Ultimátum
del juez al arzobispo de Granada por negarse a colaborar 8 veces en el caso de
pederastia de los Romanones
La justicia conmina al prelado a
entregar de una vez los interrogatorios que hizo a los 12 investigados si no
quiere incurrir en un delito de desobediencia
El caso se destapó por una carta que
Daniel, una de las víctimas del clan, escribió al Papa contando lo que le
habían hecho de los 14 a los 17 años
Siete de los sacerdotes implicados
en el caso siguen ejerciendo impunemente en distintas parroquias de la
provincia
eldiario.es
11-5-2015
El juez del "caso
Romanones", Antonio Moreno, acaba de dar un ultimátum al arzobispo de
Granada, Francisco Javier Martínez. En una breve y dura providencia,
el magistrado conmina al prelado a entregar, de una vez por todas, los
interrogatorios a los doce investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el
caso de
abusos a menores en Granada. Le avisa de que si no lo hace tendrá
que hacer frente a un apercibimiento.
El caso salió a la luz cuando un joven, Daniel,
comunicó por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde
los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo
que motivó que el propio Papa
Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras
la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía
Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada
interponer ipso facto la denuncia.
Ahora el juez del caso le vuelve a pedir al arzobispo
las declaraciones que supuestamente hizo a los imputados. En caso de no
hacerlo, Martínez podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad
judicial, después de que se le haya requerido, hasta en siete ocasiones y tras
dos apercibimientos, la documentación que está obligado a entregar según las
legislaciones civil y canónica.
Se enfrenta a un apercibimiento
"Deberá ser remitido e informado por la persona
requerida y bajo los apercibimientos que en caso de incumplimiento procedan en
derecho", culmina el escrito del juez Moreno. La respuesta judicial llega
después de que el Arzobispado de Granada -y no el arzobispo, quien ahora sí
está conminado a responder personalmente, y no a través de su vicecanciller- se
haya negado, hasta en siete ocasiones (y tras dos apercibimientos) a ofrecer
información alguna sobre los expedientes e interrogatorios a los doce
implicados en el caso de abusos a Daniel. Ni siquiera si éstos se llegaron a
producir.
Por lo tanto, monseñor Martínez debe cumplimentar, personalmente,
los requerimientos del juzgado, especialmente si ha incoado los preceptivos expedientes
a los denunciados, y remitir las copias íntegras de los mismos; y, si no los ha
incoado, informar al respecto y explicar al juez por qué no lo ha hecho.
Además, la diócesis podría ser declarada responsable civil
subsidiario, como ha sucedido, la pasada semana, en el caso de abusos de Can
Picafort (Mallorca).
En la resolución, el juez constata "que en todo
caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el
Arzobispado de Granada las declaraciones e interrogatorios escritos de los
sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico", y que
"necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones
sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a
resoluciones de suspensión de ese Arzobispado".
Esto es: que pese a los intentos de desmentido de la
diócesis de Granada, Javier Martínez está obligado, según el protocolo de
actuación aprobado por la Conferencia Episcopal española en 2010, y por las
normas de la Santa Sede, a elaborar informes escritos de cualquier actuación y,
en caso de serles requeridos -como ha sucedido- a remitir dicha documentación a
la Justicia. Además tenía que incorporar al mismo los interrogatorios y
redactar y suscribir su propio informe como arzobispo diocesano.
Siete sacerdotes siguen ejerciendo
El propio Martínez, en una de sus primeras respuestas
a los requerimientos judiciales, afirmó que había puesto en marcha contra los
denunciados el procedimiento canónico al que está obligado por los protocolos
eclesiásticos. De hecho, tres sacerdotes continúan suspendidos "a
divinis" (inhabilitación para ejercer), mientras que a uno de los seglares
se le retiró la venia docendi para continuar impartiendo clases de Religión.
Otros siete de los investigados continúan, pese al escándalo, como sacerdotes
en sus respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción
alguna contra ellos.
La posible
prescripción de los delitos (abusos sexuales y exhibicionismo, aunque
las acusaciones también hablan de asociación ilícita, corrupción de menores y
agresión sexual) está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que decidirá
el próximo 15 de septiembre.
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