La UCO atribuye a Lucía Figar los delitos de fraude,
tráfico de influencias y malversación
La Guardia Civil cuestiona la
"honradez política y personal" de una de las 'ranas' de Esperanza
Aguirrre
Jue, 22 Sep 2016
La Guardia Civil ha atribuido a Lucía Figar,
quien fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de
Esperanza Aguirre y
que dimitió para facilitar la investidura de Cristina
Cifuentes, los delitos de fraude, malversación de caudales
públicos y tráfico de influencias.
Así lo ha determinado un informe de la Unidad Central
Operativa (UCO) al que ha tenido acceso el diario El Mundo. El documento señala
que “utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal
y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones”.
Según los informes, “se estaban pagando con dinero
público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la
titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública
caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones
que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería”. Una actitud que
según la UCO evidencia la “cuestionable honradez personal y política” de
una de las ranas de Esperanza Aguirre.
La empresa que recibió el encargo, contratada a dedo,
era la de Alejandro De Pedro, a quien se le atribuyen los delitos de
fraude, falsedad y tráfico de influencias.
Además, “habría beneficiado a De Pedro con otros
contratos públicos como el vinculado al proyecto Study in Madrid”,
según el informe. De hecho, la Guardia Civil mantiene que “se han hallado
también indicios de que se estaba articulando otra concertación en el año 2014
en el seno de la Consejería de Educación”.
Asimismo, se considera partícipes y conocedores de
este hecho a Manuel Pérez, a quien se le atribuyen los delitos de
fraude, prevaricación, malversación y falsedad; y Pablo Balbín, ex jefe
de Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid.
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