Una
Iglesia incrustada en el Estado
La Constitución asegura la "aconfesionalidad" del Estado,
condición que se contradice en su propio texto al obligar al rey a jurar su
cargo, así como en numerosos aspectos de la práctica política donde la Iglesia
católica goza de privilegios
Público
17-3-17
Carlos del Castillo
El que en breves instantes será ministro de Justicia de España, Rafael
Catalá, posa la siniestra sobre una biblia. La diestra, sobre un ejemplar de la
Constitución de 1978. Entre los dos textos un crucifijo que guarda el acto,
nexo de unión entre ellos, elemento central de la composición.
Corre el 29 de septiembre de 2014 y Catalá se convierte en el primer
ministro en jurar su
cargo ante el nuevo rey Felipe VI. Su padre, Juan Carlos de
Borbón, fue criticado durante años por la presencia del crucifijo tanto en la
jura como en la promesa del cargo de los nuevos presidentes y ministros del
Gobierno. La Casa Real, encargada de organizar este acto protocolario, siempre
lo mantuvo.
También lo hizo Felipe VI en su primera jura. No obstante, tomó nota al
recibir la misma crítica: atento en su misión de "renovar" la Corona,
en los siguientes actos el crucifijo fue desplazado a la derecha de la
escena y situado por detrás de la biblia. Pero no se eliminó: tanto María Dolores de Cospedal como
Soraya Sáenz de Santamaría, las únicas que prometieron su cargo en el nuevo
Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo tuvieron presente. Un detalle, una muestra
de la dificultad de la democracia española para independizarse de la
supervisión de la Iglesia católica.
"Que el rey esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema
menor. No lo es en absoluto", asegura un ex secretario general técnico del
Ministerio de Justicia
"El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España",
solía repetir cuando se le preguntaba sobre la cuestión Antonio María
Rouco Varela, arzobispo del Madrid entre 1994 y 2014 y presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) cuatro legislaturas. Para otros
observadores, como el teólogo Juan José Tamayo, la omnipresencia de este
elemento religioso es un ejemplo de que "la democracia española es rehén
de la jerarquía católica".
Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en
la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición lo que
han hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia
de cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".
Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia católica sigue incrustada en
el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando por la propia
Monarquía.
Monarquía
El artículo 16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del
Estado, estipulando que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin
embargo, el artículo 61
del texto contradice directamente este precepto, al establecer que
el debe jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco
para el príncipe heredero o los regentes del reino.
"El hecho de que el Jefe del Estado esté obligado a prestar juramento
puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto",
asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del Ministerio de
Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a manifestar
públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona sigue
vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad del
Estado".
Casilla de la renta
La Iglesia católica recibe directamente 250 millones de euros al año, tal y
como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su memoria de actividades,
gracias a la donación que el Estado le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra
duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos,
sextuplica los recursos que reciben los agentes sociales y supera la cuantía de
partidas estratégicas como el espionaje o las ayudas a sectores en crisis.
En 1979 la Iglesia se comprometió a lograr financiarse por sí misma en 7
años. Nunca lo cumplió
La situación es una herencia del concordato firmado por el dictador
Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979 para adaptarlo a la
"aconfesionalidad" del Estado. En el nuevo acuerdo, el Estado se
comprometía a financiar a la Iglesia hasta 1986, y esta, a "lograr por sí
misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", lo
que nunca cumplió. El Gobierno de Zapatero aumentó un 35% la asignación, que
pasó del 0,52% al 0,7%.
Fiscalidad
Sin embargo, el beneficio económico que la Iglesia
católica saca del Estado va mucho más allá. Gracias a esos acuerdos
con el Vaticano, la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo destinado al culto. Según denuncia
Europa Laica, "la realidad es que la Iglesia católica no paga de ninguno
de sus bienes, aunque sean suculentos negocios, alquileres..."
Solo gracias a la exención del IBI, los cálculos de esta organización
estiman que la jerarquía católica deja de pagar al Estado 700 millones de euros
al año. En total, Europa Laica
cifra el trasvase en unos 11.000 millones de euros al año.
Educación
Más de 1.400.000 alumnos acuden a uno de los 2.600 centros de enseñanza de
ideario católico, un 32% del total. España supera en 22
puntos la media europea en este sentido, donde el 90% de los
estudiantes acuden a colegios e institutos públicos. A su vez hay más de 25.000
profesores imparten clase de religión católica a 3,5 millones de estudiantes,
una asignatura evaluable y cuya nota cuenta para las ayudas y premios basados
en el rendimiento académico.
1,4 millones de alumnos estudian en centros católicos, un 32% del
total. España está 22 puntos por encima de la media europea
El peso de la educación católica en la escuela pública fue una de las
principales motivaciones de la Marea Verde y
la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo. "Lo
que se conoce como colegios concertados son en realidad centros privados
sostenidos con fondos públicos", denuncia Agustín Moreno, portavoz de la
Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
"La educación pública debe ser laica, que respete todas las
creencias pero que no dote de ningún privilegio a ninguna de ellas",
continúa Moreno, profesor en un instituto público de Vallecas (Madrid): "La
religión no debe distorsionar el horario escolar, ni la organización
del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos".
En la formación universitaria, cabe destacar la presencia de capillas y
capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de centros. Además,
las Universidades privadas propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU
San Pablo (Asociación de
Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei),
Deusto (jesuitas) o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben
también subvenciones y ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Sanidad y servicios sociales
"Para analizar lo que pasa en Sanidad es importante tener en cuenta lo
que pasa en el mundo de la Educación”, avanza Carmen Esbrís, de la Mesa en
Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, denunciando que las
congregaciones religiosas también han ido ocupando nuevos espacios de
los que antes se encargaba el Estado en Sanidad y servicios sociales.
El incremento llega al 15% en el área asistencial, según la
memoria de la CEE en el último año analizado (2014). Ese año fueron
atendidas 4,7 millones de personas en alguno de los 9.000 centros de la
Iglesia. 1,2 millones de ellas en alguna de las 961 instituciones sanitarias de
su propiedad, de las que 68 son complejos hospitalarios. Sin embargo, el
mayor negocio lo encuentra la Iglesia en las casas para ancianos, enfermos
crónicos o personas con discapacidad, donde cuenta con 841 centros.
Cabe recordar que todos ellos son centros privados que reciben subvenciones
y ayudas públicas por realizar estas labores. Para Carmen Esbrís, esto supone
una "dejación de funciones por parte de los gobiernos que han controlado
España en los últimos tiempos, que han olvidado que este es un país
aconfesional y han permitido y aprovechado la intromisión de una determinada
religión que no tiene por qué estar involucrada de esta manera en el espacio
público".
Policía y Ejército
En lo que va de siglo, el Ministerio del Interior ha concedido cinco
medallas policiales a vírgenes y cristos, en todos los casos bajo gobiernos del
PP. En 2015 la condecorada fue la imagen de la Amargura de Granada,
antes fueron las de María Santísima del Amor de Málaga (2014), la del Amor y la
Soledad de Fuengirola (2001), el Cristo Caído de Valdepeñas (2001) y la
virgen de Lledó (2000).
El Ministerio de Defensa tiene integrado en su organigrama oficial un arzobispado
castrense
Aunque el elemento de Seguridad del Estado donde más patente es la
presencia de la Iglesia es el Ejército. La Carta Magna se autoafirma como
"aconfesional", pero las Fuerzas Armadas, a las que encarga
"garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional", no lo son en
absoluto.
El Ministerio de Defensa tiene directamente integrado en su organigrama
oficial un arzobispado castrense. El arzobispo no tiene formación
militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división (general
de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados deben
respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los sacerdotes castrenses
a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de servicio, pese a lo cual
ascienden de rango como si las tuvieran.
Pero eso no es todo, puesto que hay numerosos puntos donde la liturgia
católica se hace una con la milicia. Cada Ejército (Tierra, Aire, Armada) tiene
una patrona, y a cada una se la honra con una fiesta oficial que sirve a su vez
para conmemorar a toda la fuerza.
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