Franco,
hasta en la sopa de Meirás
Transcurridos cuarenta años desde
la muerte del traidor Francisco Franco, aún nos salga hasta en la sopa, ¿qué
clase de Democracia tenemos en España?
ElPlural
Vie, 4 Ago 2017
En los últimos días, hemos conocido de la oportunidad brindada a una
fundación, definida así misma como Fundación
nacional francisco franco (las minúsculas son mías), de
gestionar el Pazo de Meirás, lugar en el que el dictador, y la grandeza
del dictador, traidor y golpista. No hablamos de la Fundación Adolf Hitler o la
Fundación Benito Mussolini, que no existen, sino de una fundación cuyo nombre
posee carácter redundante o repetición inútil.
La explotación del Pazo de Meirás, por la fnff, es un insulto a las
víctimas del franquismo particularmente, y en general, a la dignidad de todos
los demócratas de un país como España. Es increíble que, transcurridos
cuarenta años desde la muerte del traidor Francisco Franco, aún nos salga hasta
en la sopa, ¿qué clase de Democracia tenemos en España?
El Pazo de
Meirás era el lugar donde acudía Franco para su descanso, después de matar, que
agota mucho.
Es necesario retrotraernos en el tiempo, al
origen del título de esa propiedad, y su modo de adquisición. En un momento
anterior, perteneció a la familia Pardo Bazán, y en el año 1938, la
autoridad franquista y golpista, impuesta sobre la autoridad legal y democrática
de la IIª República, a través de su debido espolio, la propiedad terminó en el
dominio de Franco, sin que, por cierto, la familia Pardo Bazán pudiera retirar
sus enseres personales. Por tanto, tanto el título como el modo, además de ser
impresentables, son jurídicamente muy discutibles.
La explotación del Pazo de Meirás, por la fnff, es un insulto a las
víctimas del franquismo particularmente, y en general, a la dignidad de todos
los demócratas
Consultando la Ley de Fundaciones, sabemos que los fines de una fundación,
"deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre
otros, los de defensa de los derechos humanos. Este disparate, que pretende
ser llevado a cabo por cuatro exaltados, en ningún caso representa el
interés general de la sociedad democrática española, y Francisco Franco y
su régimen que comenzó matando y terminó matando, no parece que pueda destacar
precisamente por su defensa de los derechos humanos.
Igualmente la misma ley, no permite que a través de una fundación, se pueda
favorecer a miembros del patronato, fundadores o familiares de ambos, y la
realidad es que la presidenta de honor de la fnff, se llama Carmen
Franco Polo, persona a la que atribuimos la propiedad del Pazo de Meirás, y
persona que ha encargado a título particular, su explotación.
La única legalidad en todo este proceso, es la catalogación del Pazo como
Bien de Interés Cultural, sin embargo, por dicha condición, existe la
obligación de pactar con la Xunta una serie de visitas e inspecciones, y
recogerlo por escrito, en un convenio, acuerdo o documento, del que, a día de
hoy no sabemos nada. Ese documento, seguramente será susceptible de
impugnación por algún partido de la oposición.
Para cerrar el capítulo de la historia, el Pazo de Meirás debería convertirse
en dominio público, como ocurrió con el Palacio de La Magdalena en
Santander, o de Miramar en San Sebastián, los cuales, a través de una
transacción, dejaron de ser propiedad de la familia borbón, para pertenecer a
la ciudad. Igualmente se hace necesario la elaboración de un anteproyecto de
ley autonómica sobre memoria histórica gallega, que regule directamente sobre
el Pazo, y por último y no menos importante, es fundamental una legislación
unitaria en toda España, que impida cualquier acto de enaltecimiento del
franquismo, empezando por la ilegalización de la fundación nacional francisco
franco, y todos los honores y distinciones, de sus “representados”.
Pretender asimilar la figura del dictador a la de los primeros cristianos,
así como retar a un gobierno a través de la exaltación, además de ser de una
soberbia extrema, es vulnerar la legitimidad del Parlamento español, sede de la
soberanía popular, pese a alguna.
Eduardo Ranz es abogado experto en Memoria Histórica
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