memoria
histórica
El arzobispo de
Granada se apunta al revisionismo franquista
Acompañado de un nutrido grupo de religiosos, monseñor
Martínez presenta en Lanjarón un libro sobre 'los mártires de la Cruzada'
ElPlural
Josefa Rozalén
Dom, 13 Nov 2016
El propio título del libro no da lugar a equívocos: se llama ‘Siempre los
cristianos fueron, son y serán perseguidos’ y su autor es el sacerdote
diocesano Santiago Hoces, cuya capacidad de convocatoria institucional quedaba
de manifiesto en la primera semana de noviembre cuando reunió en Lanjarón al
arzobispo de Granada, Javier Martínez, y a un nutrido grupo de religiosos en el
acto de presentación de su obra.
En ‘Siempre los cristianos fueron, son y serán perseguidos’ Hoces relata,
entre otros sucesos, las muertes de simpatizantes franquistas ocurridas en
Lanjarón tras el golpe de Estado, y lo hace desde una perspectiva
revisionista alejada de la historiografía profesional más rigurosa. El acto
de presentación tuvo lugar en la Iglesia de la Encarnación.
De Roma a Lanjarón
El libro, que ya fue presentado en Granada en junio de 2015 por el delegado
diocesano para la Causa de los Santos, Eduardo García, es “un repaso de las
persecuciones a los cristianos a lo largo de la historia desde Palestina y
el Imperio Romano, pasando por las persecuciones a manos de musulmanes,
anglicanos, la Revolución Francesa y el Nazismo. Además, trata en profundidad
las persecuciones granadinas, la de los moriscos en las Alpujarras, en el siglo
XVII, y con las de Granada en 1936, bajo la II República y la Guerra Civil”.
Precisamente una de las muchas polémicas en que se ha visto envuelto
Martínez tuvo que ver con los libros. A finales de 2013 la editorial Nuevo
Inicio, perteneciente al Arzobispado, publicaba la obra ‘Cásate y sé sumisa’,
donde la autora italiana Constanza Miriano defendía “la obediencia leal y
generosa” de hombre a la mujer”. Martínez desoyó las peticiones de retirar el
libro, que él consideraba “muy interesante desde el punto de vista cristiano”.
La obra del padre Hoces presenta como ‘Mártir de la Iglesia Católica’ al
seminarista de 22 años José Caba Pozo, que según el autor “alcanzó gloriosa
muerte por Dios y por la Patria a manos de los marxistas en Lanjarón”. Sin
embargo, su versión de los hechos no concuerda con las conclusiones de
historiadores profesionales como la doctora en Historia Contemporánea por
la Universidad de Granada María Isabel Brenes, referente también del
movimiento memorialista de Andalucía.
Así cuenta el padre Hoces los hechos, ocurridos muy poco después del 18 de
julio, cuando las tropas de Franco llegaron desde Granada a Lanjarón, donde al
menos media docena de personas de filiación conservadora habían sido detenidas
tras el golpe e iban a ser trasladadas a Órgiva:
“Los milicianos, exaltados y nerviosos por la fuga de parte de los presos,
comenzaron a disparar. Tanto a los que huían por la pendiente como a los que
caminaban junto a ellos por la calzada; en dicho tiroteo el párroco señor Barea
resultó herido, pero salvaría la vida (…) pero murieron los dos que no habían
intentado la fuga: el médico del pueblo y el joven seminarista. El siervo de
Dios había recibido en el cráneo y en el rostro una descarga de perdigones
que le dejaron inconsciente y muy malherido; y los cobardes milicianos, tras
los disparos efectuados, huyeron en dirección a la población de Órgiva, y a
toda prisa”.
Los hechos según la
historiadora Brenes
Así se relatan, en cambio, esos mismos hechos en la obra colectiva ‘Muerte,
dolor y silencio. Lanjarón 1931-1945’:
“Al llegar al lugar conocido por Visillo o Las Laderas, a unos dos
kilómetros de Lanjarón, se pudo escuchar la descarga que hizo el ejército
sublevado llegado de Granada contra la columna compuesta de milicianos y
detenidos que eran conducidos de Órgiva para ser entregados a las autoridades
republicanas”.
La obra de María Isabel Brenes y los también historiadores Andrés Fernández
y Eusebio Rodríguez precisa lo siguiente: “Durante toda la causa judicial
instruida por la justicia franquista se insiste, una y otra vez, en que los
detenidos fueron fusilados por las milicias republicanas, cosa del todo falsa y
que queda patente en la primera declaración hecha por uno de los heridos,
José Barea Fernández, el 23 de julio de 1936, cuando se encontraba en el
hospital recuperándose de las heridas sufridas, solo tres días después de
ocurridos los hechos, y donde hace constar que ‘al llegar al Visillo se oyó la
descarga que hizo el Glorioso y salvador Ejército Español’. En ningún
momento hace referencia a que fuesen a ser fusilados o que lo estuviesen
siendo antes de producirse el ataque del ejército”.
El dictamen final de los historiadores es este: “Los heridos lo fueron por
el fuego cruzado, y la mayoría fueron heridos por bala –arma del ejército
sublevado- y no por escopetas o pistolas, cuyo alcance es reducido (…) Los
milicianos se preocuparon más por ponerse a cubierto de los disparos y por huir
del lugar, que por repeler la agresión sufrida de forma inopinada y
sorpresiva”.
Una historia
aterradora
El revisionismo histórico suele pasar por alto que más de 200 personas del
bando republicano, entre ellos el alcalde y el teniente de alcalde y varios
hijos de ambos, fueron asesinados en Lanjarón, utilizando precisamente este
episodio para justificar la venganza. La mayoría de ellos yacen sin nombre en
las fosas comunes de Tablate, Las Pontanillas de Béznar y El Barranco del
Carrizal.
La historia de esta última fosa es particularmente aterradora. Juan
González Blasco, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y
cronista de Órgiva, calcula que en la fosa del Carrizal fueron fusiladas y
enterradas en "cal gruesa viva" unas "5.000 personas".
Este paraje alpujarreño, cercano a Lanjarón, se convirtió en una zona de
exterminio de republicanos, sin diferencias de edad, nivel social o sexo.
Muchos de los republicanos allí enterrados habían sido
previamente capturados en su huida hacia el corazón de la Alpujarra.
Procedían de los pueblos de la zona, de la costa granadina y muchos, de la
'Desbandá' de Málaga. La investigación de González Blasco ha
permitido determinar el nombre y apellidos de 350 víctimas de las 5.000
fusiladas en el Carrizal.
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