Estos son los políticos catalanes que se
sentarán en el banquillo en el juicio del procés
La Fiscalía los acusa de delitos
que transcurren entre la rebelión, la malversación y desobediencia
AGENCIAS
Lunes, 11 de
febrero de 2019
ElPlural
La Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo comienza este martes, día 12
de febrero, a juzgar a 12 líderes independentistas por el denominado
'procés' en Cataluña. Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva,
acusados del delito de rebelión; mientras que a tres de ellos, en libertad
provisional, se les atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos
y desobediencia.
Según afirma la Fiscalía en su escrito de
acusación, todos ellos "dirigieron,
promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una
estrategia --a la que denominaron 'procés'-- perfectamente planificada y
organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la
independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con
forma de República".
A continuación se detalla un listado con las penas
de prisión que piden a cada uno de los miembros del Gobierno de Carles
Puigdemont que se sientan en el banquillo y que se encuentran en prisión
provisional, los hechos de los que se les acusa y sus principales argumentos de
defensa:
Exconsellers en prisión preventiva
- ORIOL
JUNQUERAS: Exvicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía
y Hacienda. Fiscalía pide 25 años de
prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada
por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La
Abogacía del Estado solicita 12 años
de cárcel por sedición y malversación; mientras que la acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de
prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que
participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes
departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones
necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Asimismo, señala
que asistió a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en los días
previos a la votación, en la que fue advertido por los máximos responsables de
los Mossos d'Esquadra de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes
violentos tras el antecedente ocurrido el 20 de septiembre de 2017, durante el
registro de la Consejería de Economía.
El 'número dos' de Puigdemont
defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada --asegura-- no hubo
ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la
existencia de una causa para escarmentar el independentismo.
- JOAQUIM
FORN: Exconsejero de Interior. Fiscalía
pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de
rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de
cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX
pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización
criminal y malversación.
La Fiscalía asegura que Forn
impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese
al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que
participó en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos
fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum.
La defensa del exconsejero de Interior asegura que
defendió la independencia por vías pacíficas y que no dio ninguna consigna
política ni operativa a la policía autonómica, ni diseñó los operativos
policiales del 20 de septiembre y del 1 de octubre.
- JORDI
TURULL: Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de
inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación
de caudales públicos. La Abogacía del
Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación;
mientras que VOX pide 74 años de prisión
por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Público afirma que también participó
en el diseño del plan del 'procés' y autorizó a los diferentes departamentos
del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para
el 1-O. En este sentido, el escrito explica que desde su Consejería se financió
la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en
papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de
votación.
Turull también niega la violencia y asegura que no
tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum. Además,
rechaza la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según
indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.
- RAÜL
ROMEVA: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales
y Transparencia. Fiscalía pide 16 años
de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión
agravada por la malversación de caudales públicos. La
Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y
malversación; mientras que VOX pide 74
años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y
malversación.
La Fiscalía afirma que fue otros de los miembros
del Gobierno de Carles Puigdemont que
participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la
finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las
delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la
campaña internacional de la Generalitat; así como las página web
internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores
internacionales.
La defensa de Romeva insiste en que no hubo ningún
alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión.
También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa
general contra el independentismo.
- JOSEP
RULL: Exconsejero de Territorio y Sostenabilidad. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación
por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de
cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos
delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Fiscal dice que participó en los
encuentros donde se definió la estrategia independentista. Añade algunas de sus
manifestaciones públicas como la del 21 de septiembre de 2017 en la que alardeó
de haber impedido atracar un buque para alojar a los miembros de la Policía en
la bahía de Palamós (Girona).
El exconsejero es otro de los acusados que insiste
en que no hubo violencia y que la causa pretende escarmentar a políticos
pacifistas, ya que, a su juicio, la Justicia ha creado un relato inexistente
retorciendo el Código Penal. Asimismo, señala que el día 20 de septiembre de
2017 nadie intentó asaltar la Consejería de Economía ni impedir la comitiva
digital.
- DOLORS
BASSA: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de
inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación
de caudales públicos. La Abogacía del
Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación;
mientras que VOX pide 74 años
de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de
poner a disposición de la Generalitat los centros escolares y cívicos que
dependía de su Consejería para garantizar el 1-O y que desarrolló una base de
voluntarios para participar en la consulta. El escrito de defensa no ha sido
facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.
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