. Más allá de las ganas de
actuar, o no, que hayan tenido determinados jueces y juezas (no vayan a pensar
que no somos políticamente correctos), lo cierto es que en todos los casos han
coincidido en que no hace falta ninguna resolución judicial para realizar la
exhumación. Ya se ha dicho: el tiempo excede el requerido, veinticinco años.
Otra cosa es su consideración como crimen de lesa humanidad y los plazos que
significa.
NO SOLO DE
DENUNCIAR VIVE EL HOMBRE
Judicializar
las exhumaciones es otro de los debates que llevamos realizando desde hace
quince años. Nosotros estamos entre quienes creemos que intervenir en
las fosas no va necesariamente acompañado de la destrucción de pruebas de los
crímenes del franquismo. Que la elaboración por arqueólogos y antropólogos
forenses de sus informes mantiene la prueba testimonial. Que se puede denunciar
ante el juzgado pero que la resolución de este, hasta ahora siempre archivar,
independientemente de que se pueda recurrir a algún considerando favorable, no
puede significar la paralización de la exhumación.
Utilizar
este argumento, no necesario legalmente repetimos, significa dejar en último
término a los familiares que llevan años esperando la ocasión y que, en
bastantes casos, no tienen mucho tiempo más. Una crueldad, un jugar con
los sentimientos que no tiene ninguna justificación más que el interés de
quienes administran a la administración. A sus componendas, tiempos y objetivos.
Es decir, utilizar la administración de lo público en interés privado. Porque
se sabe que resolver estas cuestiones no es una prioridad para los jueces. Como
tampoco la justicia destaca por su rapidez resolutoria.
Hemos
demostrado durante años que verdad, justicia y reparación son nuestros
objetivos. Pero no son unas palabras vacías que se utilizan
grandilocuentemente para, después, olvidarlas cuando hay que decirle a un
familiar que espere, que sus ansias no son importantes, que más lo es el
titular o el camino, que se le supone bienintencionado, de ligar memoria
histórica y justicia administrativa. Que los tiempos de palacio van despacio.
(*) Texto
elaborado colectivamente por el grupo de trabajo «Recuperando la Memoria de la
Historia Social de Andalucía» (RMHSA de CGT.A)
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