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La caza al fiscal general: el juicio que desnuda la guerra política y mediática en torno a Ayuso

Las cloacas judiciales se asoman al Supremo mientras la UCO, los medios y la pareja de la presidenta madrileña aparecen en el mismo tablero

UN JUICIO QUE HUELE A GUERRA POLÍTICA

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha entrado en su recta final. Y lo hace con un ruido que va mucho más allá de lo jurídico. Lo que se dirime no es solo si filtró o no el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino hasta qué punto los aparatos del Estado —policía, judicatura, prensa y poder político— se usan como armas en la guerra por el relato.

Durante las próximas jornadas pasarán por el Tribunal Supremo figuras de peso: el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón Seisdedos, y hasta doce agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de los informes clave. También desfilarán periodistas de medios como elDiario, laSexta, la SER, El País o El Plural, que tuvieron acceso al famoso correo antes de que llegara al buzón de García Ortiz.

Ese detalle —la hora exacta de la filtración— es el epicentro del proceso. Algunos periodistas demostraron que ya conocían el contenido del correo el 6 o el 13 de marzo de 2024, es decir, antes de que el fiscal general lo recibiera oficialmente a las 21:59 de aquella noche. Aun así, el juez instructor, Ángel Hurtado, ha mantenido que la publicación en la Cadena SER sobre las 23:20 fue “la primera” y, por tanto, la referencia para las acusaciones. Una interpretación que se sostiene en la cuerda floja de la cronología y la conveniencia política.

El caso está plagado de choques institucionales. La abogacía madrileña, acusación popular, y la Abogacía del Estado, defensora de los fiscales imputados, se enfrentaron por la interpretación del “secreto profesional” y la legalidad de la nota de prensa que informaba del pacto con Hacienda de la pareja de Ayuso. Ribón lo definió ante el juez como “una inconsciencia institucional” y habló de un “precedente sin parangón”. La tensión entre corporaciones jurídicas dejó al descubierto una pugna que va más allá de las normas: una batalla por el control simbólico de la justicia.

LA UCO, LA PRENSA Y EL CORREO DE LA DISCORDIA

El Tribunal Supremo también escuchará a quienes estuvieron en el corazón técnico del caso: los agentes de la UCO. Los mismos que entraron en los despachos del fiscal general en octubre de 2024, redactaron los informes periciales y, según el propio Hurtado, apuntaron a que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración. Una expresión que el juez repitió durante meses, alimentando la causa.

Sin embargo, la UCO omitió en su informe central el bulo que Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Ayuso) difundió sobre el correo. Ese detalle es esencial, porque muestra que mientras el entorno de la presidenta madrileña utilizaba una versión manipulada del documento para apuntalar su relato de persecución política, el órgano investigador guardaba silencio sobre ello. Una omisión que no parece técnica, sino estratégica.

El teniente coronel Antonio Balas, responsable de la unidad y figura clave también en otros casos de corrupción como el ‘Koldo’, declarará en un clima de sospecha cruzada. Se sabe que una militante socialista buscó información para desacreditar su trabajo, pero también que parte de sus informes contenían errores graves y datos personales del fiscal general filtrados públicamente, como su número de teléfono y dirección. “Nada hay que temer”, llegó a decir el juez Hurtado, justo antes de que García Ortiz denunciara que su correo se había llenado de mensajes intimidatorios.

Mientras tanto, el papel de los medios vuelve a ser determinante. Miguel Ángel Campos, de la SER, relató que vio el correo a las 15:40 del 13 de marzo gracias a una fuente que le permitió tomar notas pero no fotografiarlo. Solo publicó su contenido pasadas las 23 horas, cuando ya circulaba una versión adulterada. Otros periodistas de El País declararon que sabían desde el 12 de marzo que la pareja de Ayuso había ofrecido un pacto con Hacienda. Las actas notariales de sus conversaciones y los mensajes con abogados confirman que la información circulaba libremente mucho antes de la nota oficial.

Lo que el Supremo juzga, en el fondo, es un síntoma de descomposición democrática: fiscales bajo investigación por cumplir su deber, periodistas convertidos en piezas de un tablero judicial, y una Guardia Civil que ignora los bulos de los poderosos mientras rastrea los correos de sus compañeros de Estado.

El caso Ayuso ha dejado de ser un caso penal: es un espejo del país.

Un país donde la verdad llega tarde y el poder siempre llega primero.

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