Víctimas de abusos plantean en EEUU una
demanda colectiva contra el Vaticano
Infovaticana
por Carlos
Esteban | 19 noviembre, 2018
Seis
víctimas han interpuesto una demanda colectiva contra el Vaticano y el
episcopado de Estados Unidos y, lo que es más peligroso, invocan en su escrito
la ley diseñada para luchar contra el crimen organizado, conocida como RICO.
Seis
víctimas de abusos sexuales acaecidos cuando eran menores de edad presentaron
el pasado día 13 una demanda civil contra la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos (USCCB) y la Santa Sede en nombre propio y de otras víctimas. Los
demandantes se querellan contra el Vaticano tanto en su calidad de Estado
extranjero como en su condición de “organización no incorporada” y como “cabeza
de una organización religiosa internacional”.
La denuncia,
presentada en Minnesota, alega que la USCCB ocultó “al público, a sus
feligreses y a la justicia los casos e identidades conocidas de clérigos
acusados de abusar sexualmente de niños por todo el país”.
“Este caso -puede leerse en la demanda- trata de la
violación y el abuso sexual endémico, sistemático, rampante y continuado de los
Demandantes perpetrados por cardenales, obispos, monseñores, sacerdotes,
monjas, líderes laicos, miembros de órdenes católicas, educadores… mientas
servían en el ministerio activo, con conocimiento de los demandados”.
La reacción del Vaticano y de la USCCB reunida en
asamblea la semana pasada ha sido, como hemos contado en estas páginas, diluir
responsabilidades y poner sordina en la petición universal de
responsabilidades, pero es probable que esta vez la estrategia de la inacción y
el silencio no sea suficiente para detener la marea. De hecho, la propia orden
vaticana a la asamblea plenaria de no votar medidas contra los abusos podría
haber dejado a los obispos a los pies de los caballos en lo que se refiere a la
justicia secular.
En efecto, al someterse a la orden perentoria, los
obispos dan a entender que deben dar cuenta a la Santa Sede de cuestiones
operativas locales relativas a la política de abusos a menores. Esa admisión
tendrá, con toda probabilidad, consecuencias imprevisibles en futuros litigios
con el Estado Vaticano, porque permiten a los demandantes alegar que los
obispos siguen en esto órdenes de Roma, es decir, que hay una línea de
responsabilidad.
Más peligrosa aún es la posibilidad de que las
autoridades echen mano de la ley RICO, aprobada para combatir a la mafia y
otras organizaciones criminales, en los casos de abuso. La Iglesia
institucional al completo podría ser juzgada responsable subsidiaria en los
casos de abusos, lo que iniciaría una reacción en cadena de incalculables
consecuencias.
La posibilidad de que la Iglesia -en América y en el
mundo entero- se vea obligada a pagar gigantescas cantidades en concepto de
indemnización a las víctimas de abusos se plantea en el mismo momento en que
grandes fundaciones de ayuda a la Iglesia como Legatus están tomando la
decisión de interrumpir sus donaciones mientras no se aclare la responsabilidad
de los abusos y cuando los feligreses empiezan a plantearse castigar la
opacidad de sus obispos cerrando sus bolsillos a las colectas eclesiales.
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