El valor del NO

El valor del no

Permitir gobernar a una organización carcomida por la corrupción es una anomalía que amenaza la salud democrática del país. Abstenerse es condonar la corrupción del PP.

Ignacio Sánchez-Cuenca

CtXt

12 de Octubre de 2016

Todo indica que el grupo parlamentario del PSOE, o al menos una parte de él, va a abstenerse en la votación de investidura de Mariano Rajoy, de modo que España continuará con el PP en el Gobierno.

La abstención del PSOE parece inevitable una vez que se ha forzado la dimisión del secretario general y se ha constituido una gestora. En las condiciones actuales, con el liderazgo descabezado, sería extremadamente arriesgado para el PSOE optar por unas terceras elecciones. Como además el Partido Socialista recela de Podemos y rechaza llegar al Gobierno mediante el apoyo o la abstención de los nacionalistas, no le queda más remedio que abstenerse. Así acaba, pues, la triste historia del “no es no”.

Son muchos quienes han criticado la oposición incondicional de Pedro Sánchez al Gobierno del PP (refrendada, por lo demás, por el Comité Federal del partido hasta bien recientemente). Santos Juliá, por ejemplo, ha escrito que “la más hueca y obtusa de las barreras que en política se pueda concebir, [es] la del no es no. En política, el no nunca es no, salvo cuando quien lo repite como un papagayo quiere meterse en un túnel sin salida”. Son palabras duras y contundentes. En una línea parecida, José Ignacio Torreblanca ha apelado a la distinción weberiana entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones para mostrar el cerrilismo y la intransigencia que late en el ya famoso “no es no”. El “no es no” sería la respuesta de quien no se hace cargo de la realidad ni de las consecuencias de sus actos, alguien más preocupado por la pureza de sus principios que por el interés general.

A mi juicio, las posiciones críticas con el “no es no” se equivocan al pasar por alto la anomalía democrática que supone la continuidad del Partido Popular en el poder. En un país en condiciones normales, no hubiera sido tan raro que, con un Parlamento fragmentado, el segundo partido hubiese permitido al primer partido formar gobierno. Mediante un pacto de gobierno, o una gran coalición, o cualquier otro mecanismo semejante, el segundo partido podría garantizarse una influencia importante sobre la acción del ejecutivo. Así, de hecho, ha sucedido en varios países europeos en estos últimos tiempos. No es ninguna aberración política permitir que el partido ganador en las elecciones gobierne si a cambio se obtienen contraprestaciones en las políticas que se lleven a cabo.

La salud democrática del país, me parece, es más importante que si se celebran dos o tres elecciones

Ahora bien, lo que debe reconocerse ante todo es que en España no nos encontramos en una situación política comparable a la de otros países europeos. Ya quisiéramos. Los analistas no parecen reparar en que el partido político al que se va a permitir gobernar es una organización carcomida por la corrupción. A estas alturas ya no es preciso entrar en detalles: todo el mundo ha oído hablar de la Gürtel, la Púnica, el caso Palmarena, los sobresueldos en los papeles de Bárcenas, el pago en B de las obras en la sede central del partido, el saqueo de Cajamadrid, etc., etc., etc., por no mencionar la guerra sucia contra los partidos independentistas catalanes realizada desde el Ministerio del Interior, uno de los episodios más degradantes de los últimos años que no ha tenido consecuencia política alguna.

En este sentido, no puede olvidarse que el PP todavía no ha hecho una autocrítica seria por la corrupción, no ha colaborado con la justicia, no ha pedido disculpas a la ciudadanía y no ha asumido responsabilidad política por los hechos descubiertos. En estas condiciones, ¿qué significa abstenerse y permitir que continúe gobernando Mariano Rajoy, principal responsable de las tramas corruptas de su partido? Simple y llanamente, condonar la corrupción del PP.

Se dirá que el castigo de la corrupción corresponde a los votantes y que estos han optado por dar una mayoría simple al PP. Sin embargo, no hay ningún mandato ciudadano que obligue a los diputados de otros partidos a permitir que el PP forme gobierno. No se olvide que en una democracia parlamentaria la formación de gobierno tiene dos fases: la primera es la celebración de elecciones legislativas, la segunda es la votación de investidura. Los resultados electorales se han traducido en 137 escaños para el PP, muy por debajo de los 176 que necesita para gobernar. De ahí que en esta ocasión el PP tenga que sumar apoyos en el Parlamento para continuar en el poder. Si los diputados de otros partidos le prestan ese apoyo, estarán garantizando la impunidad parlamentaria de los escándalos de corrupción protagonizados por el PP.

Gobernabilidad o impunidad

La necesidad de evitar que el PP continúe gobernando se puede justificar apelando a un sencillo cálculo de costes y beneficios. Baste subrayar las consecuencias futuras que para el sistema democrático tiene el hecho de que un partido involucrado en toda clase de prácticas corruptas continúe en el poder: implica que se puede sobrevivir políticamente a pesar de haber cometido abusos gravísimos, consagrándose así el principio de impunidad.

No es un disparate defender que más importante que la gobernabilidad en el corto plazo es impedir que la impunidad domine la democracia española. Gracias a numerosos estudios sobre calidad de gobierno, sabemos que la combinación de alta desigualdad económica y elevada  corrupción es letal para el futuro de un país. Constituye lo que los expertos llaman un “equilibrio malo”, del que resulta muy difícil escapar. Los países que sufren desigualdad y corrupción se quedan sin perspectivas de mejora. En España, durante los años de crisis, la desigualdad ha aumentado notablemente, colocándonos en las posiciones de cabeza en Europa. Asimismo, se han destapado numerosísimos casos de corrupción. Si no frenamos la desigualdad y no corregimos la corrupción, España se transformará en un país sin oportunidades, con un sistema institucional ineficiente, sin posibilidad de mejora.

Lo que está en juego, según lo veo, es algo tan trascendental como la salud democrática del país. Esta, me parece, es una cuestión más importante que si se celebran dos o tres elecciones, o si se gobierna con el apoyo o no de los independentistas. Muchos ciudadanos que defienden el “no es no” así lo entienden, por más que algunos comentaristas les consideren víctimas de la demagogia.

Se ha demostrado que el regeneracionismo de Ciudadanos era de pacotilla

La crisis de gobierno que arrastra el país desde hace ya casi un año ha servido para que cada partido se retrate. De esta forma, se ha demostrado que el regeneracionismo de Ciudadanos era de pacotilla. A pesar de sus promesas electorales repetidas e insistentes de que no iban a apoyar un Gobierno presidido por Mariano Rajoy, al final lo han hecho, exigiendo a cambio  una comisión de investigación sobre financiación irregular del PP. Han antepuesto la formación de un gobierno de derechas a la lucha contra el abuso de poder y la construcción de un Estado imparcial. Ni siquiera han pedido la cabeza de Rajoy. Los ideólogos del partido naranja nos aseguraron que su objetivo era acercarnos a Dinamarca: ¿alguien se imagina cómo podemos avanzar en esa dirección con un partido que distribuía un PowerPoint a sus cargos intermedios enseñándoles cómo saltarse la ley?

El PSOE, por su parte, se ha metido en su propio laberinto, optando inicialmente por el “no” pero autoimponiéndose limitaciones absurdas que impedían formar un gobierno alternativo. Como es lógico, una posición tan incoherente tenía que acabar explotando. Las fuerzas más conservadoras del PSOE se han conjurado para deshacerse de un secretario general que amenazaba con ensayar un gobierno de izquierdas posibilitado por los partidos nacionalistas; al proceder así, la única salida que les queda es la abstención. Han conseguido de este modo algo que parecía difícil, ahondar aún más en su déficit de credibilidad entre amplias capas del electorado progresista. 

Podemos, mientras, sigue encantado de haberse conocido, presumiendo de ser distinto a todos y de ser el partido de la “gente” (con un 21% de apoyo entre los votantes, lo que supone que el 79% restante son la antigente). Ha considerado que su pureza ideológica está por encima del objetivo urgente de desalojar a la derecha corrupta como sea (lo que puede suponer votar con PSOE y Ciudadanos).

Precisamente porque lo que hay en juego es la impunidad, los partidos de la oposición tendrían que haberse mantenido en el “no es no”, para a continuación intentar formar un gobierno alternativo.

Desgraciadamente, no han estado a la altura. Con la dejación del PSOE a última hora, se superará la crisis de gobernabilidad, pero a costa de permitir que uno de los partidos más corruptos de la historia europea siga en el poder. Vaya ganancia.