El cemento del poder autonómico
El aparato de propaganda montado en
torno a Canal 9, la exaltación de la "valencianía" y el clientelismo
consolidaron la hegemonía del PP
ElPaís
“Una
especificidad nuestra es que aquí el partido gobernante no ha tenido a nadie
enfrente, no se ha encontrado con verdadera oposición”, sostiene Jordi Palafox,
socialista, catedrático de Historia Económica por la Universitat de València y
exmiembro del Consejo de Administración de Bancaja. Tras haber investigado a
fondo la
corrupción en su comunidad, el escritor y periodista Ferran Torrent
ha llegado a la conclusión de que en España “las mayorías absolutas abocan a
dictaduras bananeras”.
El caso valenciano
acredita la propensión a reproducirse y perpetuarse en el poder de las
fuerzas políticas que
alcanzan el Gobierno en las autonomías. A falta de un catalizador estrictamente
nacionalista, al modo vasco o catalán, el PP valenciano recreó un cemento
ideológico impostado con ingredientes no muy distintos de los que utilizan los
propios nacionalismos clásicos. Así, asignó a Cataluña el papel
de enemigo exterior y desplegó un anticatalanismo desaforado, al tiempo que neutralizaba
el valencianismo reivindicativo. “Han trabajado a fondo el terreno ideológico
identitario. En cuanto llegaron al poder, hicieron aflorar el anticatalanismo
de forma artificiosa y metódica a través de una propaganda muy simple, que
culpabilizaba a los catalanes de muchos de nuestros problemas”, asegura Joan
Francesc Mira, antropólogo, sociólogo y director del Centro de Cultura
Contemporánea de Valencia.
Aunque el asunto ha sido dirimido sobradamente por los
expertos lingüistas, incluidos
los de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Partido Popular no
ha dejado de alimentar la tesis de que el valenciano es una lengua diferente
del catalán, particularmente en los momentos políticos clave en los que
necesitaba desgastar a la oposición. La tarea de ahondar las diferencias con
sus vecinos y subrayar las especificidades se ha complementado con la
exhibición de las pretendidas esencias valencianistas. El monasterio de Santa
María de la Valldigna, fundado por Jaime II de Aragón en 1298, ejerce la
función de arquitectura sagrada fundacional, hasta el punto de que el Estatuto
de Autonomía incluye, desde su reforma en 2006, esta referencia explícita: “El
Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es el templo espiritual,
histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia y es, igualmente, símbolo de
la grandeza del Pueblo Valenciano reconocido como Nacionalidad Histórica”.
Con el mismo propósito de establecer la identidad
valenciana, la “valencianía”, la reciente ley de
señas de identidad valenciana aprobada incluye los espectáculos taurinos y la paella en el mosaico
idiosincrásico a preservar, del que también forman parte la lengua valenciana,
el Archivo de la Corona de Aragón y las bandas de música, entre otros
elementos. Esa ley, aprobada con el exclusivo apoyo del PP, establece que el
menosprecio o agravio de las señas de identidad acarreará la pérdida
del derecho al cobro de subvenciones públicas. ¿Estar contra las
corridas de toros, no apreciar la paella es ser menos valenciano? Con la
identidad no se juega, viene a decir esta derecha que se envuelve en las
banderas. “A base de subvenciones, premios y medallas, el PP ha ocupado de
manera masiva y capilar todos los tramos asociativos y los espacios festivos,
desde los grupos folclóricos a las Fallas, pasando por los hogares de
jubilados, y ha hecho de ellos centros de difusión ideológica”, indica Joan
Francesc Mira.
Lo que ha pasado en esta comunidad no habría sido
posible sin el control exhaustivo que el partido gobernante ha ejercido sobre
los medios informativos. “Todos los canales de comunicación social, excepto
uno, estaban cortocircuitados por el clientelismo”, asegura un elemento de la oposición
que en su día trató inútilmente de que las denuncias del caso Gürtel tuvieran
asiento en los medios de información locales. “El Partido Popular
mantenía un control tan absoluto en Radiotelevisión Valenciana que podía llegar
a lo grotesco. Las noticias no favorables al PP desaparecían sistemáticamente
de la escaleta del informativo o pasaban a espacios irrelevantes; justo lo
contrario de lo que ocurría cuando la información era negativa para la
oposición”, comenta Frederic Ferri, antiguo presentador del Canal 9.
Los ejemplos de la manipulación sistemática, de las campañas de
descrédito orquestadas, de los silencios impuestos abundan efectivamente en lo
indecente y grotesco, al tiempo que ponen de manifiesto la debilidad y
docilidad de los profesionales de la información y la
inhibición política y social en la defensa del derecho a una información no
manipulada.
Puede decirse que todo el entramado institucional se
volcó en la misión de enaltecer los logros del partido y la autonomía, las dos
caras, a esos efectos, de la misma moneda. Para ello, el PP valenciano dispuso
de un gran aparato propagandístico capaz de neutralizar o comprar con cargos,
prebendas o dinero a los medios no afines y de hacer creer a la población que
vivían en el mejor de los mundos políticos posibles y tenían por delante un
futuro de vino y rosas. “Crearon un sistema
de propaganda eficaz. Todos los indicadores iban a la baja: el PIB,
que estaba a 110% de la media española se ha reducido al 85%; estamos a la cola
en formación, en distribución de recursos públicos, en inversión pública por
habitante, en camas de hospital; pagamos más que la media y cobramos menos que
la media… pero, simplemente, la gente no se lo creía; daba más crédito a la
propaganda oficial de que éramos el número uno en todo. Ahora es cuando
empiezan a darse cuenta de que somos de los pobres”, subraya el director del Centro
de Cultura Contemporánea. A lo largo de estos años, el PP valenciano ha ido
engordando su militancia hasta alcanzar los 150.000 afiliados. “Súmale a toda
esa gente, la
televisión pública Canal 9 y un control institucional total y dispondrás de un poderío enorme.
Pocas bromas ante una fuerza semejante”, comenta Joan Francesc Mira.
“El triángulo propaganda, clientelismo, corrupción ha
sido el eje sobre el que ha pivotado la estrategia hegemónica del PP, pero
debemos reconocer que no hemos sabido responder con la suficiente contundencia;
no siempre vimos la extrema gravedad de lo que estaba pasando”, admite hoy un
antiguo diputado socialista que prefiere situarse en el anonimato. Nuestro
hombre ilustra con la siguiente escena la discontinuidad y tibieza en la lucha
contra la corrupción que mantuvo su propio partido. “En cierta ocasión, tuvimos
que aguantar un chorreo en público de Pepe Blanco, entonces vicesecretario
general del PSOE, y de nuestra dirigente Leyre Pajín porque, en su opinión, nos
estábamos equivocando de estrategia al poner tanto énfasis en la corrupción.
Venían a decirnos que esa era una pelea poco rentable electoralmente y que lo
que los valencianos querían oír eran justamente anuncios de nuevos proyectos.
Afrontar la corrupción de forma seria requiere una permanente autoevaluación y
no lo hicimos. Nuestro discurso se rompió cuando la agrupación de Benidorm
destituyó al alcalde con una
moción de censura apoyada por un tránsfuga del PP”, manifiesta este
antiguo diputado.
La gente daba más crédito a la propaganda oficial de que
éramos el número uno en todo. Ahora empiezan a darse cuenta de que somos de los
pobres
Joan Francesc Mira,
director del Centro de Cultura Contemporánea
¿Es la reprimenda de la alta dirección del PSOE lo que
explica que ese partido avalara en los consejos de administración de las cajas
valencianas la desmedida política de inversión inmobiliaria? “Las cajas se
implicaron en Terra Mítica y otros grandes proyectos porque había
una orientación política para el uso especulativo del suelo. Se compraron
solares que luego no valieron nada”, afirma Jordi Palafox, catedrático de
Historia Económica. Habla con el conocimiento de causa que le da haber
representado al PSOE en Bancaja hasta que dimitió en 2006.
“Combatimos el modelo de crecimiento que consistía en
poner todos los huevos en la misma cesta de la especulación inmobiliaria y en
realizar una pésima gestión de las grandes obras, pero teníamos nuestras
limitaciones. Oponerse era un ejercicio baldío. Todo el mundo creía que las
cosas iban bien y no nos hacían caso. Fueron años de plomo para nosotros. Si
nos oponíamos, nos llamaban antivalencianos”, subraya Ximo Puig,
secretario general del PSPV (PSOE) y candidato a la presidencia de la
Generalitat.
La oposición no solo se arriesgaba a ser
descalificada, despellejada o ninguneada por los medios públicos. Llegado el
caso, el poderoso aparato del poder o la larga mano de los caciques podían
tomar represalias más dolorosas. “Carlos Fabra
[expresidente de la Diputación de Castellón, actualmente encarcelado] me quitó el sueldo y despidió a mi
hermano que trabajaba en Canal 9 porque denuncié que cobraba un millón de
pesetas al mes”, recuerda Ximo Puig. “Yo fui víctima de un montaje judicial. Me
denunciaron sin fundamento alguno, pero la denuncia fue admitida a trámite por
uno de los jueces era de su cuerda. Aunque luego fue archivada, estuve un
tiempo bajo sospecha pública. Aquí, solo ha faltado que apareciera la mafia de
la pistola y la porra; la otra la teníamos encima”, destaca un antiguo miembro
de la oposición.
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