Guía
para ‘dummies’ de cómo financiar irregularmente a tu partido, patentada por el
PP de Valencia
Así explicó la Guardia Civil cómo usaban al Grupo
Municipal de Barberá para pagar sus campañas electorales
ElPlural
Marcos Paradinas
Jue, 24 Nov 2016
El fallecimiento de Rita Barberá y su comparecencia, días antes, en el
Tribunal Supremo como investigada ha traído de vuelta a la actualidad la
corrupción en Valencia y la Operación Taula. A la exalcaldesa se le
investigaba dentro del presunto blanqueo de dinero que ella y otros miembros
del Grupo Municipal del PP (GMPP) en el Ayuntamiento de Valencia habrían
realizado en 2015. Son los famosos billetes de 500 euros que habrían recibido
en efectivo tras una donación de 1.000 euros y que la Guardia Civil
denomina pitufeo.
Pero la explicación de esta mecánica es sólo una derivada de una
maniobra mayor que sería el delito electoral y la financiación ilegal del
Partido Popular valenciano, según explica la Unidad Central Operativa (UCO) de
la Guardia Civil en un informe del 29 de junio de 2014. De hecho, dicho informe
podría considerarse una guía cómoda y sencilla para la financiación
irregular de los partidos políticos.
El informe, y esto es importante, arranca explicando la diferencia entre
grupo municipal y partido político. El grupo municipal facilita “la
participación” de los miembros del partido en “las funciones institucionales”
del Ayuntamiento. Mientras que el partido es una organización a la que le
corresponde “tratar de influir en la vida política del país, a través de la
formación de la voluntad política de los ciudadanos”. Algo que hace, de manera “nuclear”
a través de la “realización de campañas electorales”.
Aunque ambos elementos –partido y grupo municipal- estén relacionados, eso
no significa, según la Guardia Civil, que “el funcionamiento de un Grupo
Municipal pueda facilitar o pueda utilizarse para la comisión por parte de un
partido político de infracciones a la Ley Orgánica de Financiación de Partidos
Políticos o delitos (electorales o no)”.
Un Grupo Municipal puede tener una cuenta bancaria para sufragar sus gastos
cotidianos, pero no los del partido político al que se vincula. En cambio, el
partido puede tener varias cuentas, que describe así la Guardia Civil: “una
para donaciones exclusivamente”, “una para cuotas y aportaciones de afiliados”,
“una para aportaciones privadas” y “una para la recaudación de fondos para
gastos electorales”.
Esto permite al Tribunal de Cuentas fiscalizar las
entradas y salidas de dinero. Y para ello existen “dos medidas adicionales”
- “Que quienes
aporten fondos a dichas cuentas deberán hacer constar filiación, DNI y
domicilio”
- “Que cuando las
imposición SEAN EFECTUADAS POR PARTIDOS, se hará constar la PROCEDENCIA de los
fondos”
Todo esto se incumple a través de la cuenta del Grupo Municipal, donde se
realizaron ingresos anónimos por parte de su secretaria, María del Carmen
García Fuster. Por una parte, con los famosos ingresos de los concejales y
asesores sospechosos de pitufeo. Por otro, con grandes ingresos
anónimos que se hacían con un simple concepto de “Aportaciones CYA”, que
significaría “conocidos y allegados”.
Lo más irregular de todo es que el Partido Popular habría estado usando la
cuenta bancaria del Grupo Municipal “como si de la cuenta del partido se
tratara, pero con la ventaja que suponía” que este sistema mantenía a los gastos
“fuera del control de ningún órgano de fiscalización” y así se podían pagar
gastos electorales.
“Esta ausencia de control suponía que por parte del PP de la ciudad de
Valencia se podían superar los techos de gasto electorales establecidos sin
que tuviera reflejo en la contabilidad global del partido”, señala la UCO. Es
decir, el PP de Valencia utilizaba dopaje electoral para sus campañas.
Buena prueba de esta chapuza es que el PP de Valencia, formación
hegemónica en la ciudad durante varias décadas, ni siquiera tenía cuenta
bancaria, según reconoció en sede judicial Alfonso Novo, exportavoz del PP
en el Ayuntamiento. “Es más, tan siquiera la cuenta abierta para depositar los
fondos procedentes de la venta de lotería estaría a nombre del PP VLC”, subraya
la Guardia Civil, dado que esta cuenta estaba a nombre del tesorero Alejandro
Aradio Fernández-Checa Ruiz.
Aparte, existen “indicios claros” de que el PP uso la cuenta bancaria
del GMPP para pagar gastos electorales. La propia García Fuster lo
reconoció en sede judicial y mencionó la “publicidad en radio, contratación de
la empresa TRASGOS, etc”. También Alfonso Novo reconoció que el tesorero sólo
administra el dinero de la lotería “PORQUE NO HAY MÁS FONDOS QUE ADMINISTRAR”.
Y la propia contabilidad intervenida por la Guardia Civil, donde hay “conceptos
claros tales como ‘SORDOS [intérprete de lenguaje de sordos], RADIO COPE,
RADIO 97.7, CADENA SER, GRÁFICOS’” y que “para más contundencia están
anotados en fechas coincidentes con períodos electorales”.
Todo este informe desembocó en un auto judicial del 8 de julio de 2016,
donde además del blanqueo de dinero, el juez ya empieza a hablar del delito
electoral. Y, en un párrafo, señala, apelando a la información de la propia
Junta Electoral Central, al estar hablando de comicios locales –organizadas a
nivel nacional-, que “la administradora general a efectos de las elecciones
municipales tanto del 22 de mayo de 2011 como del 24 de mayo de 2015 fue
Carmen Navarro Fernández-Rodríguez”.
Para quien se haya quedado atascado en la época de Luis Bárcenas, Carmen
Navarro es la actual tesorera del PP nacional. Y en dicho auto, el
magistrado de la Operación Taula señala que los administradores
generales “que falseen las cuentas […] serán castigados con la pena de
prisión de una a cuatro años y la multa de doce a veinticuatro meses”. Una
frase que, de llevarse a efecto, dejaría a Carmen Navarro en una situación
delicada y cumpliría la tradición de que todos los tesoreros del PP acaban en
el banquillo. Pero esa es otra historia…
Marcos Paradinas es redactor jefe en ELPLURAL.COM
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