Estos son
los nombres de los jueces y forenses que más reprimieron a homosexuales durante
el franquismo
El Front
d'Alliberament Gai de Catalunya en 1977, durante una de las primeras protestas
contra la homofobia. FAGC
El
Ministerio de Justicia recibió recientemente el visto bueno de Protección de
Datos para publicar un ensayo en la que aparecen datos personales de jueces y
forenses que reprimieron a homosexuales con la ley de peligrosidad social
franquista. El autor lo tiene claro: "Si hubiesen censurado los nombres no
hubiese autorizado su publicación".
Todos
tenemos derecho a conocer la verdad a través de documentos y sentencias
públicas, como también tenemos derecho a la intimidad en el ámbito privado.
Pero ¿tienen derecho jueces y forenses a ese anonimato en el desempeño de
sus funciones? Es decir, ¿es importante saber si un magistrado del Tribunal
Supremo considera —en sentencia pública— la homosexualidad como "un
pecado contra el Espítitu Santo"?
La última
obra del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo
Portilla Contreras, editada por el Ministerio de Justicia, expone una larga
lista de magistrados, juristas y forenses que contribuyeron a desarrollar y
aplicar la dura normativa franquista de represión contra las personas
homosexuales. A ellos se les condenaba no ya por haber practicado sexo con
alguien del mismo género, sino simplemente por el hecho de existir.
Este
volumen, titulado 'Derecho penal
franquista y homosexualidad: del pecado y la aberración sexual al estado de
peligrosidad' (a la venta aquí), ha
provocado que el propio ministerio pidiese un informe (PDF) a la Agencia de
Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de nombres que se proporcionan, pero
en un informe bastante claro la agencia ha dictaminado que no hay ningún
problema: la historia,
en este caso, no se toca.
Llega así la
primera monografía sobre derecho penal franquista y homosexualidad, una
obra profundamente documentada que nombra a todos y cada uno de los cómplices
de la dura represión dictatorial a los homosexuales.
Los
principales nombres
La lista
completa se puede encontrar en el libro. Pero de entre todos destacan nombres
como el del juez Antonio Sabater Tomás, "gran artífice de la
represión de homosexuales" desde los juzgados de Vagos y Maleantes de
Cataluña y Baleares, "planteaba la experimentación para 'curar'
homosexuales con hormonas o descargas, como en el campo nazi de
Buchenwald".
Junto al
magistrado del Tribunal Supremo Luis Vivas Marzal —seguidor de la tesis
de Himmler, que defiende la teoría del contagio—, ambos manifestaron
abiertamente su cruzada contra la homosexualidad, no sólo en las sentencias
sino en libros y entrevistas. De hecho, Vivas Marzal consideraba la
homosexualidad como "un pecado
contra el Espítitu Santo".
También
aparece el magistrado José Garralda Valcárcel, de los juzgados de
Canarias, cuyas "sanciones y descalificaciones fueron humillantes".
Valga como ejemplo este extracto de una sentencia suya: "El expedientado
es homosexual, [...] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana, el
parasitarismo de la prostitución y de la liviandad, siendo siempre
socialmente peligrosos, ya tengan o no tipicidad delictivas y ya se
ejerciten respecto de mayores o menores de edad, descubierta o clandestinamente
[...] conceptuado psicópata sexual [...] Pederasta activo y
pasivo". Etcétera.
"El expedientado es homosexual,
[...] inmundo pináculo de la suprema ignominia humana [...]"
Los informes
de la Policía Nacional y de Guardia Civil del régimen franquista
tampoco se quedaban cortos en cuanto al trato vejatorio a personas que,
recordemos, sólo eran juzgados por ser acusados de homosexualidad. Por
un simple rumor, en ocasiones: "Por ser propenso a la sodomía, por ser
afeminado [...]; de tendencias e inclinaciones a la sodomía, lo pone de
manifiesto en sus acciones y gestos y en alguna ocasión, durante la noche, les
fueron oídas conversaciones a él y a [omitido] que se referían a hombres guapos
y hombres feos...".
Mención
aparte merecen los informes forenses que se aportaban en los procesos, cuajados
de pseudociencia. Muchos de ellos estaban directamente inspirados por Valentín
Pérez Argilés, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de la
Universidad de Zaragoza, quien "abogó por el carácter patológico de la
inversión".
En muchos de
esos "informes periciales" pseudocientíficos se determinaba que un
sujerto era "homosexual pasivo" por detectarse, por ejemplo, "dilatación
esfiterina y casi desaparición de pliegues" en su ano, o bien un
"marcado amaneramiento [...] un psiquismo deformado [...] una constitución
feminoide [...] y una deformación de la personalidad psíquica común a casi
todas las formas de perversión sexual".
El
lesbianismo era prácticamente invisible en la época de la dictadura; tal y como reconoce el
autor de esta obra de investigación, "sólo se ha encontrado un caso de
'lesbianismo' condenado por estado peligroso de homosexualidad". Fue en
Sevilla.
El origen de
la obra
"Yo
llevaba cinco años trabajando en una obra sobre la represión de la
homosexualidad durante el franquismo en todos los archivos de Vagos y Maleantes
que había en España, cuando el Secretario de Estado de Justicia se puso en
contacto conmigo para ver si podía elaborar un libro sobre el Derecho Penal
bajo la dictadura franquista, sus bases ideológicas, el falangismo, el nacional
catolicismo y sus protagonistas", comenta a Público en conversación
telefónica el propio Guillermo Portilla Contreras.
Guillermo Portilla, autor de la
obra. UJAEN
"Es
decir, la idea era escribir sobre todos los catedráticos de filosofía del
Derecho, de Derecho Penal, de Derecho Político, etc, que legitimaron al régimen
y gestaron la legislación penal de entonces; además, algunos se involucraron
como jueces en los tribunales de excepción franquistas", añade.
El
catedrático contestó que primero quería terminar su investigación.
"Como no tenía editorial, desde el Ministerio de Justicia se ofrecieron a
publicarme este libro, que entregué el pasado diciembre", afirma, y añade:
"El pasado día 30 he entregado el otro volumen, sobre Derecho Penal bajo
la dictadura".
Los
archivos, ese agujero negro
"El
problema que aún tenemos en España es que cuando uno va a un archivo no es
posible ver todos los documentos deseables, sino que hay que pasar por una
serie de requisitos y burocracia", lamenta el autor. "Por ejemplo,
que hayan transcurrido 50 años desde la firma de un determinado documento,
tal y como recoge la Ley de
Patrimonio Histórico, y eso es un inconveniente".
"Muchos
se preguntan sobre la 'moda' de investigar el pasado, y la respuesta inmediata
es que es imposible investigar hechos más recientes", apunta, y
añade: "De hecho, para esta investigación sobre represión de la
homosexualidad, yo no he podido ir más allá del año 1969".
En las
primeras páginas de la obra se puede comprobar que los criterios para el acceso
a los documentos varían de uno a otro archivo. "En algunos tienes a un
guardia de seguridad mirando por encima del hombre, en otros te dejan ver hasta
un año determinado, y en otros directamente no hay ningún expediente sobre
homosexuales y han desaparecido parte de los correspondientes a la Guerra
Civil", comenta.
"Las comisiones de expurgo en
la Comunidad Valenciana han hecho lo que han querido en los últimos años"
Por ejemplo, no queda ni rastro de los expedientes de los Juzgados de Vagos y Maleantes de Valencia, en gran parte debido a las "juntas de expurgo" de gobiernos anteriores. "Las comisiones de expurgo en la Comunidad Valenciana, un gobierno controlado durante muchos años por la derecha, han hecho lo que han querido en los últimos años y han tomado decisiones muy cuestionables", señala Portilla.
En Zaragoza, lo que
queda de información se encuentra "en el Archivo Municipal de La Muela sin
acceso público". Presuntamente. En cambio, otros archivos, como el de Barcelona,
permiten un acceso mucho más abierto y colaborador. No en vano, el ayuntamiento
de la ciudad trató de querellarse
hace un año contra contra los jueces que encarcelaron a personas
LGTBI durante la dictadura franquista, aunque sin éxito.
Por otro lado, los archivos
militares "están abiertos una o dos horas al día para los investigadores",
lamenta el investigador. Precisamente esta misma semana, la ministra de Defensa
en funciones, Margarita Robles, aseguró que el departamento "está
en la apertura al máximo de los archivos militares". "Es muy
importante que la gente pueda acceder a los archivos para no repetir los mismos
errores e incluso para no hablar con tanta ligereza como con la que se habla de
las cosas", dijo esta misma semana la ministra. Todo ello, año y medio
después de destaparse que los archivos militares habían colocado un
cerrojo a gran parte de su documentación 'clasificada' amparándose en la Ley de
Secretos Oficiales, vigente desde 1968. "Ése es el contexto de esta
investigación", resume Portilla.
El porqué de los nombres
"Yo he citado a todos
los jueces que firmaron las sentencias, que son públicas", alega el
investigador, que agrega: "Al trabajar con los textos de las sentencias y
con los informes de las prisiones, aparecen por supuesto los nombres no sólo de
los jueces y magistrados, sino también de los forenses, algo fundamental
en estos casos porque eran necesarios para condenar".
"Los forenses
determinaban si uno hombre era homosexual activo o pasivo por la formas de su
ano y esto, además, determinaba su condena dado que se penaba sobre todo a
los pasivos", recuerda.
Las penas, que oscilaban
entre los tres y los cinco años de internamiento, iban acompañadas de otros dos
años de destierro y, además, tras ello se les imponía una 'libertad vigilada' a
cargo de dos delegados seguían al homosexual por la calle, en teoría para
ayudarles a encontrar trabajo. "Pero claro, era en realidad todo lo
contrario", asegura el catedrático. Porque además se identificaba la
homosexualidad con la pederastia.
"Miedo a desvelar la verdad"
"Yo estaba muy contento
con la publicación de este libro, porque además contiene una importante
parte de anexos donde aparecen los informes, y lo único que se ha borrado
son los nombres de los homosexuales, de los condenados que en realidad eran
las víctimas", subraya.
"No obstante, a los
pocos días el servicio de publicaciones me dijo que había un problema, la
aparición de los nombres de los jueces, de los forenses...", comenta, y
añade: "Yo les dije que mi obra no era una novela, sino un ensayo,
y trata sobre la represión franquista que yo puedo demostrar, con información
que está en los archivos, con sus sentencias y las cartas entre los jueces, los
catedráticos...; es decir, se trata de un análisis de datos objetivos".
"Hay aún mucho miedo a desvelar la verdad, y es
algo que no puedo entender"
Para Portilla, "se han
cumplido todos los trámites, han pasado 50 años desde la firma del documento,
la normativa no impedía la publicación de los nombres, pero el delegado de
protección de datos había emitido un informe negativo". "Pero yo les
dije que no pensaba publicar un libro con esos nombres de jueces y forenses
censurados", asevera, "no se puede ocultar el nombre de estas
personas responsables de esta represión porque es parte de la historia".
Este catedrático lamenta que
exista tan poca investigación sobre memoria histórica en el ámbito del Derecho
Penal, y cree que hay mucha labor por hacer.
Pero también reconoce que hay
muchos "hijos de" que hoy día "siguen ocupando determinados
puestos...". Y prefiere callar. "No sé, hay aún mucho miedo a
desvelar la verdad, sobre todo quiénes fueron los protagonistas, y es algo que
no puedo entender", concluye.
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