Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
España, entre los países con más víctimas de
desapariciones forzadas
Más de 100.000 víctimas del franquismo y la Guerra Civil continúan en
paradero desconocido. Amnistía Internacional recuerda que lejos de buscar
mecanismos de reparación, el Gobierno español ni investiga ni deja investigar
los crímenes.
Público
MADRID
"Una noche sacaron a mi madre de casa y
se la llevaron mientras mi hermano y yo dormíamos. A mi padre le habían matado
un mes antes; hoy sigue enterrado en una fosa común". Antonio Narváez
tenía tres años cuando su madre desapareció. Ahora, a sus 83, sigue pidiendo
justicia: "A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno".
Los padres de Antonio forman
parte de un registro fantasma, inexistente. No aparecen en ningún lado ni como
víctimas ni como fallecidos. España tiene el dudoso honor de ser uno de los
países con más víctimas de desapariciones forzadas. Según Amnistía
Internacional, de los más de 114.000 crímenes de derecho internacional
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la
Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
"No
se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más
de 100.000 asesinados en las cunetas"
Cifras que, según el investigador
de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La
Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias, sitúan a España en segundo lugar en
número de desaparecidos, sólo por detrás del régimen de Pol Pot en Camboya. Con
motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se
conmemora este miércoles, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) ha convocado una protesta en Ponferrada para
denunciar que "no se puede llamar reconciliación a la decisión de
abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los
franquistas en las cunetas".
Por su parte, Amnistía presenta
también este miércoles la campaña Nada es igual, si alguien
desaparece con la que denuncia que en España se
sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las
víctimas. "En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones
Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar
los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo", destaca
la ONG en un comunicado.
Amnistía:
en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas
La organización recuerda que durante una
visita a España en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
"se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o
mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos
crímenes e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar
todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos
que pudieran impedir dichas investigaciones".
Con el Partido Popular en
contra, el Congreso aprobó el pasado mes de mayo una Proposición No de Ley
(PNL) con la que se instaba al Gobierno a “revitalizar” el contenido
de la ley de la Memoria Histórica de 2007 y que, entre otros aspectos, asumiera
las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los
cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Como todas las PNL, esta tampoco
tiene fuerza jurídica.
Un grupo de
víctimas de bebés robados y adoptados ilegales durante la concentración que han
protagonizado ante el Congreso coincidiendo con el Día Internacional de las
víctimas de Desapariciones Forzadas. - EFE
Amnistía también destaca la
querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en Argentina y cómo España
ha evitado colaborar con la justicia argentina. "En dos oportunidades
ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a
la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini a
los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y
testigos", denuncia la ONG.
AI
también destaca la querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en
Argentina y cómo España ha evitado colaborar con la justicia argentina
Para dar cuenta de los efectos en los
familiares de los desaparecidos, la organización ha recurrido a series de
ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes
más emblemáticos, como Marge en Los Simpsons. Dentro sus acciones, Amnistía
también ha puesto en marcha una recogida de firmas, que
ya suma más de 189.000, para recordar al Gobierno y al ministro de
Justicia, Rafael Catalá, en particular que los casos de desaparición forzada
siguen vigentes.
Con la campaña, la ONG también
quiere poner el foco en otros países como Siria ─75.000 desaparecidos entre
2011 y 2016─ o México, donde, de acuerdo a datos del Gobierno, 32,096 personas
se hallaban en paradero desconocido en junio de este mismo año. No son, ni
mucho menos, los únicos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas. Según
datos de la ONU, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados.
Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766
nuevos casos en 37 Estados.
Manifestación ante el
Congreso
Coincidiendo con el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las víctimas de bebés
robados y adoptados ilegales han convocado una concentración ante el Congreso
para reivindicar que su causa se convierta en una "cuestión de
Estado" con el propósito de que prime "la verdad, la justicia y
la reparación".
En un comunicado, la plataforma
"Camino de la Justicia", la asociación AVIDNA y el Observatorio
Internacional para la defensa de los Derechos Humanos "Nuevo
Ágora", explican que es la segunda concentración que convocan y
destacan que la de este miércoles se celebrará tras "un año muy
duro", en el que no han dejado de trabajar para lograr que se escuche su
voz.
Denuncian que han tenido que
"ejercer de detectives privados" para recopilar los documentos
sobre sus causas y critican que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia
los que les entreguen documentos relativos a "nacimientos, historias
clínicas u otros asuntos". Además, reiterarán su demanda de que se cree un
banco de ADN y un censo de afectados y de víctimas, según las diferentes
situaciones, entre las que figuran las de bebés robados, falsos biológicos o
adopciones ilegales.
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