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Editorial
Condenados
a un gobierno corrupto
2 de
Octubre de 2016
El aparato del Partido Socialista
encabezado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y otros dirigentes
territoriales, consiguió el sábado finalmente su objetivo; huir de su
militancia, cerrarle la puerta de un congreso en plena cara y dejar el control
de la organización en manos de una gestora gris. Pero sobre todo consiguió
abandonar la reunión del Comité Federal sin haber tenido que votar, uno a uno,
la posición del grupo parlamentario socialista en una nueva investidura de
Mariano Rajoy.
Se trata de una finta tontamente
infantil, porque es evidente que la guerra interna desatada, al margen de odios
y enfrentamientos personales, solo tenía un objetivo: impedir un eventual
gobierno de Pedro Sánchez apoyado por Podemos y grupos soberanistas catalanes,
y, consecuentemente, permitir la formación de un gobierno del Partido Popular y
Ciudadanos. Así que no pasarán muchos días sin que el Comité Federal encuentre
la manera de ordenar un cambio de voto en el grupo parlamentario socialista:
quizás elaborará una pequeña lista de requisitos que debe cumplir el PP para
obtener esa ansiada abstención, pero se tratará de un simple truco destinado a
adormecer las reacciones adversas.
Un simple truco, porque entre otras
cosas, la maniobra de Susana Díaz y sus colegas ha dejado al PSOE en una
posición de debilidad extraordinaria, incapacitado para negociar con el Partido
Popular. Lo más probable no es que imponga una lista de concesiones al PP
(aunque este puede estar dispuesto a un pequeño paripé) sino que, muy al
contrario, se vea obligado a prometer, no solo la abstención, sino el apoyo en
los presupuestos del Estado y en otras votaciones sustanciales, como siempre
denunció el propio Sánchez.
Hay quienes opinan que Rajoy piensa
incluso en la posibilidad de forzar mucho más la mano e ir a unas tercera
elecciones, pero esa es una posibilidad remota: la gestora del PSOE no querrá
ir ni atada a una tercera convocatoria (para colmo, sin candidato y sin
mecanismo para elegirle) y ni el Rey ni una parte importante del PP ni el
establishment económico financiero quieren esas terceras elecciones. Tendría
gracia que fuera ahora Rajoy quien las provocara, por pura soberbia. O porque
crea que ésta es la ocasión de jibarizar a los socialistas y provocar un
escenario como la Italia de los años 80, cuando la Democracia Cristiana
(y su corrupción) floreció como nunca, enfrentada a un Partido Socialista
diminuto y a un Partido Comunista que no iba a lograr nunca ocupar el poder.
Volviendo a la extrema debilidad del
PSOE y su incapacidad para ejercer la oposición, esa es una de las peores
consecuencias de la batalla desatada por Susana Díaz. Quienes han echado a
Pedro Sánchez tienen muy mala cabeza o lo que es peor una enorme capacidad de
engaño. Han repetido constantemente que una vez formado el gobierno de Mariano
Rajoy, el PSOE se encargaría de protagonizar una estricta política de
vigilancia y oposición. La verdad es que esa promesa es absolutamente
incumplible y que quienes apoyan la abstención saben perfectamente lo que
sucederá después. Nada. Rajoy seguirá gobernando como hasta ahora, con algún
pequeño gesto a la galería socialista, pero con las manos libres en el campo
socio económico. Los socialistas de Susana Díaz protestarán mucho, dirán
grandes palabras, subirán el tono de su agravio, y después, con mucho cuidado,
se sentarán en su escaño y votarán lo que haga falta votar.
Es importante entonces recordar a
quién van a permitir seguir en el gobierno. Por mucho que se esfuercen los
grandes medios de comunicación controlados por la banca, Mariano Rajoy no es un
candidato presidencial “normal”, bajo ninguna circunstancia. Rajoy ha sido, y
es, el máximo responsable de un partido que ha sido acusado de haberse
financiado durante décadas con mecanismos ilegales, de haber destruido pruebas
para obstruir a la justicia y de haber utilizado dinero “negro” en varias campañas
electorales dirigidas por él mismo. Rajoy se ha negado en redondo a afrontar la
situación y pretende seguir manteniendo esa actitud, para humillación de los
ciudadanos que son conscientes del riesgo que ello supone para la salud
democrática del país. Si Rajoy logra sus propósitos, la experiencia demuestra
que los casos de corrupción se enquistarán en la sociedad española y que, peor
aún, terminarán por contagiar a capas de la sociedad que han permanecido
incontaminadas hasta ahora.
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