El PP
de Fraga y Aznar repartió sobresueldos, pagó en negro y defraudó a la Seguridad
Social
En 1990, el PP repartía sobresueldos
entre sus dirigentes mientras mantenía a muchos de sus trabajadores en negro
Durante sus años de oposición en la
Asamblea de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón cobró un sobresueldo anual de
1.425.600 pesetas, al margen de las dietas que cobraba como parlamentario
También cobró sobresueldos en esa
época el actual secretario de Estado Antonio Beteta
El propio PP admite todo tipo de
prácticas irregulares en unas auditorías internas que encargó Rosendo Naseiro a
las que ha tenido acceso eldiario.es
7-5-2015
eldiario.es
EXCLUSIVA: Los papeles de Naseiro
Pagos en dinero negro. Sobresueldos. Fraude a la
Seguridad Social. El Partido Popular cometió todo tipo de irregularidades
contables y laborales en los últimos años de Manuel Fraga y los primeros de
José María Aznar. Así lo reconoció por escrito el propio PP en unas auditorías
internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro y a las que ha tenido acceso
en exclusiva eldiario.es.
Las auditorías son de 1990. Apenas unos años antes, en
1987, había entrado en vigor la nueva ley de Financiación de Partidos, y el
Tribunal de Cuentas había puesto varios peros a la contabilidad del PP. Para
subsanar todas estas deficiencias, Naseiro hizo dos cosas: auditar todas las
sedes regionales del partido y encargar al abogado José Manuel Penido, un
hombre de su máxima confianza, la adaptación a las nuevas exigencias de la
ley.
El 6 de marzo de 1989, Rosendo Naseiro se dirigió por
carta a los gerentes provinciales y autonómicos de la formación. En esa misiva,
Naseiro les pedía la redacción de informes contables y advertía que "pese
a la fecha en la que fue promulgada la precipitada Ley, la rendición de cuentas
tiene vigencia retroactiva desde primero de enero de 1987". El PP
necesitaba aclarar su contabilidad y hacerlo con urgencia, y ante la falta de
respuestas claras por parte de los gerentes provinciales, Génova 13 decidió
encargarse de hacer auditorías, a cuyas conclusiones ha tenido acceso
eldiario.es.
El análisis de las finanzas del PP en los territorios
desvela todo tipo de irregularidades: pagos generalizados de sobresueldos a
cargos electos, débil control de los donativos recibidos, contratos en negro a
trabajadores a los que no se daba de alta en la Seguridad Social o contratación
de estudios que nunca llegaban a realizarse.
Todas estas prácticas son las que el PP reconoce en la
documentación a la que ha tenido acceso esta redacción y que forma parte de los
papeles de Naseiro. Se trata de auditorías realizadas sobre los ejercicios de
1988 y 1989, que firmó Luis Pérez Cristóbal, auditor de la formación política y
adscrito a su departamento de Tesorería. Pérez Cristobal viajó a
principios de 1990 por todas las sedes del PP para conocer el estado de sus
finanzas. Los informes elaborados con posterioridad retratan a un PP instalado
en la irregularidad permanente. En aquel momento, Manuel Fraga era el
presidente del partido y José María Aznar el vicepresidente ejecutivo de
la formación.
La contundencia de los informes llega al punto de
dejar por escrito la cuantificación del "riesgo fiscal" por no estar
al corriente en sus pagos a Hacienda. La auditoría del PP de su grupo en
el Parlamento andaluz da buena muestra del nivel de conocimiento que la
formación conservadora tenía de las irregularidades cometidas. En uno de los
párrafos de ese documento se puede leer: "No se realiza retención del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los diputados autonómicos, lo
que supone un riesgo fiscal que estimamos en 48 millones de pesetas". Se
refiere a los pagos de gratificaciones que el grupo parlamentario del PP
repartía entre sus diputados autonómicos, al margen de los propios ingresos que
les pagaba directamente el Parlamento andaluz. Este sistema de sobresueldos no
solo existía en Andalucía.
Los sobresueldos de Gallardón
La documentación elaborada a petición del tesorero del
PP revela que los sobresueldos han existido en la formación desde sus inicios.
Su grupo en la Asamblea de Madrid tenía un acuerdo para compensar a sus
señorías y elevar sus ingresos en un concepto que la auditoría califica
como "gratificación asegurada". Solo en gratificaciones y dietas para
los diputados, el PP se gastó 63 millones de pesetas en 1988 y 1989. Se
trata de aportaciones al margen de las retribuciones que cobraban como
parlamentarios autonómicos; la Asamblea de Madrid pagaba en aquel momento unas
dietas por asistencia a plenos y comisiones. El dinero que el grupo
parlamentario del PP pagaba a sus diputados provenía de fondos públicos: de la
asignación que hacía la Asamblea de Madrid; no consta en ningún caso en el
informe de la auditoría que el origen de esos fondos fuese en b.
El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el
exvicepresidente de la CAM Luis Eduardo Cortés o el actual secretario de Estado
de Administraciones Públicos Antonio Beteta fueron algunos de los beneficiados
por esos pagos en los que el grupo parlamentario PP en la Asamblea de Madrid se
gastó prácticamente la mitad de su presupuesto para esos años. En el caso
concreto de Alberto Ruiz-Gallardón, sus ingresos directos de la Asamblea de
Madrid –dietas como diputado y como portavoz del PP en ese parlamento
autonómico– fueron en 1989 de de 840.000 pesetas, mientras que las
"gratificaciones" que añadió a ese sueldo su grupo parlamentario
sumaban otras 1.425.600 pesetas. Según la documentación en poder de esta
redacción, Gallardón ocupaba el cuarto lugar en el ranking de mejor pagados por
este sistema de compensación ideado por el PP.
Algunos de esos sobresueldos en el PP de Madrid de
esos años se pagaban en cheques al portador, según aparece en la auditoría. El
descontrol en el manejo de dinero era de tal calibre en las oficinas del PP que
incluso llegaron a a robar varios de esos cheques que, a todos los efectos,
eran casi lo mismo que dinero en efectivo. La auditoría del grupo popular en la
Asamblea de Madrid relata la "sustracción de cinco cheques al portador,
destinados a pagar dietas de los diputados". Según explica la
documentación del PP, ese robo se produjo en 1988 y el dinero sustraído fue
220.050 pesetas.
eldiario.es ha podido hablar con el exministro
Ruiz-Gallardón, que asegura que todos sus ingresos eran en A, los depositaba en
el banco y los declaraba en la renta. "Nunca he cobrado un
sobresueldo", afirma. Gallardón también dice que se trataba de un único
sueldo por su trabajo como líder de la oposición en el parlamento autonómico de
Madrid, aunque los conceptos y pagadores fueran distintos.
Fraude a la Seguridad Social
Entre las ilegalidades que el PP reconoce en sus
auditorías está el fraude a la Seguridad Social. Un caso paradigmático es la
sede del PP catalán donde en 1989 trabajaban 18 personas, de las que solo la
mitad estaban dadas de alta. El PP tenía a 22 personas contratadas en el grupo
de la Asamblea de Madrid y solo siete de ellas estaban dadas de alta en la
Seguridad Social.
La historia se repite hasta la saciedad ya sea en
puestos institucionales o en pequeñas sedes municipales. El informe al PP en el
distrito madrileño de Chamberí reza: "La secretaria de la sede local no
está dada de alta en la Seguridad Social y, según nos comunica la tesorería, es
a causa de la negativa de la sede regional a formalizar este requisito".
El informe relativo al PP de Álava abunda en el mismo retrato: "El gasto
más importante efectuado corresponde a las gratificaciones (4,2 millones) sin
que se efectúe retención por las gratificaciones de la secretaria y el asesor,
dándose la circunstancia de que la secretaria cobra como autónoma y carga el
IVA al grupo".
En el PP de aquellos años era frecuente fichar sin
necesidad de firmar un contrato. Los pagos en negro a los trabajadores del
partido eran constantes. Las contabilidades a las que ha tenido acceso esta
redacción anotaban como contratados a personas a las que nadie enviaba una
nómina a final de mes. Para estos casos, los populares utilizaban el capítulo
de "gratificaciones" para pagar servicios y eludir el pago de
impuestos para el trabajador y de cuotas a la Seguridad Social por parte de la
formación política.
Además de los fraudes a la Seguridad Social, también
hubo impagos. Parte de esta deuda acabó en un pacto del PP con la
Administración de la que muchas delegaciones se enteraron sobre la marcha. Fue
el caso del PP en el País Vasco, que en febrero de 1990 acudió al organismo
público para pagar sus deudas pendientes tras solicitar un crédito a La Caixa
por 1.720.000 pesetas para afrontar esos pagos. En la misma ventanilla, la
dirección del PP en Bilbao se enteró de que todas las cuentas habían quedado
saldadas tras un acuerdo entre Génova 13 y la Seguridad Social.
Como resultado de esa visita, los populares vascos se
llevaron un certificado que decía: "Según nos informa la Tesorería General
de la Seguridad Social, los representantes de ese partido llegaron a un acuerdo
con nuestros servicios centrales a fin de regularizar su situación frente a la
Seguridad Social, por lo que adjunto remitimos impresos de solicitud de
aplazamiento pago de deuda".
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