El expresidente del PP de Castellón ha ingresado en la cárcel madrileña de
Aranjuez
EFE Madrid 01/12/2014
El
expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra,
condenado a cuatro años de prisión por otros tantos delitos fiscales, ha
ingresado esta tarde en la cárcel madrileña de Aranjuez.
Fuentes
penitenciarias han informado a Efe de que Fabra ha entrado en la prisión de
Aranjuez poco después de
las cuatro de la tarde.
El
expresidente del PP de Castellón decidió la semana pasada no recurrir la
decisión de ingreso en prisión y recogió el mandamiento que le daba un plazo de
cinco días para entrar en la cárcel -hoy concluía- después de que el Gobierno
denegara su petición de indulto el 21 de noviembre. El ingreso en la prisión de
Aranjuez para cumplir una pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales
impuesta a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de
esta provincia, cierra el caso contra el exmandatario popular casi once años
después de que un empresario le denunciara.
El
viernes 21 de noviembre, el Consejo de Ministros anunció que había denegado la
petición de indulto solicitada al Gobierno por Carlos Fabra después de que el
Tribunal Supremo rechazara los recursos de su defensa, que reclamaba su
absolución, y del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar de
cuatro a ocho años de cárcel la pena que la Audiencia de Castellón impuso a
Fabra por cuatro delitos fiscales.
La
sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de
noviembre de 2013, casi una década después de las querellas interpuestas contra
él que dieron inicio al proceso y por el que Fabra terminó abandonando todos
sus cargos públicos.
En
diciembre de 2003, el empresario castellonense y gerente de la empresa de
productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra
Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las
que afirmaba que el exmandatario había mediado ante diferentes instituciones
públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios.
Esas
querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules
(Castellón) abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento por
indicios racionales de delitos contra la administración pública, cuya
instrucción se prolongaría durante una década, durante la que pasaron por ese
juzgado nueve jueces y cuatro fiscales.
A
mediados de 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por
un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas
bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir
que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin
declarar entre 1999 y 2004.
También
en 2005, el Juzgado número 2 de Nules abrió diligencias de investigación tras
otra denuncia de Vilar por una supuesta falsificación de sellos y cuños en los
documentos de unos productos fitosanitarios.
En
2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra
contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de
2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó procedimiento contra él
por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones
comerciales.
En
mayo de 2010, la Audiencia de Castellón acordó el sobreseimiento provisional de
la causa contra Fabra por falsedad documental.
Un
mes después, el Juzgado número 1 de Nules transformó las diligencias contra
Fabra en procedimiento para juicio, al entender que los hechos presuntamente
cometidos por él y su mujer serían constitutivos de cohecho, tráfico de
influencias y contra la hacienda pública.
A
finales de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera
juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por
cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 investigados en el
juzgado 1 de Nules, por entender que habían prescrito.
No
obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la
Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales.
En
diciembre de 2012, el juzgado número 1 de Nules dio por concluida la
instrucción y un mes después ordenó abrir juicio oral por cohecho, tráfico de
influencias y fraude fiscal contra Fabra, su exmujer (Amparo Fernández), el
empresario Vilar y su exmujer (Montserrat Vives).
Finalmente,
el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de
Castellón el juicio; la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena de prisión
para Fabra de 13 años, que quedó visto para sentencia el 30 de octubre tras la
declaración de medio centenar de testigos.
El
expresidente del PP en la provincia de Castellón y de la Diputación había
dejado su cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón el
pasado 31 de diciembre, después de la condena de la Audiencia provincial.
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