La ley del silencio garantiza el éxito del delito.

La pasta por delante (y por detrás)

JESÚS MARAÑA

Actualizada 13/12/2014

infoLibre

Francisco Correa, el hombre que dio nombre a la animalada de la Gürtel, fue visto hace unos días muy maqueado en la selecta Terraza Martini, junto a la madrileña plaza de Colón, a medio camino entre la sede nacional del PP en la calle Génova y la de su exempresa Pasadena Viajes en la calle Serrano. Esperaba y recibió a un par de italianos con más facha de altos ejecutivos en viaje de negocios que de guiris haciendo turismo.

El caso es que Correa, en libertad bajo fianza y pendiente de varios juicios por delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental, capo de una de las arterias principales de la financiación irregular del PP, hace su vida y mantiene un buen nivel de vida. Cabe sospechar que también tiene muy repasados los cálculos de futuro: cuántos años, en el peor de los casos, le puede tocar estar entre rejas y cuánto dinero o patrimonio aún mantiene a buen recaudo para disfrutar en el momento oportuno.

Esos pensamientos de Correa serán con seguridad parejos a los de Jaume Matas, Carlos Fabra, Luis Bárcenas o Francisco Granados, o a los que en su día hicieran Juan Antonio Roca, Javier de la Rosa o Luis Roldán; y tampoco cuesta imaginar esos mismos cálculos (no vaya a ser que…) en las cabezas de un Rodrigo Rato, un Miguel Blesa... y demasiado etcétera. 

Una cosa es pasar una temporada en el talego, y otra devolver los millones de euros sustraídos al erario público con una constancia digna de mejor causa. Uno de los motivos por los que la corrupción política aparece entre las máximas preocupaciones de los ciudadanos y multiplica el riesgo de que prenda la mecha social de la antipolítica es la convicción generalizada de que los delitos de cuello blanco no se castigan lo suficiente, o reciben una penalización que compensa los riesgos asumidos al incumplir la ley. En otras palabras, los corruptos “se van casi de rositas” y mantienen lo robado a buen recaudo.

No es un problema genuinamente español. Matteo Renzi, primer ministro italiano, acaba de proclamar que “se han acabado los tiempos de las salidas gratis de prisión” y ha anunciado una nueva ley que endurecerá las penas contra la corrupción y obligará a los condenados a “devolver hasta el último céntimo”.

Algunas propuestas hay sobre esto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de presentar el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque Renzi tiene una ventaja de la que no dispone el presidente del PP cuando plantea medidas de “regeneración política”. Renzi no está, al menos por ahora, contaminado. La regeneración, como la caridad, empieza por uno mismo, y pesa mucho el listado del que forman parte Bárcenas, Fabra, Matas, Granados… Todo un cartel que hasta no hace mucho Rajoy proclamaba como ejemplar, en público y por SMS.

El PP continúa, como en otras parcelas, instalado en la cómoda soledad de la mayoría absoluta, culpando al resto del mundo de no poder llegar a amplios consensos, pero lo cierto es que algunas de las medidas concretas de regeneración son compartidas por Gobierno, oposición, jueces, fiscales y expertos. Basta el sentido común.

TRES FASES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Si se quiere de verdad luchar contra la corrupción, es inexcusable abordar tres fases: la preventiva o de control, la de investigación o persecución de delitos y la de castigo y reparación de los daños causados.

Para que resultara creíble la batería de medidas que el Gobierno propone, tendría que haber empezado por dar algunos pasos justo en la dirección contraria a la que ejecuta. Para prevenir la corrupción es imprescindible la máxima transparencia y los controles independientes en la gestión de lo público. El recién estrenado portal de la transparencia es un paso, como otros que contiene la ley aprobada sobre este tema. Nos entretenemos mucho comparando los sueldos entre altos cargos, y la aportación de 500.000 datos sobre la administración del Estado supone una saturación que desinforma. Pero no debemos despistarnos. La transparencia que previene y evita las tentaciones de corrupción no consiste solo en conocer los bienes, el sueldo y los gastos de los políticos, sino que exige una información completa, clara y precisa sobre todos los contratos de las administraciones. No hay corrupto sin corruptor. Grandes empresarios, gestores y financieros siguen manejando las herramientas que permiten o alientan la corrupción en su relación todavía opaca con las administraciones, mientras todos los focos apuntan casi exclusivamente a políticos o funcionarios. De hecho, la mayor presión sobre estos últimos debería ser la responsabilidad exigible a la hora de denunciar cualquier sospecha de irregularidad o corruptela y la protección de quienes informen de las mismas. (No puede ser que cada vez que estalla un gran escándalo de corrupción surja la marea del “todo el mundo lo sabía”). La ley del silencio garantiza el éxito del delito.

Está muy bien conocer lo que ganan diputados y ministros (cosa que por otra parte ya sabíamos), pero seguimos sin tener acceso, por ejemplo, a una información completa sobre empresas públicas, instituciones del Estado y órganos reguladores. No es admisible la opacidad del Tribunal de Cuentas, encargado precisamente de controlar las cuentas de partidos políticos, sindicatos y de todo dios en la esfera pública. No es admisible que tengan “carácter reservado” las actas de los consejos de gobierno del Banco de España, que podrían explicarnos, por ejemplo, si hubo o no conciencia en ese órgano de que la salida a bolsa de Bankia constituía un fraude de carácter masivo. No es admisible la opacidad sobre los expedientes que investiga la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni los plazos que maneja ni las sanciones que, por lo general, carecen de la entidad suficiente para tener un efecto disuasorio para las empresas que se saltan las normas.

Para investigar y perseguir eficazmente la corrupción hacen falta medios humanos y técnicos bien coordinados y organizados. Basta echar un vistazo a las permanentes reivindicaciones y propuestas de los jueces para entender que sobra la palabrería y la demagogia que empapa el discurso contra la corrupción si luego no se incrementa la inversión en juzgados, peritos, ayudantes, técnicos, especialistas…

RECUPERAR LO ROBADO

Llegados a la tercera fase de la lucha contra la corrupción, la cárcel ha sido y es el símbolo del castigo a los delincuentes. Pero sería un absoluto fracaso del sistema llenar de ladrones las prisiones sin recuperar el dinero robado. Y esta sensación está instalada porque los datos indican que sólo se consigue rescatar una parte de lo sustraído por los corruptos. Los paraísos fiscales y la sofisticación de las herramientas financieras y societarias explican las dificultades añadidas. Pero hay fórmulas que ya están demostrando cierta eficacia. Hay que dotar de instrumentos y agilidad a la justicia para embargar dinero, bienes y patrimonio no sólo a los acusados directos sino a testaferros con o sin vínculos de sangre. Con las garantías necesarias para no atropellar derechos o para restituir (si procede) lo preventivamente incautado. Pero hay formas también sofisticadas de responder a la sofisticación financiera y societaria. Ya está tardando aquí la anunciada puesta en marcha de esa Oficina de Recuperación de Activos que en Francia ha conseguido encontrar mil millones de euros en dos años de funcionamiento.

Y hay algo más. La sonora proclama de que “los corruptos deben devolver hasta el último céntimo” se queda en simple demagogia si no se acompaña de todos y cada uno de los pasos que demuestren que no sale gratis su incumplimiento. Hace unos días hemos sabido también que Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid cuya gestión llevó a una quiebra que ya nos ha costado a los ciudadanos miles de millones de euros, ha iniciado los trámites burocráticos para cobrar la pensión máxima de jubilación. Blesa no está condenado y mantiene por tanto intactos todos sus derechos. El tiempo y la justicia dirán si podrá continuar así o no. Pero convendría que todo aquel que en un momento determinado de su vida haya desviado dinero público sepa que no tendrá ya ningún derecho a disfrutar del más mínimo ingreso de las arcas públicas mientras no aparezca exactamente “hasta el último céntimo y con los intereses correspondientes”.

NI UN EURO PÚBLICO

Es lo que propone hoy nuestra sección 'Actúa' en infoLibre. Pasemos de las palabras a los hechos para exigir que nuestros políticos también lo hagan. Firmemos para que todo condenado por corrupción pierda su derecho a una pensión pública o a cualquier otro tipo de ingreso del Estado mientras no devuelva lo robado. Reclamemos la pasta (que es de todos) por delante y por detrás del delito cometido y del cumplimiento de las penas correspondientes.

Resulta cansina la machacona insistencia en que la corrupción es característica de la condición humana y que el poder corrompe. Tan obvio como que esa supuesta inevitabilidad quedaría en todo caso amortiguada si se pusiera todo el esfuerzo en educar sobre valores cívicos y principios éticos en lugar de fomentar el éxito puramente material a costa de lo que sea y de quien sea. Los resultados serían mucho mejores con el tiempo. En el corto plazo, aceleremos frente a la corrupción para devolver la credibilidad a la política.