Presos
políticos en la España de Rajoy: nota para despistados
22/09/2017
Público
Juan
Carlos Monedero
Demasiadas opiniones sobre Catalunya están marcadas más por el miedo a que
te coloquen en alguno de los bandos en disputa que por la voluntad de defender
una idea y hacerla valer. Cuanto tanto pensamiento está siendo rehén del miedo
a que te encasillen en uno de los lados de la trinchera, mal asunto para la
democracia. Sin embargo, el grueso de la ciudadanía ha encontrado llenas de
sensatez las opiniones conjuntas de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, Ada
Colau y de Manuela Carmena, pidiendo diálogo, democracia, votar y un proceso
constituyente. Sobran políticos que monologan y sobran periodistas y
tertulianos que repiten en una cacofonía chirriante esos monólogos en bucle.
La situación actual en el estado español, que va tomando tintes
surrealistas, ha sido creada tanto por la decisión unilateral del gobierno de
Puigdemont de desconocer las leyes, como por la cerrazón del PP desde, al
menos, el momento en que Rajoy salió a la calle a recoger firmas contra el
Estatut catálan, que había sido aprobado por el Parlament catalán, el
Parlamento español y ratificado en referéndum.
Como ocurre siempre con las cosas de la patria (que es cosa religiosa), se
ciega la razón y el vientre ocupa el espacio central a la hora de tomar de
decisiones. Las tertulias y redes de opinión de Madrid están siendo
responsables de buena parte del ruido que se crea. Hay periodistas (también hay
mercenarios) e incluso profesores (a los que se les presuponen lecturas y
capacidad de reflexión) que en vez de ayudar a poner sensatez, echan más
gasolina, por las razones que sea, a un ambiente que otros querríamos más
sosegado.
Entre las
afirmaciones con poco fuste que se están sosteniendo está la de los que critican que se hable en España de
“presos políticos”, un recordatorio hecho por Pablo Iglesias. Vaya, que si
Junqueras o Puigdemont terminan en la cárcel es por idénticas razones por las
que están entre rejas los ladrones de la Gürtel o la Púnica, los
violadores o maltratadores, los violentos, enemigos de lo ajeno o
irresponsables que matan a alguien por conducir borrachos.
Es evidente que el Gobierno de Puigdemont está incumpliendo la ley. Igual
que los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que
militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al
servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitoria. La diferencia
es que quebrábamos la ley por razones políticas. Queríamos cambiar las cosas y
el Estado no nos escuchaba. Negar la condición de presos políticos es una
cuestión de ignorancia o de falta de respeto a las reglas de la democracia.
Porque en democracia, la legalidad no es lo mismo que la legitimidad. Lo contrario
lo defendía Carl Schmitt, el jurista nazi por excelencia. Para que dejes de
sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses tienes que quebrar la
legalidad.
Lo que no puedes hacer es ir contra la leyes vigentes cometiendo actos
ilegítimos, principalmente usar la violencia. Gracias a la desobediencia hoy
votamos, ha aumentado la igualdad de la mujer, tenemos educación y sanidad
públicas, pensiones, los niños no trabajan y los patrones no pueden hacer lo
que les de la gana con sus empleados. Aunque hay gente que también quiere dar
marcha atrás a la historia en estos asuntos.
No soy
independentista, porque creo que hay soluciones más luminosas para el encaje
territorial en una España que es una nación de naciones.
Los antepasados recientes de millones
de catalanes y catalanas no pueden ser extranjeros en la tierra de sus hijos y
sus nietos. No debiéramos ser tan obtusos. Vamos hacia fórmulas federales
reales o nos vamos a romper. Y la principal culpa la tenemos los que no somos
capaces de hacer valer esa España de Lorca, de Torrijos, de Manuela Malasaña,
de María Zambrano, de las 13 Rosas, de Buñuel, Alberti, Manuel de Falla, García
Pelayo, Riego, Cervantes y toda la gente que se levanta todos los días para
trabajar, cuidar de su familia, ser decentes.
Sé que el gobierno de Puigdemont está fuera de la ley. Pero también sé que
está fuera de la ley el Gobierno de Rajoy que ha ganado las elecciones con
dinero negro provenientes de contratos públicos fraudulentos. Con una
Constitución que fomentara más la participación, el gobierno de Puigdemont
estaría dentro de la ley. Pero el PP seguiría fuera de una Constitución que
garantizara el derecho de expresión, de reunión, la división de poderes, la
limpieza de las elecciones y unas reglas de juego justas e iguales para todos.
800 cargos del PP están imputados por corrupción.
Para los que están negando que las detenciones de miembros del gobierno de
la Generalitat son presos políticos, les recuerdo lo que decía la Ley de
Amnistía de 1977. En su artículo primero sancionaba:
I. Quedan amnistiados:
a) Todos los
actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado,
tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de
diciembre de mil novecientos setenta y seis.
b) Todos los
actos de la misma naturaleza realizados entre el quince de diciembre de mil
novecientos setenta y seis y el quince de junio de mil novecientos setenta y
siete, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de
restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de
autonomías de los pueblos de España.
Y continuaba en
el Artículo segundo:
En todo caso
están comprendidos en la amnistía:
a) Los
delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con
ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
b) La
objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos
éticos o religiosos.
c) Los delitos
de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de
naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
d) Los actos
de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier
otro medio de comunicación.
e) Los delitos
y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes
del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de
los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos
cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio
de los derechos de las personas.
Es curioso, que
en la recuperación de la democracia se amnistiaron precisamente los mismos
delitos por los que hoy el PP está encarcelando a personas. En democracia. Con
el PP en España vuelve a haber presos políticos.
Se hace urgente
una Transición que solvente todos los problemas que aún quedan abiertos. Antes
de que el PP nos regrese a ese lugar de donde proviene.
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